En los primeros años de la Patria, cuando las ideas revolucionarias hacían carne en muchos patriotas, fueron varios los que además de la emancipación comenzaron a pensar en sentar las bases políticas y económicas para hacer grande al país. “Todas las Naciones cultas se esmeran en que sus materias primas no salgan de sus estados a manufacturarse, y todo su empeño es conseguir, no solo el darles nueva forma, sino en atraer las del extranjero, para ejecutar lo mismo y después vendérselas”, escribió en 1802 Manuel Belgrano, llamado a ser uno de los principales hombres de la historia argentina. El abogado, formado en España con la lectura de los clásicos de la época, propuso desarmar el reparto de tierras a terratenientes y desalentó el monocultivo.
También señaló que el endeudamiento generaba condiciones para subsistir sin trabajar, “descuidando así el cultivo de las tierras haciendo que los fondos salgan del comercio, desvaneciendo las manufacturas”, y a su vez, la facilidad del recobro de las rentas públicas, siendo un círculo vicioso de desfinanciamiento público y dependencia de nuevas deudas. Advertía, anticipándose a su tiempo, que “al ser más los que piden de los que prestan”, el interés del dinero sube, y este inconveniente “viene a ser un nuevo obstáculo al acrecentamiento del comercio y la abundancia”.
Belgrano no deja lugar a dudas. “El grueso interés del dinero convida a los extranjeros a hacer pasar el suyo para venir a ser acreedores del Estado. No nos detengamos sobre la preocupación pueril, que mira la arribada de este dinero como una ventaja. Los rivales de un pueblo no tienen medio más cierto de arruinar su comercio, que el tomar interés en sus deudas públicas”.
Belgrano llegó a ser uno de los próceres de Mayo, pero sus ideas, junto a la de los más ilustrados, fueron condenadas al olvido por la imposición de terratenientes y comerciantes más preocupados por resolver sus propios problemas de comercio con el mundo. Quizás hubiese sido otra Argentina.
Pero esa Argentina que soñó Belgrano hizo todo lo contrario. Bernardino Rivadavia, el primer presidente, dio el primer ejemplo. Contrató en 1824, un empréstito con la firma inglesa Baring Brothers por un millón de Libras. Descontadas las comisiones de los seis gestores, dos de los cuales eran ingleses, los gastos de emisión y varias cuotas adelantadas, llegaron a Buenos Aires sólo 570.000 Libras, la mayoría en letras de cambio sobre casas comerciales británicas en Buenos Aires propiedad de los gestores del empréstito. Pero todas las tierras públicas de la provincia quedaron hipotecadas como garantía del empréstito. El dinero no se destinó a la construcción de obras públicas como había sido previsto. Se dilapidó en gastos improductivos. Para 1904, cuando se terminó de pagar el crédito, la Argentina había abonado a Baring Brothers la suma de 23.734.766 pesos fuertes.
Recuerda el historiador Felipe Pigna en su biografía de Rivadavia, que después de concedido préstamo, el 31 de marzo de 1824, llegó a Buenos Aires un nuevo Cónsul de Su majestad, Mr. Woodbine Parish. El funcionario traía la misión de firmar un tratado de Libre Comercio y Amistad cuyo texto era idéntico al impuesto por William Huskisson -jefe del “Consejo de Comercio” londinense- a todas las ex colonias de Hispanoamérica, que ambicionaban ser reconocidas. Este tratado impuesto por Inglaterra como requisito previo para el reconocimiento de nuestra independencia, y firmado el 2 de febrero de 1825, sellará el destino del país como nación dependiente de una nueva metrópoli que le asignó un papel inamovible en la división del trabajo que imponía al mundo: el de simple productor de materias primas y comprador de manufacturas.
Pasaron 200 años y el esquema nunca cambió, salvo intentos excepcionales. Pero se hizo mucho más profundo desde la más sangrienta dictadura desde 1976 a 1983, cuando la deuda pasó de 7.875 millones de dólares a 45.087 millones de dólares. En el gobierno de Raúl Alfonsín se llegó a los 58.700 millones de dólares, subiendo un 44%. Pero fue en los 90, cuando más se enajenó la soberanía entregando el patrimonio con una política de sumisión a los dictados de organismos financieros de crédito. Durante el gobierno de Carlos Menem la deuda se elevó un 123 por ciento llegando a 146.219 millones de dólares. Durante el breve fiasco de Fernando de la Rúa la deuda llegó a unos 147.667 millones de dólares, subiendo un 9%. Sin rumbo, De la Rúa anunció dos medidas que significaron nada más que incorporar más deudas a cambio de seguir con el respirador artificial: blindaje y megacanje, fueron los pomposos nombres con los que “iba a empezar el crecimiento”. En diciembre de 2000, De la Rúa envió al Congreso el proyecto de presupuesto en el que se destinaba un 20 por ciento del PBI al pago de la deuda y José Luis Machinea anunciaba el Blindaje Financiero con préstamos del FMI, el BID, el B.M., AFJP, bancos privados y el gobierno español por U$S32.700 millones, más otros U$D7.000 millones en canje de bonos. A cambio, el Gobierno se comprometió a recortar jubilaciones futuras y desregular las obras sociales. El monto del auxilio como en la época de Rivadavia, fue ficticio. De los 39.700 millones de dólares, no más de 20.000 millones fue dinero disponible en efectivo a una tasa de interés del 9 por ciento anual.
