Desde que asumió en diciembre 2007, una característica dominó el Gobierno de Maurice Closs: un estricto control del flujo de la caja para decidir gastos, aumentos o inversiones. Siempre fue así: la prioridad para decidir cualquier movimiento fue tener garantizados los recursos, una decisión estratégica que marcó los tiempos de la Renovación.
Fue así que se puso en marcha un monumental proceso de desendeudamiento que redundó en un ordenamiento de las cuentas públicas, vital para la paulatina recomposición de salarios y el crecimiento de las inversiones en áreas claves para el desarrollo de Misiones.
Closs tomó el mando de la Provincia con una deuda pública que representaba el 127 por ciento del presupuesto anual. Es decir, todos los recursos del Estado durante un año, no alcanzaban para pagar la deuda aumentada exponencialmente durante los 90.
Al finalizar su mandato, la deuda representará apenas el diez por ciento del presupuesto estimado para 2016, gracias a la renegociación de vencimientos y recomposición acordados con la Nación, hoy principal acreedora, en lugar de bancos y organismos financieros que cobraban en dólares.
La oxigenación de los recursos permitió tomar decisiones que transformaron la provincia de una que estaba casi última en todos los indicadores sociales, a estar entre as cinco que más crecieron en los últimos años.
Después de 20 años se salió de la emergencia previsional, con una inyección extra de recursos para cumplir con las jubilaciones más onerosas que tenían topes. En paralelo, se aumentaron pensiones y haberes de los retirados de todas las áreas del Estado.
Casi se duplicó el monto de jubilaciones docentes en relación a lo que se pagaba en abril del año pasado, cuando alcanzó los 24.7 millones de pesos.
En el mismo mes de este año se llegó a 44.348.735 y en julio se elevará a 47.5 millones. Por ejemplo, una maestra de grado de escuela común, cobrará 9424 pesos, mientras que un supervisor de nivel primario, alcanzará los 16.723 pesos. Los retirados de la Policía cobraron un incremento del 10 por ciento, al igual que los jubilados del Servicio Penitenciario provincial, mientras que la administración central recibió un 17 por ciento de incremento.
El ordenamiento de la caja previsional permite tomar decisiones como la ventana jubilatoria y la moratoria provisional, que permiten a los agentes del Estado acceder a un retiro con el 75 por ciento de sus sueldos de bolsillo actuales, incluso sin tener todos los años de aportes necesarios.
Similar medida lanzó ahora la presidenta Cristina Fernández, quien anunció una moratoria previsional que permitirá el acceso a una jubilación a cerca de 500 mil personas, que principalmente se ubican en la franja de menores recursos.
En Misiones, cerca de 7.500 agentes pueden acceder al beneficio.
Esa forma de encarar la gestión fue ratificada el viernes en las elecciones para renovar el directorio del IPS. En el sector de activos, Hugo Irala fue ratificado por una amplia diferencia, mientras que en el sector pasivo, la dirigente docente María Giacani ganó por una diferencia más exigua.
Cada aumento y cada decisión, se tomó siempre con el más estricto de los cuidados sobre las finanzas, en forma escalonada y buscando beneficiar más a aquellos que menos ganaban. Por eso, sorprendió la noticia que se conoció el viernes a media tarde. A hurtadillas, en silencio, 127 jubilados como diputados recibieron una «actualización» de diez mil pesos en sus dietas sin autorización del gobernador Maurice Closs y con la firma de funcionarios de segunda línea que, además, negaban conocer la resolución.
A las pocas horas, Closs informó que no emanó de su autoridad ninguna decisión que implique aumento adicional o extra alguno que beneficie a los legisladores provinciales jubilados.
Con los haberes de mayo, y dando cumplimiento a una nota emitida por la Contaduría de la provincia, a cargo de Ángel Horacio Franco, el banco Macro depositó un adicional de 10 mil pesos a los diputados jubilados. Se trata de un aumento 76.9 por ciento para un grupo que gana en promedio 13 mil pesos mensuales. Mucho más que lo que percibieron jubilados de otras reparticiones.
En un documento distribuido a la prensa, Closs señalço que «es conocido el precepto de la movilidad jubilatoria, ahora bien, siempre la oportunidad, mérito y conveniencia, fue asunto reservado al Gobernador de la provincia. Así, este criterio fue y es aplicado a docentes jubilados y policías retirados».
No solamente el Gobernador no emitió esta orden, además, Closs manifestó su total disconformidad con esta medida, que por más fundamentos jurídicos que tenga, entiende es sumamente desacertada. Por ello, el mismo viernes firmó el decreto que dejó sin efecto la medida en forma inmediata.
El Gobernador se puso a disposición de los legisladores jubilados, a los efectos de atender sus justos reclamos, que aún siendo justos, no deben ir a contramano de los intereses y el sentimiento de toda la comunidad.
El impacto en la caja previsional, que recién logra salir de la emergencia, sería brutal. Para beneficiar a 127 diputados, el Instituto de Previsión Social debería erogar 1.270.000 pesos por mes.
