El PRO busca alianzas que no pongan en duda la candidatura de Macri

La senadora nacional Gabriela Michetti, una de las figuras más importantes del PRO a escala nacional, visitó ayer Posadas como parte de la campaña de cara a las elecciones del año próximo. La dirigente porteña aseguró que la fuerza que representa está abierta a alianzas, tanto con dirigentes, como con partidos, siempre y cuando ello no implique bajar la candidatura a presidente de Mauricio Macri. Cuestionó duramente al Gobierno nacional por la manera en que está manejando el conflicto con los fondos buitre y por el proyecto para modificar la Ley de Abastecimiento.

“Pensamos que para transformar este país no podemos ser solo los del PRO, tenemos que abrir la posibilidad a que otros dirigentes que vienen peleando contra las estructuras de poder enquistadas desde hace rato en los edificios públicos, también participen de este movimiento ciudadano. No sé de qué modo, si con acuerdo entre partidos o entre dirigentes, el formato se va a ir dando en cada territorio. En Marcos Juárez hubo acuerdo con los radicales, en Córdoba Oscar Aguad manifestó que quiere un acuerdo con el PRO para 2015. A nivel nacional veremos cómo se termina conformando el armado, me parece lo más natural confluir con otros dirigentes políticos, porque esto requiere un movimiento potente”, señaló.

Michetti dejó en claro que a lo que no están abiertos es a resignar nuevamente la candidatura presidencial de Mauricio Macri. “Tenemos la convicción que quien mejor puede liderar este proceso es Macri, las últimas encuestas nos dicen que Mauricio Macri es uno de los que tiene posibilidades reales y concretas de ser el próximo presidente de los argentinos, no podemos resignar eso porque creemos que la gente lo está eligiendo”, enfatizó.

Consideró que Argentina debería cumplir con la sentencia del juez Griessa, aunque aclaró que ello no implicaría pagar el 100 por ciento de la deuda con los fondos buitre sino que hay alternativas para no caer en desacato sin pagar.

“Si bien el fallo de Griessa tiene muchísimas debilidades, no es razonable no acatarlo. No estamos de acuerdo con ese fallo y con el modo en que se mueven los fondos buitre en el mundo, pero lo cierto es que Argentina ya convalidó esa jurisdicción y cuando uno ya eligió el juez, eligió en juego y lo fue convalidando durante mucho tiempo, uno después no puede decir esto no me gusta”, indicó.

Opinó que el hecho de que el Ejecutivo haya enviado al Congreso un proyecto que propone no cumplir la sentencia del juez Griessa y cambiar el domicilio de pago para poder cumplir con los bonistas reestructurados “demuestra que fue un fracaso la negociación. Nos piden la firma al fracaso. Si bien la solución mágica no existe, sí hay alternativas para salir de la situación que se genera por la clausula Rufo. Se podrían generar de aquí al 31 de diciembre, alternativas que permitirían regularizar la situación a enero de 2015, pero el gobierno parece no tener intención de cumplir el fallo”, disparó

Entre las alternativas posibles, enumeró la posibilidad de “hacer un depósito indisponible en el juzgado de Griessa, o podríamos sacar una ley diciendo que el gobierno argentina reconoce la sentencia y la deuda que esta genera y que a partir del 1 de enero nos comprometemos a pagar para que no se dispare la Rufo. Existe la posibilidad de levantar la última Ley Cerrojo y poder hacer lo que se llama un exequátur, que es ingresar el fallo de la sentencia estadounidense a un fallo por sentencia argentino y pagar las deudas por Presupuesto nacional. Hay una serie de alternativas que muchos especialistas plantean y después de aplicarlas se podría recomenzar una negociación con la altura profesional y la experiencia que se requiere para estas negociaciones”, indicó.

Consideró al proyecto para reformar la ley de Abastecimiento, como una medida “antiempresa”.  “La plantean como una ley para proteger a los consumidores cuando en realidad es una ley de 1974 que nace en una crisis enorme de argentina. Se planteó como una herramienta para esa coyuntura, cuando le preguntamos a los funcionarios de gobierno si estamos en una situación crítica de desabastecimiento, nos dicen que no, entonces ¿Por qué vamos a aplicar una ley así ahora? Lo que pasa es que esa ley le otorga a secretario de Comercio una serie de prerrogativas que le permite hacer de forma legítima y permanente, lo que antes hacía moreno en forma patoteril y de palabra: intervenir en la vida de las empresa de forma arbitraria. Sostenemos que es inconstitucional porque viola derechos y garantías que la Constitución reserva para cualquier ciudadano. De acuerdo a este proyecto, la secretaría de Comercio podría intervenir una empresa, hacerle pagar una multa, decomisar mercadería y luego recién tendría el empresario la posibilidad de defenderse”, dijo.

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