Leves condenas para acusados de explotación sexual de dos misioneras

Tres integrantes de una familia fueron condenados por el delito de trata de personas, en un caso juzgado por el Tribunal Federal de Corrientes, a partir de la denuncia de dos víctimas misioneras que fueron obligadas a prostituirse.      El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes conformado por los jueces Víctor Alonso, Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Ceroleni, condenó a cuatro años y seis meses de prisión con cumplimiento efectivo a Ricardo López Atrio; tres años de prisión en suspenso a su hija, Ana Miriam López Bravo, y a tres años de prisión en suspenso a la pareja de López Atrio, Elisabel De Avila.     En su alegato el fiscal federal Carlos Schaeffer había solicitado condenas de entre ocho y seis años de prisión.     Las víctimas, dos jóvenes de 18 y 20 años de edad oriundas de Misiones, fueron captadas con una supuesta oferta laboral, pero al llegar a Corrientes les secuestraron sus documentos de identidad y las obligaron a ejercer la prostitución en whiskerías de La Cruz y Mercedes.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes consideró que tenían pruebas para condenar a López Atrio a cuatro años y seis meses de cárcel. Y a las mujeres a tres años de prisión en suspenso, con la obligación de “realizar trabajos comunitarios no remunerados una vez por mes”, mientras dure la condena. El 29 de mayo se conocerán los fundamentos del fallo.

Esta causa se inició en 2009, meses después que R.M. y V.L. lograran escapar e hicieran la denuncia en una comisaría. Entonces contaron que una mujer llamada Rocío les ofreció contactarlas para trabajar en los prostíbulos de “El Cano”; pero nunca les aclaró que tendrían que darle a él la plata por “los pases” de 50 pesos que pagaban los hombres dispuestos a usar sus cuerpos. Ni que tenían que darle al proxeneta una comisión de 6 pesos de los 16 que pagaban esos hombres por tomar algo con ellas.

Después de viajar unos 500 kilómetros de Misiones a Corrientes, cuando llegaron López Atrio les dijo que tenían una deuda con él por el traslado. Y después esa deuda siguió creciendo, les cobraban la ropa, la comida y los medicamentos, si se tenían que atender con un médico y una multa de 50 pesos si no querían tener relaciones sexuales con alguno de los hombres que frecuentaban los prostíbulos.

Al escaparse, en diciembre de 2008, las jóvenes pudieron viajar a dedo hasta la localidad de Paso de los Libres, donde radicaron la denuncia ante la Policía Federal. El 145 es un número nacional, gratuito y anónimo para denunciar situaciones de trata de personas.



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