La nota de aumento salió con la firma del secretario de Hacienda, Daniel Hassan y una serie de funcionarios de segunda línea, y culminaba con un escueto «infórmese a la Legislatura».
Anoche, un comunicado dado a conocer a través de una cuenta de correo no oficial, señala que la Cámara «siendo un poder independiente» y «actuando con total normalidad después de haberse levantado la emergencia provisional», tomó la determinación de otorgar el aumento en razón de «la difícil situación inflacionaria que afecta significativamente el poder adquisitivo de sus ingresos». También se asegura, en el correo anónimo, que se concedió el aumento para evitar «graves perjuicios económicos para el erario provincial, provenientes de los juicios» por eventuales reclamos de los ex legisladores.
Con toda lógica, no debe sorprender la decisión de Closs frenar el aumento que afecta las arcas del Estado, que varios funcionarios impulsaron sin su conocimiento. No es la primera vez que Closs frena una avanzada en contra de la autoridad del Ejecutivo sobre las finanzas públicas.
Hace cinco años había parado una iniciativa que pretendía darle superpoderes a la Dirección General de Rentas, incluso para aumentar impuestos o decidir el rumbo de los recursos. En aquel entonces, el concepto fue el mismo.
Como jefe del Ejecutivo, corresponde a Closs decidir la oportunidad, conveniencia y criterios del manejo de la Hacienda pública.
Lo verdaderamente sorprendente, es que un grupo de funcionarios pretendió – y realizó- manejos propios a espaldas del mismísimo Gobernador. Y que una medida que impactaba en casi 130 personas, sea «secreta». Inaceptable institucional y políticamente.
Enterado del dislate, tomó una decisión de sentido común, de autoridad, y especialmente, de cuidado de la Renovación.
Ordenó dar marcha atrás esta medida desacertada tomada a sus espaldas y ocultada a propósito, y frenó las confusiones ajenas encauzando las cosas con el decreto anunciado. El daño político que podría causar el beneficio para unos pocos, es incalculable. Las derivaciones del incidente, también.
El primero en pagar las consecuencias fue el secretario de Hacienda, Daniel Hassan, un funcionario que ocupa ese sillón desde el último tramo del segundo mandato de Carlos Rovira. Closs le ratificó la confianza hasta ayer, cuando lo reemplazó por Adolfo Safrán, un economista muy cercano al Gobernador, que estaba a cargo del Consejo General de Educación.
Además de ser un hombre cercano a Closs, Safrán dio muestras de eficiencia al hacerse cargo del Consejo de Educación, un organismo desprestigiado por varios años de desmanejos que complicaban el manejo de los recursos educativos.
El cargo vacante de Safrán será ocupado transitoriamente por el ministro de Educación, Luis Jacobo, hasta que se designe formalmente a un nuevo presidente, que debe ser ratificado por la Cámara de Diputados.
Hassan fue uno de los ministros de mayor durabilidad en el gabinete, tras haber asumido durante la gestión de Rovira y en el Gobierno nadie dudaba de su eficiencia. Pero la firma de la resolución a espaldas del Gobernador no podía ser tolerada.
Aunque la lectura primaria y evidente sea la una inminente crisis en la Renovación, funcionarios cercanos al Gobernador indicaron que no hay intención de tensar relaciones, sino que las decisiones fueron tomadas en defensa del espíritu mismo de la coalición gobernante, que es priorizar el cuidado de los recursos y atender primero las necesidades de los sectores más vulnerables.
Un incremento como el pretendido para los ex legisladores actuaría como una bomba de tiempo en las finanzas públicas y en el clima social, en momentos, en que, justamente, la inflación es un factor de peso. Ningún gremio del país consiguió un aumento del 76.9 por ciento. Ni por lejos.
Sin embargo, no hay indicios que sea una discusión cerrada. Nadie descarta que la partida de Hassan sea la única.
El día del periodista encontró a quienes realizan las coberturas políticas en Misiones, sumamente atareados. Desde el viernes por la noche, cuando el propio gobernador ofreció un ágape, las noticias comenzaron a correr como un reguero de pólvora.
Ayer, durante todo el día, las especulaciones fueron in crescendo, hasta que se conoció el decreto de reemplazo de Hassan, como una de las primeras medidas.
Pero otra noticia fue de suma relevancia para los periodistas, especialmente los de diarios del interior.
El jueves, la presidenta Cristina Fernández convocó a los integrantes de la Asociacion Federal de Editores de Diarios de la República Argentina -de la que es integrante Misiones On Line- para realizar un anhelado anuncio.
Por un lado un decreto que contiene un plan de Regularización de pago para medios de comunicación y por otro el envío al Congreso de un proyecto de ley de modificación del Impuesto al Valor Agregado de diarios, revistas y publicaciones periódicas (disminuyendo las alícuotas).
