La justicia federal busca dar con la pata económica de la red que secuestró a Marita Verón

Basada en el expediente por el secuestro de Marita Verón -por el que 10 personas fueron condenadas por obligarla a prostituirse- en esta nueva investigación la justicia federal busca dar con la pata económica de la red de trata que operó, por lo menos desde 2002, entre Tucumán y La Rioja, en los burdeles que en esa provincia manejaban los mellizos José y Gonzalo Gómez, y su madre Lidia Irma “Mamá Lily” Medina. “Con interconexiones además en Córdoba, el Conurbano, Olavarría, La Pampa, Misiones y los prostíbulos conocidos como Las Casitas en Río Gallegos”, señalaron a Infojus Noticias fuentes que conocen el expediente.
En total son 9 los procesados en esta nueva investigación que dejó al descubierto una red de testaferros, acusaciones cruzadas y evasión de sumas millonarias. Rivero, “la Chancha” Ale y Fabián González (uno de los presuntos testaferros del Clan) son los únicos tres detenidos, desde diciembre pasado. Aunque las órdenes de prisión preventiva incluyen a otros dos presuntos prestanombres, Oscar Roberto Dilascio, actual pareja de María Jesús Rivero, y a Víctor “el Pelao” Suárez, que según informó la UIF aún permanecen prófugos. A estos cinco imputados se suman la actual pareja de la “Chancha”, María Florencio Cuño; a otras dos mujeres que estuvieron relacionadas con él; y su hermano Adolfo “el Mono” Ale. Según señalaron fuentes judiciales, la investigación no llegaría a debate oral al menos hasta principios del año próximo.

El club y los vínculos con el Clan Ale
En diciembre del 2013, al dictar los procesamientos el juez federal Fernando Poviña advirtió que “estaríamos ante la existencia de un numeroso grupo de sujetos, con una organización estables y planes criminales diversificados, permanentes y orientados a la generación de un producto económico apreciable (…) y a ocultar su presunto origen delictual y aparentar una fuente lícita”. El Club San Martín y la Gerenciadora Deportiva del NOA S.A., a través de la que operaron los Ale, habrían sido parte de la pantalla para blanquear dinero proveniente de actividades ilícitas.
En la investigación, durante los allanamientos realizados en el domicilio de Rubén Ale y Rivero se encontró documentación contable relativa al Club San Martín. En la remisería la Cinco Estrellas, propiedad del Clan Ale, secuestraron títulos de dominio de inmuebles y de automóviles, recibos de venta y pagos a nombre de la gerenciadora, a la que el Club cedió la totalidad de sus ingresos entre 2008 y 2009.
En una de las cartas secuestradas en los domicilios de los acusados Rivero le reclama dinero a Rubén Ale, para la crianza del hijo que tienen en común, y le advierte: “yo no compre colectivo con la plata de la gerenciadora y lo vendí para mí”. En otra secuestrada en su propia casa insiste: “yo no agarraba cada temporada 30.000 pesos o más en ropa y la vendí para mí”, decía en alusión a una tienda de ropa deportiva que otras de las mujeres vinculadas a Ale manejaba en la sede del club.
Para el juez Poviña, en resumidas cuentas, la prueba documental relacionada a la gerenciadora, no hace más que corroborar lo que Rivero le reclama a Ale en sus cartas, entonces concluye: “el verdadero dueño de los negocios era el mentado Ale, habiendo actuado Oscar Roberto Dilascio como persona interpuesta con el fin de ocultar al auténtico titular y beneficiario final de las operaciones”. La hipótesis cobró fuerza porque gran parte de la documentación referida a la actividad de la gerenciadora fue hallada en la casa de la “Chancha”.
En estos momentos Ale permanece detenido con custodia en el Sanatorio Modelo, en la capital tucumana. Mientras, María Jesús Rivero, aguarda la respuesta de sus abogados defensores en el penal de mujeres que funciona en la localidad de Güemes, en Salta. Ambos están procesados por asociación ilícita para el lavado de activos.

Inhibiciones
Uno de los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, el juez Ricardo Sanjuan, se inhibió por “razones de violencia moral” en la causa en la que debe definirse si Rubén Eduardo “La Chancha” Ale y su ex esposa María Jesús Rivero continúan detenidos por asociación ilícita y lavado de dinero proveniente de la explotación sexual de mujeres captadas por una red de trata. El clan Ale, en Tucumán, fue señalado por Susana Trimarco por el secuestro de su hija, Marita Verón, hace ya más de doce años atrás.
Hace veinte días la Unidad de Información Financiera (UIF) —que actúa como querellante en la causa— recusó al juez Sanjuan por sus vinculaciones con el club Atlético San Martín, donde “La Chancha” Ale y Rivero actuaron como presidente y vicepresidente, respectivamente. El organismo señaló que este club “fue uno de los lugares donde se desarrolló preferentemente la actividad de la asociación ilícita liderada por Rubén Ale”.
La recusación del juez se debe a que “a fines de la década del 80 ocupó un cargo como dirigente del club y ahora participaría de la actividad partidaria en la institución”, señalaron a Infojus Noticias fuentes cercanas a la investigación. Además, el hijo del juez, Ricardo Matías Sanjuan, se desempeña como secretario e integra la comisión directiva de la institución como vocal titular. Desde la UIF señalaron que la imparcialidad del juez está en cuestión porque, según establece el Código Procesal Penal, la motivación de recusación implica la posición no solo del magistrado con respecto a los investigados, sino también de sus familiares directos.
Sanjuan integra la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán que debe resolver los pedidos de excarcelación y otras apelaciones presentadas por los acusados en la investigación por lavado de dinero que lleva adelante el Juzgado Federal Nº 2, a cargo de Fernando Poviña. Ahora, la Cámara Ahora, que además de Sanjuan integran los jueces Marina Cossio, Ernesto Wayar, Graciela Fernández Vecino y Raúl Mender, deberá designar un reemplazante para resolver estas apelaciones.



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