Mediante un proyecto de Ley, el bloque del Partido Agrario y Social propuso que todos los vehículos oficiales de propiedad del Estado Provincial, comprendidos los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entes autárquicos, organismos de la Constitución y empresas con capitales estatales, lleven en ambos laterales el nombre del poder, repartición o entidad a la cual pertenecen y el correspondiente número correlativo de patrimonio, en tamaño de fácil lectura, con el fin de evitar abusos y para asegurar que sean utilizados exclusivamente para facilitar la actividad laboral de los funcionarios y/o empleados de la administración, en el desempeño de sus tareas específicas y afectados exclusivamente al cumplimiento de las funciones que desempeñan.
Además de proponer la identificación, el proyecto de ley que lleva la firma de los Legisladores Héctor “Cacho” Bárbaro y Myriam Duarte, establece que en caso de incumplimiento, los jefes de repartición serán funcional y directamente responsables por cualquier transgresión a esta prohibición. También establece el proyecto, -que ya tomó estado parlamentario-, que en caso de incumplimiento “de oficio o por denuncia formal realizada por particulares, la autoridad policial que determine la reglamentación procederá a secuestrar la unidad en infracción hasta tanto se dé cumplimiento a lo establecido en la presente Ley”.
“La propuesta pretende ser una herramienta para evitar abusos por parte de funcionarios o empleados jerárquicos que según denuncian permanentemente los ciudadanos, suelen usar los vehículos para cuestiones particulares, como llevar a los hijos al colegio o hacer las compras en el supermecado, a la vista de todos y con total impunidad, lo que acrecienta el descontento de la población porque cada vehículo que se usa para cuestiones particulares conlleva gastos de combustible pagado por el Estado, y gastos de mantenimiento que encarecen la inversión estatal en el parque automotor oficial”, señaló Bárbaro, autor de la iniciativa.
Responsabilidad funcional
Una de las novedades de la propuesta legislativa la constituye el hecho de que cualquier ciudadano podrá denunciar el mal uso del vehículo y el incumplimiento de la norma, debiendo la policía ordenar el secuestro del coche hasta tanto se cumpla lo establecido. La otra novedad la establece el hecho de que la violación de las disposiciones importará “falta grave y hará pasible a sus autores directos y funcionales, de las sanciones disciplinarias previstas en el Reglamento para el Personal de la Administración Provincial”.