Estas medidas, largamente requeridas por los medios medianos y pequeños, son una bocanada de aire fresco sobre todo para la subsistencia de ellos.
El Poder Ejecutivo Nacional puso en marcha un plan para facilitar la cancelación de deudas impositivas, aduaneras y previsionales de hasta 100 millones de pesos, que medios de comunicación o de productoras de contenidos audiovisuales mantienen con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
El plan contempla saldar deudas, intereses resarcitorios o punitorios y multas, mediante un sistema de dación en pago de espacios publicitarios en la programación de las respectivas emisoras o publicaciones.
También se prevé que los medios ofrezcan servicios conexos como la producción, edición o impresión de material de difusión de interés general que le permita al Estado nacional «contar con mayores y diversos recursos que integran el proceso de comunicación pública».
La iniciativa se formalizó a través del decreto 852 publicado en el Boletín Oficial.
Por otra parte, dio a conocer el envío al Congreso del proyecto de Modificacion del IVA para los Medios Gráficos.
Los medios con una facturación anual de hasta 63 millones de pesos pagarían una alícuota del 2,5 por ciento; aquellos que facturan entre 63 millones y 126 millones de pesos, una alícuota del 5 por ciento, mientras que aquellos que facturen más de 126 millones seguirán pagando la actual alícuota de 10,5 por ciento.
“El objetivo –precisó- es ayudar a que las pequeñas empresas puedan subsistir, no solo a través de instrumento legal que garantiza la pluralidad y la diversidad, sino que también se ayuda a los más pequeños para que puedan competir y hacer frente a los grandes medios concentrados y monopólicos que además controlan gran parte de la publicidad”, dijo la Presidenta en su discurso ante los editores de diarios, principalmente del interior del país.
Son decisiones que consolidan la pluralidad de voces, principio que sustenta el sistema democrático de un país, y aleja la posibilidad de desaparición sobre todo de los medios locales que existen a todo lo largo y ancho del país.
En Argentina, el pluralismo es un valor social y políticamente aceptado que busca que los medios de comunicación reflejen la diversidad de situaciones que caracteriza la realidad social y política.
Ello garantiza la libertad de expresión de las distintas opiniones, culturas y comunidades, en todos los idiomas y en cualquier sociedad, así como el respeto de la diversidad. Por eso, los medios, no solo deben ser independientes, sino también pluralistas.
En efecto, una democracia pujante exige la existencia de medios de información que estén exentos de cualquier control gubernamental o de presiones políticas y económicas, y que tengan la posibilidad de disponer de los recursos materiales e infraestructuras indispensables para producir y difundir sus productos y programas.
Sin embargo, desde la década del 90 se intentó confundir a la sociedad tratando de sembrar el concepto que libertad de prensa y pluralismo como sinónimo de libertad de empresa.
A la luz de ese concepto provocó que el Estado no prestara atención a la problemática de varios de los grandes diarios del interior del país y que estos no tuvieran otra alternativa para evitar su desaparición que transferir su titularidad a manos de grupos más grandes que se movían con mucha comodidad en los depachos gubernamentales.
Nadie entendió que la desaparición de un periódico, una emisora o un canal de televisión significaba en gran medida privar al conjunto de los ciudadanos locales de una opinión independiente; y que la concentración de medios de comunicación permite clasificar, censurar, imponer una sola óptica e interpretación del espacio público.
Por eso, el conjunto de medidas anunciadas el jueves por la Presidenta deben trascender la coyuntura política entre oficialismo y oposición, y ese concepto referido al sustento de todos los medios debe transformarse en política de estado.
Si se quiere proteger la democracia y promover su práctica en la sociedad, es imprescindible aplicar políticas voluntaristas en favor del pluralismo de los medios de información, velando por que se dé la mayor diversidad posible en la propiedad de éstos, así como en sus fuentes de información y áreas de cobertura, promoviendo que los ciudadanos puedan formarse una opinión sin verse influidos por una fuente dominante.
El derecho a la libertad de expresión es un derecho de la ciudadanía, no únicamente de quienes ejercen el periodismo ni es un derecho únicamente de quienes tienen la titularidad de licencias audiovisuales o la propiedad de medios escritos.
Y es en esta Argentina, históricamente marcada por el centralismo de la ciudad de Buenos Aires, donde el interior muchas veces se mira solo en aras de su utilización por los intereses centrales, que se debe asumir el término federal como una obligación de transformarlo en una herramienta para asistir y facilitar que la pluralidad se sostenga a lo largo y a lo ancho del país.
Estos temas deben ser responsabilidad de los gobiernos locales, provinciales y el nacional, que deben bregar por la defensa y subsistencia de la diversidad de los medios locales, y es en ese contexto sostener el principio constitucional de protección de los bienes culturales del país, y los de comunicación como uno de ellos.
Por eso los periodistas deben celebrar las medidas adoptadas, haciendo abstracción de las coyunturas políticas y entendiendo que el principio de federalismo y pluralidad es una responsabilidad que le compete a toda la sociedad.