Como la crisis no se inmutaba, fue Domingo Cavallo, el “salvador” de De la Rúa. Diagramó el megacanje que significó refinanciar vencimientos por 29.477 millones de dólares a una tasa elevadísima de hasta el 16 por ciento anual. La deuda aumentó 2.255 millones de dólares. Cavallo todavía sigue procesado por una supuesta defraudación al Estado, a raíz de la selección direccionada de los consorcios de bancos que participaron de la operación. En la misma causa fueron sobreseídos por prescripción el banquero estadoundiense David Mulford, Federico Sturzenegger y Horacio Liendo. Las comisiones que repartió el Megacanje entre los operadores -bancos y gestores- fue de 150 millones de dólares. Para ese entonces, las jubilaciones y pensiones, la coparticipación y otros “gastos” fueron recortadas y el desempleo tocó los 25 puntos. Lo que llegó fue el estallido social y económico, que dio paso al aplaudido default de Rodríguez Saá. El más grande de la historia. Fue el gobierno de Néstor Kirchner, primero, el que comenzó a arreglar la desastrosa herencia, con el canje al que adhirió el 76 por ciento de los acreedores que aceptó una quita de deuda. Cuando asumió Cristina Fernández, se abrió un nuevo proceso con un 92 por ciento de adhesión. En paralelo, se pagó toda la deuda al FMI y se acordó el pago con el Club de París. Todos esos recursos que hubiesen sido derivados al pago de la deuda, se volcaron a la economía interna, lo que redundó en crecimiento, empleo, consumo e inclusión social.
Solo hay un siete por ciento de acreedores que no entró al canje y siguió presionando para cobrar el cien por ciento del valor nominal de los titulos en default, cuando en realidad, los compraron como bonos basura. Un solo ejemplo basta. Cuatro grupos compraron 428 millones de dólares y ahora reclaman 1.500 millones, con capital e intereses. El grupo NML, en 2008 se alzó con bonos por 48,7 millones de dólares y ahora reclama 832 millones, con una tasa de retorno de 1608 por ciento.
Estos fondos fueron ahora beneficiados por el fallo del juez neoyorkino Tomás Griesa, que ordenó al Estado argentino pagarles el cien por ciento del valor de los bonos, sin quita, sin más contratiempos. El fallo, además de afectar las decisiones de un país soberano, pinta de cuerpo entero a un sistema financiero al que Argentina y el mundo están sometidos, un sistema en el que ganan los especuladores que se sientan sobre activos comprados generalmente a países con graves endeudamientos.
El fallo es ejemplificador. Es una señal de advertencia por el mal comportamiento. Pero no por endeudar al país hasta límites insoportables. Sino por intentar salir de las garras de los buitres. Griesa no es ni malo ni bueno. Es un juez de Nueva York, el corazón del sistema financiero mundial. Griesa es un juez de ese sistema y como tal, falló a en consecuencia.
No es un fallo adverso el Gobierno, que debe capear el temporal. Es un fallo contra la economía argentina, que afecta a todos sus habitantes. Y, sobre todo, es un fallo destinado a que ningún otro Estado ose desafiar al sistema. Portugal, Grecia, Italia, España, por caso, tienen deudas y condiciones similares a los momentos previos al default en Argentina. El fallo sirve para proteger el orden establecido en el que a algunos países le tocaba ser sometido y a otros someter. Solo que antes eran países los patrones, hoy son solamente grupos financieros.
El golpe no solo lo sufre Argentina, sino que puede dañar al conjunto. Para proteger los intereses de los buitres, el fallo pone en riesgo a todos los países, porque puede no haber forma de reestructurar deuda soberana. Incluso, puede hacer peligrar a Nueva York como corazón financiero, porque ningún país querrá renegociar sus deudas con una justicia que, en última instancia, les fallará en contra. Joseph Stiglitz, profesor de la Universidad de Columbia y ex jefe de economistas del Banco Mundial, lo explica: “Sin posibilidades de reestructurar, los gobiernos que defaulteen quedarán permanentemente aislados del mercado internacional de deuda, con consecuencias adversas en el desarrollo económico y de crecimiento”. Lejos de cualquier análisis del fondo de la cuestión, en Argentina sobraron los dirigentes que sacaron a relucir su perfil más entreguista. Todos culparon al Gobierno del fallo de Griesa que obliga a pagar a los fondos buitres. El peor fue Mauricio Macri, quien asumió que “ahora hay que ir, sentarse en el tribunal de Griesa y lo que él termine diciendo, hay que hacerlo”.
