En 2009, una empleada del municipio de Posadas denunció al juez de Faltas Hugo Barrios por maltrato y acoso laboral ante la Comisión de Enjuiciamiento del Concejo Deliberante. Pero la presentación fue rechazada con un insólito argumento: que la trabajadora no tiene domicilio en la capital misionera y “vive y sufraga” en el municipio vecino de Garupá.
Ninfa Teresa Contreras tiene ahora 56 años y trabajaba en el Tribunal de Faltas Nº 2, que encabeza el juez Hugo Javier Barrios. El 11 de marzo de 2009 se animó a denunciar al magistrado. Según contó, el 26 de febrero el juez Barrios la convocó a su despacho. “Me empieza a agredir verbalmente en forma sumamente violenta, gritándome todo tipo de improperios, amenazándome con que me iniciaría un sumario y me trasladaría a otro sector, insultándome por mi condición de mujer, y burlándose de la muerte de mi esposo, de mi padre y de mi hermano en un accidente de tránsito dos años atrás”, denunció la mujer. “También hizo referencia a mi estado de salud, muy endeble psicológicamente en virtud de esos fallecimientos”, agregó.
La empleada consideró la agresión del magistrado como una represalia por la queja que ella –y el resto del personal del Tribunal– venían planteando por los privilegios que –según dijo– gozaban la esposa y una cuñada de Barrios, empleadas contratadas en el mismo tribunal. “Firmaban la planilla de asistencia por adelantado sin concurrir a trabajar. En cambio, el personal viejo siempre cumplió horario. Es más, yo siempre regalé media hora de mi vida porque en estos veinte años lo habitual es que llegara media hora antes de mi horario de ingreso”, describió Contreras.
Toda la situación está detallada en la denuncia que presentó –con el asesoramiento de la abogada del sindicato de empleados municipales, Myriam Gauvri– ante la Comisión de Enjuiciamiento del Concejo Deliberante de Posadas, encargada de aceptar o rechazar el pedido de destitución del juez. Pero la petición no fue admitida. Los integrantes de la Comisión alegaron que la Carta Orgánica de la comuna establece que para dar inicio a una demanda contra un funcionario público el denunciante debe ser habitante del municipio o extranjero que vote en la ciudad. Y Contreras vive en Garupá. “Es ridículo. Toda mi vida viví en Posadas. Me mudé hace algunos años. Y además, trabajo en el municipio”, señaló con indignación la mujer a este diario. La abogada presentó un recurso de amparo en el fuero laboral para exigir que el Concejo Deliberante le dé tratamiento a la denuncia. “Es increíble pero no hay ninguna instancia para apelar el rechazo en el ámbito municipal”, apuntó Gauvri, quien en los últimos años se especializó en casos de mobbing o acoso y maltrato laboral, por la cantidad de denuncias que llegaron al sindicato de empleados estatales de distintos ámbitos de la provincia de Misiones.
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