El grupo de productores de Puerto Piray beneficiado por la ley provincial que mandó expropiar 600 hectáreas de la forestal chilena, tomarán posesión de dichos terrenos el 6 de junio. Cuestionan la demora en el cumplimiento efectivo de la ley sancionada hace un año. La Provincia está en proceso de compra, pero las tierras siguen siendo de la empresa. Advierten que harán falta unos nueve millones de pesos para concretar la transacción.
Referentes del grupo identificado como Productores Independientes de Piray (PIP) anticiparon que el viernes de la semana próxima “tomarán posesión” de las 600 hectáreas de la empresa Alto Paraná que, según indica una ley provincial sancionada a tal efecto, deberían expropiarse para ser destinadas a la producción familiar. El problema es que las tierras en cuestión todavía pertenecen a la forestal chilena y desde la Provincia consideran que una toma de hecho de los terrenos por parte de las familias de productores, podría complicar aún más una negociación que de por sí es dificultosa.
Miriam Samudio, principal dirigente del PIP, recordó que el seis de junio se cumplirá un año de la sanción de la ley mediante la cual la Provincia se comprometió a expropiar 600 hectáreas pertenecientes a la empresa chilena Alto Paraná, para entregarlas a una cooperativa compuesta por familias de productores. “Fue una ley aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados de Misiones, fruto de 10 años de luchas para enfrentar el desempleo, la pobreza, las contaminación con agrotóxicos, las enfermedades, la expulsión de comunidades por el avance del pino y la falta de oportunidades para vivir una vida digna”, recordó.
Samudio, quien representa al grupo integrado por 62 familias, lamentó que por la demora que llevó el trámite de conformación de la cooperativa, se perdió todo 2013, pero confió en que en 2014 sí podrían dedicarse a cultivar las tierras, en las que todavía hay pinos de Alto Paraná. Para lograrlo, el PIP no duda en avanzar por vía de hecho y aseguraron que el próximo viernes se apropiarán de las tierras que, según entienden, les corresponden. “Nuestra organización ya cumplió con el requisito de conformar la cooperativa que exigía la ley, ya cumplimos con nuestra parte, ahora vamos a hacer una toma pacífica de lo que nos corresponde”, indicó.
La decisión del PIP no cayó para nada bien al presidente del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI), Ricardo Maciel, quien en su rol de diputado provincial fue el principal impulsor de la ley. Indicó que los terrenos a expropiar ya fueron identificados y están cercados y el proceso de cumplir con lo que manda la ley está en marcha. Advirtió empero que una toma de hecho por parte de los productores acarrearía un retroceso en el camino administrativo que comenzó con la sanción de la ley y debería terminar con la entrega de los terrenos a la cooperativa conformada por los productores.
Explicó que se optó por avanzar en una operación de compra de las tierras de Alto Paraná, en vez de hacerlo por vía de expropiación, lo que según Maciel resultaría mucho más engorroso. Indicó que actualmente se están realizando trabajos de mensura y de tasación, pasos previos necesarios para concretar la compra.
Alertó que hasta tanto no se cumpla con la transferencia de las tierras de la chilena a la cooperativa de productores, estos no serán los titulares de los terrenos.
Otra cuestión no menor que todavía no fue resuelta, tiene que ver con el fuerte desembolso que deberá hacer la Provincia para hacerse de las 600 hectáreas –la gran mayoría forestadas- de la empresa chilena. Tomando como base un valor de 15 pesos por hectárea, el Gobierno debería destinar unos nueve millones de pesos –dinero que no está especificado de dónde saldrá- para atender el reclamo de 62 familias.
