La defensa del destituido alcalde de El Soberbio, hoy prófugo de la Justicia, apeló la calificación y ahora tendrá la palabra la Cámara de Apelaciones. Restan unas pocas medidas para que la causa avance al juicio oral.
Para el juez de San Vicente, Demetrio Cuenca, hay indicios suficientes para sostener que Alberto “Coleco” Krysvzuk, el destituido intendente de El Soberbio, fue el jefe de una asociación ilícita que cometió distintos delitos para quedarse con fondos públicos. Lo mismo opina el fiscal Rodolfo Andrés Cáceres opina lo mismo. Pero la defensa del ex alcalde, que se encuentra prófugo desde hace casi cuatro meses, apeló la calificación y ahora el voluminoso expediente viajará a Posadas, donde la Cámara de Apelaciones deberá resolver el planteo. Además de ese trámite, restan unas pocas diligencias para que la causa llegue a la instancia del juicio oral y público.
Además de Coleco, el grupo de imputados que tiene el caso está conformado por el contador Carlos Arrúa, ex asesor de la comuna de El Soberbio; Gabriel Winjak, tesorero durante la misma gestión; Gamal Miguel Haydar, quien en este 2014 se desempeñó como tesorero del actual intendente Carlos “Jair” Pereira; Julio Servín, desplazado secretario de Obras Públicas; y el empresario posadeño Miguel Genesini. Cada uno debió depositar entre 300 mil y 350 mil pesos en concepto de fianza para ser excarcelado.
En el expediente hay casos graves como el de tres pozos de agua que jamás se hicieron y que debían estar en colonia Chafaríz, en el paraje Primavera y en el kilómetro 6. Para cada perforación, según fuentes judiciales, se destinó 200 mil pesos. Es decir, se esfumó más de medio millón de pesos.
La administración Coleco habría tenido muchos puntos oscuros por los que se habrían filtrado sumas millonarias. Fondos cuyos destinos se desconocen y pensiones que salían a nombre de algunas personas pero que cobraban otras solo son parte de la variopinta gama de anomalías.
Un trabajo pericial que todavía está pendiente es el que están llevando a cabo expertos de la Unidad Regional VIII de la Policía provincial sobre un cúmulo de documentos. Son de la División Criminalística y tienen que determinar si las firmas de los imputados que aparecen en los papeles son auténticas. Esto llevará un tiempo por la cantidad de documental. Se estima que parte de la pericia caligráfica se hará en San Vicente y la otra en Posadas.
Las fuentes consultadas indicaron que la cantidad de indicios en contra de los acusados es importante y que el expediente marcha manso hacia el juicio.
Además de la asociación ilícita para delinquir, a los imputados se los acusa de “peculado, fraude a la administración pública y falsificación de documentos, en concurso real”.