No sorprende la postura del presidenciable. El fondo NML, del que participa Paul Singer y el que llevó adelante la causa contra la Argentina en el juzgado de Griesa, financia a la ONG Vital Voices de la que es co-fundadora la diputada del PRO, Laura Alonso, quien alabó el fallo como “una demostración de la independencia de la Justicia en ese país”. Ricardo Alfonsín estuvo a la altura. ¿Creían que estaban en la Argentina?, ironizó. Nefasto papel, en cambio, tienen los economistas de la oposición, que en fila salieron a cuestionar la postura argentina, a alabar a Griesa y a decir que con ellos esto no pasaba. Cavallo, Federico Sturzenegger y Horacio Liendo, Daniel Marx, salieron a dar recomendaciones. Son los mismos que aparecen más arriba, procesados por estafa al Estado y sobreseídos -salvo Cavallo- por prescripción, no porque no hubiera delito.
Lo cierto es que fue el Gobierno el que más hizo por desendeudar al país y ahora enfrenta un dilema impensado. Si paga a los buitres, los demás acreedores estarán en condiciones de reclamar las mismas condiciones y ya no serían 1.500 millones de dólares, sino varias veces más esa cifra, lo que volvería a sumir al país en una crisis como la de 2001. Cumplir el fallo de Griesa, como proponen Macri y sus pares opositores, implica eso, estrangular al país.
Desde 2003, el Gobierno nacional asumió la renegociación de la deuda externa y en paralelo, comenzó el arreglo de la deuda interna.
Misiones, que debía mil millones de dólares, lo que representa más de un presupuesto y medio, tenía el 95 por ciento de sus acreencias en dólares. La deuda ocupará en el 2016 apenas el diez por ciento del presupuesto y hay menos del cinco por ciento en dólares. Esto le da previsibilidad y fortaleza al Estado para reconstruir el tejido social, con inversión en educación, salud y obras de infraestructura en un ritmo inédito en la historia del país y de Misiones.
En la política misionera también hubo novedades judiciales. La Corte Suprema desestimó el reclamo por retardo de justicia para definir el conflicto por el reparto de las bancas de las elecciones del 2011 y declaró abstracta la demanda impulsada por el radicalismo y otros partidos opositores. La Corte ratificó lo actuado por el Superior Tribunal misionero, en lo que fue un papelón del radicalismo que olvidó pagar una tasa excluyente para los reclamos extraordinarios.
Ahora insistirán a través de un recurso extraordinario ante el mismo STJ y si lo rechaza, irán nuevamente a la Corte para que analice la cuestión de fondo sobre la validez del modo de reparto: 18 bancas contra dos, de acuerdo a los votos obtenidos y la división por el sistema D’Hont.
En la Renovación se calmaron las aguas tras la tormenta. Sin embargo, llamó la atención en el Gobierno el sugestivo embate recibido por parte de diputados de la oposición ante el silencio de diputados del oficialismo.
El gobernador Maurice Closs, de todos modos, dejó atrás el conflicto. “La Renovación está muy bien”, definió ante los periodistas.
Closs puso de relieve la política económica aplicada en Misiones desde 2003. “Si algo hemos hecho bien fue desendeudar a Misiones. No debemos más un presupuesto y medio. Es muy probable que el próximo gobernador, deba solo el diez por ciento de un presupuesto y eso implica la fortaleza de un Estado”, afirmó. “En este momento estamos discutiendo soberanía, como pocas veces en los últimos años”, analizó el mandatario en relación al conflicto con los fondos buitres.
Y recordó que “este Gobierno, más allá de aciertos y virtudes, ha sido el gobierno que con mayor sentido patrio ha administrado la deuda pública. Recordemos lo que era desde 1976, año del fatídico golpe de Estado hasta el colapso del año 2001. No se podían hacer escuelas, hospitales, el 25 por ciento de los argentinos estaba en el desempleo, no se podía inyectar recursos a la economía por que había que pagar la deuda, el megacanje, el blindaje y tantas cosas”, sentenció.
Sería bueno analizar la pulseada con los fondos buitres en ese sentido: el patriótico. ¿Qué país ofrecen quienes quieren someterse sumisamente a los dictados financieros? Seguro no aquel que soñaba Belgrano, a quien todos citan con frases escolares, pero pocos analizan en profundidad.
