El economista misionero Gerardo Alonzo Schwarz, investigador de la Fundación Mediterránea, anticipó que las medidas anunciadas anoche por la presidente Cristina Kirchner en relación al pago de los bonos de la deuda nacional, provocarían que el juez Thomas Griesa declare al país en desacato. Según el mediterráneo, eso afectaría directamente a la economía de todos los días, porque encarecerá el acceso al crédito y con ello alejará las inversiones necesarias para generar empleo y reducir la inflación.
El investigador jefe de la regional NEA del instituto IERAL desestimó la posibilidad de éxito de la propuesta argentina de cambiar a Buenos Aires el domicilio de pago a los bonistas que ingresaron en alguno de los canjes. “Muchos de los fondos que invirtieron en bonos de la deuda y aceptaron alguno de los canjes, lo hicieron porque en sus estatutos eso estaba permitido siempre y cuando Argentina aceptara pagar en Nueva York. Cerca de 70 por ciento de los tenedores deberían cambiar sus estatutos para adecuarse a esta oferta de cobrar en Argentina, lo que parece poco probable. Los que sí están en condiciones de hacerlo, aceptarían solo si se les ofrece un horizonte de pago más cercano, porque el cambio de domicilio hace que la deuda valga menos, ya que el riesgo de pago es mayor acá que en Estados Unidos”, señaló.
Alonzo Schwarz remarcó que en el proyecto no se habla de una invitación a cambiar el domicilio de pago, sino de un cambio compulsivo u obligatorio de jurisdicción. “Lo que está en línea con los discursos agresivos y poco diplomáticos del Gobierno, que hacen más difícil llegar a una solución”, consideró en diálogo con Radio República.
Advirtió además que el paquete de medidas anunciado por la presidenta va en clara oposición a todo lo que pidió el juez Thomas Griesa, lo que empujaría al país a entrar en desacato con lo dispuesto por ese magistrado de Nueva York. “No hay antecedentes un país entrando en desacato con un juez al cual se había sometido voluntariamente. Va a hacer muy difícil conseguir crédito corto y mediano plazo, cuando hablo de mediano plazo habló de dos años, empresas y gobiernos provinciales van a encontrar dificultades muy grandes para emitir deuda en Estados Unidos o en cualquier socio de ese país. En la recesión en la que estamos, la forma de salir de esto es con un shock de inversión, para eso hace falta crédito y las tasas van a ser muy altas. Los argentinos tenemos casi 400 mil millones de dólares de ahorro y no fueron movilizados. ¿Cómo vamos a hacer para que ese dinero se vuelque a la inversión, para que eso termine redundando en más fuentes de trabajo, más producción y menos inflación, que son los problemas que afectan a la gente de a pie?”, planteó.
El economista también se manifestó en contra del proyecto para modificar la Ley de Abastecimiento, que entre otros puntos habilita al Poder Ejecutivo a intervenir determinando precios máximos, obligar a seguir produciendo, frenar exportaciones o modificar la estructura tributaria, todo ello sin necesidad de que medie una condición de emergencia.
Para el economista, otorgar esas facultades al Ejecutivo atentaría contra la libertad de comerciar y llevar adelante actividades económicas.
“En los considerandos de estos dos proyectos, hablan de la necesidad de intervenir ante prácticas monopólicas. Mientras tanto, en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia no hubo un solo dictamen en los últimos dos años y medio ejecutando sentencia o identificando prácticas monopólicas u oligopólicas. Ya están los instrumentos legales para intervenir en esos casos y no lo hacen”, resaltó.
