Una delgada línea

“Mientras se acerca el miércoles, el juez tiene muchas cosas para pensar. Sería mejor si las hubiera pensado un poco antes de emitir su orden, o si el Tribunal de Apelaciones de la Corte Suprema lo hubiera forzado a hacerlo”. No son palabras de Axel Kicillof, sino de un editorial del diario New York Times. Periodistas que cubrieron el último encuentro entre Griesa, los abogados de los fondos buitres y los representantes argentinos, coinciden con el planteo del NYT.

Silvina Sterin Pensel, corresponsal de la televisión mexicana en Estados Unidos y del canal Todo Noticias en la Argentina, aseguró que el juez Thomas Griesa “no está en condiciones de seguir el nivel de charla en su propio recinto”.

El editorial del NYT va un poco más allá de las condiciones del magistrado. “Griesa recién ahora está aprendiendo lo complicada que puede ser la vida para un juez cuando busca controlar las acciones de un gobierno soberano y dicta resoluciones supuestamente obligatorias para aquellos que, en circunstancias normales, nunca estarían bajo jurisdicción de un tribunal estadounidense”, dice el artículo titulado “El confuso caso de los bonos argentinos”.

“La audiencia de esta semana dejó totalmente en claro que Griesa no terminó de entender las transacciones de bonos sobre las que decidió durante años”, concluye el artículo.
Aunque aparezcan como llamativas estas voces en contra del juez Griesa, no son nuevas. Hace poco más de un mes, el Financial Times, que no expresa simpatía por Argentina, advertía que si el país es obligado a pagar a los fondos buitres, todos los argentinos asumirán los costos. “Esto es extorsión respaldada por el sistema judicial de Estados Unidos”, señalaba.

“Un mundo en el que la opción para los soberanos y sus acreedores está entre un pago en su totalidad y falta absoluta de pago, sería tan malo como uno en el que los deudores tenían que elegir entre la hambruna y la prisión. Ahora debe ser encontrada una mejor manera”, cerraba el FT.

El Citibank también alertó que el fallo de Griesa es inaplicable. La entidad financiera descartó que exista la posibilidad de que se embarguen bonos como había pedido el juez y puso al descubierto otro error en la resolución.

Es que los títulos gobernados por normativa argentina y emitidos en el canje son idénticos a otros emitidos más adelante. Dentro de ese universo se incluyen U$S 1250 millones del acuerdo con Repsol, que obviamente no están reestructurados y no tienen nada que ver con el litigio con los buitres.

El caso argentino es el más representativo de la crisis del capitalismo financiero, que hizo de la acumulación de deudas, tasas e intereses un leiv motiv. Pero el fallo de Griesa pone en jaque a todo el sistema internacional. Las consecuencias de un eventual default afectarían incluso a las empresas estadounidenses, tan afectas a la “seguridad jurídica”.

“Otro default argentino no sería solo un problema para la Argentina. Sería también una pérdida estratégica para los Estados Unidos. Un default casi seguro impediría a las empresas norteamericanas energéticas invertir en la industria energética argentina -un sector que ofrece el más promisorio potencial de crecimiento-. El inversor líder Chevron es probable que piense dos veces su compromiso con Argentina si el país aparece, una vez más como un socio poco confiable”, advierte Spencer Abraham, republicano y ex secretario de Energía durante el gobierno de George Bush (H).

El secretario adjunto de la Comisión Económica para América latina y el Caribe (CEPAL), Antonio Prado, advirtió que el fallo “atenta contra el sistema financiero internacional porque constituye un precedente que puede obstaculizar otros procesos de reestructuración de deudas soberana” y más de un centenar de parlamentarios italianos afirmaron que llegó el momento de “superar el caos normativo existente a nivel internacional para la reestructuración de las deudas soberanas de los países”.
Lo alarmante es que esas posiciones no sean defendidas en la Argentina más que por el propio Gobierno, sus aliados y un puñado de economistas más racionales que oportunistas.

