Cerca de 300 ex presos políticos misioneros podrían cobrar la pensión otorgada por Nación

Hugo Baldoneyro de la Asociación nacional de ex presos políticos explicó que luego de la reglamentación de la ley 26913 que establece un régimen de reparación para ex presos políticos, se podrán iniciar los trámites para este beneficio en la sede de ANSES Misiones. Esta pensión a presos políticos abarcaría a detenidos entre 1955 y 1983 y equivale a un sueldo de empleado público. Deberán renunciar a otros resarcimientos similares.

 

En los primeros días del mes de julio, la presidenta Cristina Fernández reglamentó la ley 26.913, que dispone el otorgamiento de una pensión graciable a quienes estuvieron presos por motivos «políticos, sindicales o estudiantiles» hasta el 10 de diciembre de 1983. Los fondos para hacer frente a esos beneficios serán proveídos por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), mientras que la Secretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia, los administrará.​

 

Los posibles beneficiarios de esta ley que establece un Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos «deberán realizar el trámite en las Unidades de Atención Integral (UDAI) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) más cercana a su domicilio facilitando, así, el acceso federal a esta pensión», precisó.

 

Desde la Secretaría de Derechos Humanos se informó que el formulario para iniciar el trámite está disponible en las UDAI y que se puede realizar por derecho propio y en forma personal. Los residentes en el exterior podrán presentar la solicitud ante el Consulado Argentino correspondiente a su domicilio, añadió.

 

Baldoneyro explicó que en Misiones, en una semana ya estaría habilitado un sector de las oficinas de ANSES para acercarse a realizar este trámite y estimó que luego de cumplimentar los mismos, en un mes recibiría el beneficio. Consideró que en la provincia quedan más de 300 personas que pueden acceder a esta pensión.

 

Expresó que las pensiones previstas en la ley 26.913 «buscan reparar a aquellas personas que por haber estado detenidas durante el terrorismo de Estado se les afectó su vida laboral y por consiguiente tuvieron una interrupción en sus aportes previsionales». También agregó que en la actualidad «los beneficiarios son personas adultas mayores con derecho a una vida digna».



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