Con presencia de representantes empresarios y de los principales sindicatos, además de funcionarios y diputados de todas las bancadas, se analizó hoy un proyecto que propone una reingeniería de la cartera laboral. Plantea poner en funcionamiento nuevas delegaciones regionales y reforzar las que ya están. El objetivo es poder responder con mayor celeridad a los requerimientos formulados por trabajadores de distintos lugares de la provincia.
En una reunión de amplia convocatoria se realizó esta mañana una suerte de relanzamiento de un proyecto de ley que propone una reestructuración del ministerio de Trabajo de Misiones. El diputado Juan Carlos Agulla, autor de la iniciativa presentada en 2012, explicó que la misma responde a la necesidad de darle al ministerio herramientas procedimentales actualizadas y descentralizar la capacidad de gestión mediante la apertura de nuevas delegaciones regionales.
El ex titular del área de Trabajo señaló que se propone establecer unidades de gestión en una distribución geográfica equitativa, incorporando delegaciones regionales en Apóstoles, Andresito, Bernardo de Irigoyen y Jardín América; además de subdelegaciones en Puerto Rico y Montecarlo. “Buscamos dotar al ministerio de las herramientas para estar en el terreno en el momento indicado”, dijo.
“Algunas de las propuestas ya fueron incorporadas al análisis de la reforma del Código de Procedimiento Laboral, y tienen que ver, por ejemplo, con permitir la participación de los jueces laborales de primera instancia en los conflictos, y especialmente en aquellas ocasiones en que el sector empleador no permite la actuación del organismo laboral administrativo”, especificó.
“En la ley que aún está vigente esto es herramienta exclusiva de los jueces penales, que creemos que son jueces de extraña jurisdicción, que no tienen todo el conocimiento que sí lo tienen los jueces laborales de primera instancia, por eso hicimos la reforma del Código de Procedimiento Laboral y ahora queremos traducirla en esta ley”, señaló.
Participaron de la reunión las ex titulares del área de Trabajo de la Provincia, Fabiola Bianco y Claudia Gauto -actualmente ministra de Cooperativas y diputada provincial respectivamente-, el actual titular de esa cartera, Jorge Valenzuela; legisladores de las bancadas de la Unión Cívica Radical, Trabajo y Progreso, PAyS, y de la Renovación; miembros de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas y de varios sindicatos, además del mencionado Agulla.
La diputada Claudia Gauto se mostró a favor de la iniciativa en tanto que “la única herramienta que realmente perfora los índices de empleo no registrado es el trabajo en territorio la fiscalización in situ, de allí la importancia de descentralizar”.
Destacó que en la provincia hay alrededor de 250 mil trabajadores, entre registrados y en negro, pero hay solo quince inspectores para todos ellos.
Por su parte, Valenzuela afirmó que “necesitamos delegaciones para cubrir la provincia, tenemos algunas que funcionan muy bien, otras lo hacen bastante mal y necesitan ser reforzadas. Queremos dotar todas ellas de al menos un pequeño cuerpo inspectivo: al menos un inspector en higiene y seguridad y de uno en normas laborales, para que se pueda organizar la logística, nos facilitaría mucho eso. No solo es importante descentralizar parte inspectiva, también pretendemos poder recibir las quejas de los trabajadores en esas delegaciones”.
Modificaciones propuestas
Se pone énfasis en el control de la legalidad, en el desenvolvimiento de las relaciones laborales en la Provincia, otorgándole un rol más relevante a la Subsecretaría de Trabajo.
Se fusiona la Dirección de Delegaciones con el Departamento Inspección y Vigilancia Laboral, creándose la Dirección General de Inspecciones y Delegaciones Regionales.
Se jerarquiza el rol de los jefes de las Delegaciones en la represión del trabajo ilegal y el control de la salubridad, higiene y seguridad en el trabajo.
Se asigna al director de Inspecciones y Delegaciones Regionales, y al director de Delegaciones, funciones de monitoreo de la situación laboral de su zona.
Se crea el Departamento de sumarios y apremios en esferas de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
Se crea un Fondo Especial, en una cuenta especial, compuesto por las sumas depositadas en concepto de multas cobradas, que se destinará a inspección, capacitación y difusión.
A través de la Subsecretaría de Políticas de Promoción del Empleo, Formación y Capacitación Laboral, se pone el acento en la gestión del conocimiento y la capacitación laboral permanente como política de Estado.
