Exigen suspender el cobro diferencial para quien no tenga SUBE por ser «discriminatorio e ilegal»

El presidente del PAyS Isaac Lenguaza remitió cartas documento para frenar la medida. Aducen desde el partido que se castiga a quien viene del interior, a escolares, jubilados y discapacitados. Y advierten que es ilegítimo que la firma que fiscaliza (Servicios urbanos SA) haya sido conformada por las propias empresas de colectivo supuestamente fiscalizadas.-

El presidente del Partido Agrario y Social de Misiones, Isaac Lenguaza, intimó a la Municipalidad de Posadas y a la Subsecretaría de Transportes de la provincia a dejar sin efecto «en forma inmediata» el cobro de la tarifa diferencial mas cara para los usuarios del Sistema Integrado de Transporte -que rige en Posadas, Garupá y Candelaria- que no tienen tarjeta SUBE, ya que la medida resulta “discriminatoria el ilegal”.

Mediante sendas cartas documento, se advierte a las autoridades que la aplicación lesiona derechos humanos fundamentales, por lo cual se exige una medida protectoria para frenar el abuso al que son sometidos los usuarios por parte de la firma Servicios Urbanos SA.

 

Las cartas documento señalan los siguientes puntos oscuros que ameritan la suspensión inmediata de la medida, a saber:

 

1) ES DISCRIMINATORIA, ya que al determinar arbitrariamente que los ciudadanos del interior de Misiones o del resto del país, o los locales que no cuenten con la tarjeta SUBE deben abonar más POR UN MISMO SERVICIO, el trato discriminatorio se consuma.-

 

2) DEVIENE ILEGAL en tanto no se conoce la normativa nacional (resolución del Ministerio del Interior y Transporte) que determine que “sólo los boletos abonados por el sistema SUBE en las ciudades de Posadas, Garupá y Candelaria recibirán subsidios”, tal como se aduce.

 

3) Es ILEGÍTIMA, ya que la firma SERVICIOS URBANOS SA ejerce, en la práctica, un uso y abuso de facultades legislativas que no pueden ser delegadas por los poderes concedentes del servicio, tales como establecer los requisitos y las exigencias para que los pasajeros usufructúen de determinados beneficios (boleto escolar, el boleto gratuito para jubilados o el boleto gratuito para discapacitados, y el precio de renovación de la tarjeta, por nombrar solo algunos ejemplos).-

 

4) Es ILEGÍTIMA, ya que se aduce que, amén de aspectos coyunturales como la facilidad de pago, “el sistema permitirá generar información confiable para fortalecer las tareas de planificación, control y fiscalización”, pero dicha información provendrá de una SOCIEDAD ANÓMINA cuyo capital accionario fue suscripto en su totalidad por las empresas CASIMIRO ZBIKOSKI, TIPOKA Y NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, según consta en el REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO. Es decir, las firmas que deben ser supuestamente fiscalizadas son las que crearon la empresa que las fiscaliza.-

 

Lenguaza recordó que para evitar los engorrosos perjuicios a los usuarios y la habilitación de las vías legales, el bloque del PAyS a través del diputado Héctor “Cacho” Bárbaro, había solicitado la suspensión hasta tanto el subsecretario de Transportes Hermes Almirón explicara los puntos oscuros de la aplicación, y sobre todo la relación entre el monopolio del grupo Zbikoski y la empresa que emite y controla la tarjeta SUBE, pero el funcionario se excusó y pidió asistir después del receso parlamentario, es decir, después de que se pusiera en plena vigencia el sistema, con el notable perjuicio a los usuarios.

 

Las Cartas documento agregan que el sistema, así como está dado, “constituye un Abuso de la confianza entregada por los ciudadanos a los funcionarios y representantes que avalaron esta operatoria, que restringe y menoscaba la calidad de vida por la desigualdad de trato, que afecta a los mas humildes que llegan desde el interior de la provincia por razones de salud, por ejemplo; que obliga a los usuarios a privarse del servicio en caso de pérdida por el alto costo de renovación del plástico; y finalizan señalando que el sistema también «obliga a los usuarios a privarse del servicio o a abonar mas caro en caso de no acceder a los centros de recarga, que en la actualidad no funcionan correctamente ni en el número adecuado a la población; y es más onerosa para los usuarios que no acepten someterse al destrato y al abuso que implica tramitar la SUBE amaneciendo en los puestos de emisión para acceder a un número».

 

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