La Comisión de Derechos Humanos y Minorías promueve una audiencia pública para mañana para discutir una posible violación de los derechos de las poblaciones afectadas por la construcción –ahora paralizada- de la represa hidroeléctrica Baixo Iguaçu en un trecho del río Iguazú incluso el compromiso incumplido de prestar justa indemnización a los ribereños.
La audiencia fue propuesta por el diputado Assis do Couto (PT-PR). El contrato de concesión referente a la obra fue firmado por el ministerio de Minas y Energia con la empresa Neoenergia, en 2012. “A partir de esas medidas se inició el proceso de negociación para la indemnización a los productores que poseen tierras en el áreas delimitada para la implantación del emprendimiento”, relata el diputado.
De todos modos, señala, “informaciones brindadas por los agricultores familiares indican que la concesionario creó un ambiente de presión y disputas entre aquellos que poseen un derecho a indemnización”.
Según el legislador, algunas propiedades serían negociadas de forma estratégica, “con el objetivo de bajar el precio justo de compensaciones”. En paralelo la empresa se esfuerza para avanzar con las obras y obtener los documentos, autorizaciones y licencias necesarias.
“Es importante, por eso que esta Cámara actúe con el sentido de esclarecer o el escenario actual y buscar que el derecho a la justa indemnización y otros relacionados sean enteramente respetados” argumenta Assis do Couto.
