El día jueves, la presidenta hizo una serie de anuncios de suma importancia ante todos los sectores de medios de comunicación. Por un lado un decreto que contiene plan de Regularización de pago para medios de comunicación y por otro el envío al congreso de un proyecto de ley de Modificación del Impuesto al Valor Agregado de diarios, revistas y publicaciones periódicas (disminuyendo las alícuotas).
Estas medidas, largamente requeridas por los medios medianos y pequeños, son una bocanada de aire fresco sobre todo para la subsistencia de ellos.
Son medidas que consolidan la pluralidad de voces, principio que sustenta el sistema democrático de un país, y aleja la posibilidad de desaparición sobre todo de los medios locales que existen a todo lo largo y ancho del país.
En Argentina, el pluralismo es un valor social y políticamente aceptado que busca que los medios de comunicación reflejen la diversidad de situaciones que caracteriza la realidad social y política. Ello garantiza la libertad de expresión de las distintas opiniones, culturas y comunidades, en todos los idiomas y en cualquier sociedad, así como el respeto de la diversidad. Por eso, los medios, no solo deben ser independientes, sino también pluralistas.
En efecto, una democracia pujante exige la existencia de medios de información que estén exentos de cualquier control gubernamental o de presiones políticas y económicas, y que tengan la posibilidad de disponer de los recursos materiales e infraestructuras indispensables para producir y difundir sus productos y programas.
Sin embargo, desde la década del 90 se intentó confundir a la sociedad tratando de sembrar el concepto que libertad de prensa y pluralismo como sinónimo de libertad de empresa. A la luz de ese concepto provocó que el estado no prestara atención a la problemática de varios de los grandes diarios del interior del país y que estos no tuvieran otra alternativa para evitar su desaparición que transferir su titularidad a manos de grupos más grandes que se movían con mucha comodidad en los depachos gubernamentales.
Nadie entendió que la desaparición de un periódico, una emisora o un canal de televisión significaba en gran medida privar al conjunto de los ciudadanos locales de una opinión independiente; y que la La concentración de medios de comunicación permite clasificar, censurar, imponer una sola óptica e interpretación del espacio público.
Por eso, el conjunto de medidas anunciadas el día jueves deben trascender la coyuntura política entre oficialismo y oposición, y ese concepto referido al sustento de todos los medios debe transformarse en política de estado.
Si se quiere proteger la democracia y promover su práctica en la sociedad, es imprescindible aplicar políticas voluntaristas en favor del pluralismo de los medios de información, velando por que se dé la mayor diversidad posible en la propiedad de éstos, así como en sus fuentes de información y áreas de cobertura, promoviendo que los ciudadanos puedan formarse una opinión sin verse influidos por una fuente dominante.
El derecho a la libertad de expresión es un derecho de la ciudadanía, no únicamente de quienes ejercen el periodismo ni es un derecho únicamente de quienes tienen la titularidad de licencias audiovisuales o la propiedad de medios escritos.
Y es en estaArgentina, históricamente marcada por el centralismo de la ciudad de Buenos Aires, donde el interior muchas veces se mira solo en aras de su utilización por los intereses centrales, que debemos asumir el término Federal como una obligación de transformarnos en una herramienta para asistir y facilitar que la pluralidad de la cual hablamos se sostenga a lo largo y a lo ancho de nuestras fronteras. Estos temas deben ser responsabilidad de de los gobiernos locales, provinciales y el nacional, que deben bregar por la defensa y subsistencia de la diversidad de los medios locales, y es en ese contexto sostener el principio constitucional de protección de los bienes culturales del país, y los de comunicación como uno de ellos.
Por eso debemos celebrar las medidas adoptadas, haciendo abstracción de las coyunturas políticas y entendiendo que el principio de federalismo y pluralidad es una responsabilidad que le compete a toda la sociedad.
