Desde el Palacio de Hacienda, el ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció que los abogados del Estado argentino pedirán una «medida suspensiva» de la ejecución de la sentencia con el objetivo de poder cumplir con los vencimientos del 30 de junio sin riesgo de que los fondos sean embargados.
Paralelamente, el Gobierno pretende abrir un canal de diálogo con los buitres beneficiados por la sentencia de la justicia norteamericana para poder cumplir con el fallo y cerrar una controversia que se inició en 2001, con la declaración del default.
Kicillof adelantó que la carta que los abogados argentinos presentarán al juez Griesa solicitará «una medida suspensiva de la sentencia que obliga a pagar el total de lo adeudado a los fondos buitre, al momento de hacer el próximo pago de vencimiento de la deuda el 30 de junio».
«Es esencial que el juez otorgue esta medida para que la Argentina pueda continuar pagando a sus bonistas de la reestructuración normalmente, y de este modo llevar adelante un diálogo que nosotros necesitamos que sea en condiciones equitativas para el 100% de los acreedores», destacó.