Argentina recibe más respaldo internacional que de las mismas fuerzas políticas locales. Presidenciables como Mauricio Macri prefieren rendirse y obedecer “con mucha tranquilidad” al juez extranjero. Sergio Massa da evasivas y “exige” que el Gobierno no vaya al default: “Pagar es la oportunidad de dar un gesto como país”, dice el diputado que casi nunca va al Congreso.
El radicalismo también carga las culpas sobre el Gobierno, como si no fuera protagonista central del endeudamiento del país tras el fracaso de De la Rúa en el poder. “La voluntad de pago del gobierno nacional tiene que manifestarse en el cumplimiento de la sentencia”, aseguró Julio Cobos.

“Hay que cumplir con la sentencia del juez Griesa y ser muy prudentes en las declaraciones”, reclamó Ernesto Sanz, presidenciable o compañero de fórmula de Macri en la soñada alianza que aspiran muchos del UNEN. Sanz fue incluso más allá y cuestionó que se califique a los holdouts como buitres o piratas, al considerar que “en verdad son fondos especulativos, ésta es la realidad que no se modifica desde la lengua o una tribuna, sino desde hechos concretos”.

No es casual que el grupo de lobby de los fondos buitre que litiga contra el país, la American Task Force Argentina (ATFA), caracterizó al gobernador Daniel Scioli; al “alcalde” Mauricio Macri, y al “congresista” Sergio Massa, como los mejores candidatos para las elecciones presidenciales del año que viene. Son quienes dan “gestos” racionales.

Si por ellos fuera, Argentina ya hubiera cerrado esta discusión hace mucho tiempo, resignando claro está, la relativa autonomía que se ha conseguido en estos años con el esfuerzo del desendeudamiento.

Lo cierto es que si Argentina no cumple con la sentencia de Griesa, en la práctica no pasará nada demasiado relevante en la economía por una diferencia sustancial con aquel default de 2002. El país viene cumpliendo con los pagos a todos los bonistas que ingresaron a los canjes y negoció acuerdos con los organismos acreedores que están en plena vigencia. Argentina paga.
Las consecuencias del default con el que amenazan quienes prefieren un Gobierno sometido, no se parecen en nada a la festejada suspensión de pagos de 2002. En aquel entonces, la Argentina no tenía para pagar ni el café de la mañana justamente por haber obedecido ciegamente un modelo económico que llevó al país a la más severa crisis en sus 200 años de historia.
Pero entonces, el país era un gran ejemplo para el orden internacional y los ejecutores internos del neoliberalismo se regodeaban con las mieles de un poder delegado, mientras que el país se sumergía en la pobreza, el desempleo, las fábricas cerradas y el consumo para unos pocos.

“La visión simplista de un default no puede ser aplicada en el caso de un país que le está pagando al 93 por ciento de sus acreedores”, definió Roberto Lavagna, hoy alineado a la sonrisa de Massa, pero diseñador clave de la reestructuración de la deuda que encaró Néstor Kirchner. No pagar, “no es comparable a un default”, insiste.

Lo mismo dice Jorge Brito, presidente del banco Macro y uno de los hombres de negocios que más información maneja en el mercado financiero. “Si no se paga, no pasa nada, los mercados que vienen jugando a favor, van a seguir así”, sentencia Brito.
El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, coincide en que un eventual default con los fondos buitres no debería ser motivo de una crisis interna.

“No hay riesgo de una crisis como la de 2002, porque Argentina viene cumpliendo con sus compromisos y eso es reconocido en el mundo”, explicó.
Por el contrario, el economista considera que no es equivocada la estrategia argentina de estirar las negociaciones hasta fin de año para que los mismos buitres se avengan a negociar una salida consensuada al conflicto.

La mirada tranquilizadora se refleja en las proyecciones del proyecto de Presupuesto 2015 cuyos detalles están siendo definidos por estas horas.

El gobernador Maurice Closs anticipó que tendrá un crecimiento comparado con el actual de un 30 por ciento y esa es la estimación de crecimiento de los recursos federales, que tendrán su correlato en la recaudación propia.
Como es habitual en las últimas proyecciones presupuestarias, la prioridad en el destino de los recursos estará entre las políticas sociales, compuestas por Educación, Salud, Desarrollo Social y Económico.

