Definen alcances de la afectación que generaría la construcción de la central. Reconocen derechos y establecen formas de articulación de acciones de compensación a posibles perjudicados por el emprendimiento, aún en análisis. Consenso entre el gobierno de Rio Grande do Sul y pobladores.
Río Grande do Sul se convirtió en el primer Estado en reconocer la condición de “afectado por represa” y asegurar el derecho de los pobladores que podrían verse perjudicados directa e indirectamente por el emprendimiento hidroeléctrico Garabí Panambí.
El pasado lunes 23 del corriente, en el Palacio Piratini de Porto Alegre, el gobernador Tarso Genro (PT), firmó el decreto que tiene fuerza de ley.La ceremonia contó con la presencia de integrantes de movimientos sociales, autoridades municipales y del gobierno federal, además de pobladores ribereños que serían afectados por el complejo hidroeléctrico argentino-brasileño que está en etapa de estudios.
El decreto firmado establece que se implementarán políticas de desarrollo para las regiones afectadas por la construcción de represas, concretadas en etapas previas, durante la obra y después de la puesta en marcha de las represas.
En sus 30 artículos, el documento define acciones que, aseguran, tenderán a que todos los pobladores mejoren su nivel y condiciones de vida en lo económico, social y cultural. Dichas acciones apuntarán a grupos específicos como pescadores, pequeños productores, mujeres y niños. Además determina qué se entiende por “zona afectada” y los diferentes niveles de esa afectación.
“El Gobierno de Río Grande do Sul no solo acompañará todas las etapas de las negociaciones, sino que pondrá toda su fuerza política junto a la Nación y a las comunidades afectadas, para que el proceso transcurra a través de la concertación y del entendimiento, representando el interés público de abajo hacia arriba”, sostuvo el primer mandatario del vecino estado brasileño.
Desde el Movimiento de Afectados por Represas (MAB), destacaron que “Río Grande do Sul será el primer Estado brasileño en crear un marco legal a través de este decreto firmado por el gobernador. Entre los principales avances de esta política está la definición de afectado por represas, el reconocimiento de que toda la región será afectada y la definición de varios derechos conquistados históricamente por el MAB, además de un organismo del Estado conparticipación de los afectadospara monitorear la implementación de la política”.
A partir de esta medida, que fue celebrada como un acuerdo entre las partes, cada proyecto hidroeléctrico que se plantee construir contará con un Foro de Participación Permanente compuesto por representantes de la sociedad civil, el Gobierno Federal, el Gobierno estadual y los emprendedores, que entenderá en cuestiones de negociación para las compensaciones a las comunidades afectadas.