Closs consideró que el rumbo tomado por Misiones fue el correcto y ubica hoy a la provincia entre las pocas que no están padeciendo la recesión. “Como nos anticipamos, llegamos a este tiempo con obras y economía en crecimiento”, consideró el viernes, durante la apertura de una licitación para la construcción de nuevas escuelas.

Closs indicó que la planificación es vital para un desarrollo integral de las obras y “dejarle al próximo Gobierno un banco de datos de necesidades que trascienden”.

El Gobernador pidió a los empresarios que se reconozca el esfuerzo del Estado nacional y provincial para sostener el ritmo de obras.
“Este no es un dato menor, no solo significa gestionar bien con recursos de afuera. Esta provincia mantiene un ritmo de obras como pocas. Pero es mucho mejor si a la apuesta provincial se suman recursos nacionales porque generar empleo hoy es una de las mayores responsabilidades del Estado”, aseguró.

El esfuerzo del Estado en sostener el ritmo de obra pública fue reconocido hace pocos días, por los principales empresarios que integran la Cámara de la Construcción.

Los constructores señalan que sin el aporte del Gobierno provincial, la actividad se caería a pedazos. Se estima que la obra pública tiene un impacto directo en el 5 por ciento del Producto Bruto Geográfico de Misiones.

Sin obras, probablemente Misiones no estaría hoy entre las provincias que han eludido la caída de su actividad económica.
Closs advierte que la Provincia se mantiene en crecimiento por las políticas activas del Estado y la fuerza emprendedora de cada sector. El Gobernador deslizó otro dato alentador. Desestimó la posibilidad de que Misiones salga a endeudarse como otras provincias, porque se sostiene con los recursos propios.

Por estas horas es otra la preocupación del Estado provincial. La salvaje golpiza que recibió el albañil Carlos Guirula a manos de un grupo de policías sacudió todo el espectro político. No es la primera vez que los efectivos de las fuerzas de seguridad se “extralimitan”, pero sí es alarmante la forma en que encontró la muerte el joven por el pecado de resistirse a un arresto.
Golpes brutales le provocaron hundimiento de tórax, la rotura de bazo y un sangrado interno que le provocaron la muerte en un patrullero. La saña no fue suficiente y todo indica que los efectivos intentaron encubrir el homicidio lavando el vehículo y armando una escena antes de que lleguen las autoridades judiciales. Sin embargo, la celeridad del juez Marcelo Cardozo reveló los detalles macabros de lo que debería ser un simple arresto a un hombre en estado de ebriedad.

Esta vez la autoridad política y la cúpula policial reaccionaron también con celeridad.

Automáticamente fueron desplazados todos los jefes de los efectivos que participaron en el operativo, incluida una oficial a cargo, y fueron detenidos once policías por actuación o encubrimiento.

El accionar de estos policías pone en el tapete la delgada línea en la que se mueven quienes deben garantizar la seguridad pública. Pero en ninguna instancia una paliza debería ser naturalizada. Para la ley, se trata de torturas, que remiten a horas oscuras de la historia argentina.

Está claro que la fuerza policial, integrada por más de siete mil hombres, no puede ser manchada por el accionar violento de once.
Pero es necesario un replanteo interno y desde la política del accionar de la seguridad. Nadie quiere una maldita policía, sino una que garantice la seguridad y transmita confianza a los ciudadanos. Para ello, el involucramiento de los jefes -a quienes nadie conoce y muchos de los cuáles pasan pocas horas en sus comisarías- y la formación es central. Y fue el propio Gobierno el que aumentó las horas cátedra para la escuela de oficiales con la introducción de materias sociales y de derechos humanos.

Pero un detalle no menor es que en la carrera de suboficiales, la formación se redujo en varios meses por presión de los mismos integrantes de la fuerza. Iba a ser de un año. Otro dato saliente es que policías y miembros de la Justicia rechazaron la posibilidad de un veedor civil para las tareas operativas. Unos no quieren ser observados, otros prefieren tener al policía de “aliado” en las investigaciones.

Este es un caso clave que duele en la sociedad. Es un ejemplo también de lo que se puede obtener cuando se pide mano dura. Una policía liberada para golpear a un delincuente, también puede golpear a quien no lo sea. En momentos de tensión, la línea divisoria puede ser una vida.



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