Con voto unánime la Cámara Alta convirtió en ley un plan de prevención de adicciones. La Presidenta de la Comisión de Salud Silvia Pérez (UCR) dijo que la norma abarca no solo drogas licitas o licitas, sino también el alcohol, el tabaco, alimentos, la nuevas tecnologías y las compras. También la misionera, Sandra Giménez, dijo “que es una problemática que avanza con mayor crudeza dentro de nuestra sociedad, sin discriminación de clases”. Giménez es vicepresidente de la Comisión de Salud.
Sandra Giménez dijo que es el “Estado quién debe garantizar a la comunidad los recursos necesarios para poder afrontar y salir de este flagelo, dando la posibilidad a los que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad social, de obtener herramientas para poder reintegrarse socialmente, accediendo a una mejor calidad de vida y recuperando las esperanzas propias por la vida misma”
“Por este motivo es de suma importancia contar con un Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos, referidos en esta Ley donde la inversión en la creación y capacitación para los futuros centros comunitarios de prevención en todo el territorio nacional es prioritaria para el abordaje de la problemática“, dijo Giménez, que además remarcó la importancia de los futuros centros comunitarios, “son de suma importancia tanto para la atención de las personas que necesiten tratamiento, como la promoción de la prevención a la población, brindando la información necesaria y las herramientas preventivas para trabajar de manera conjunta con distintas instituciones como son las escuelas, clubes y ONG’s. Así también brinda la contención e información necesaria para las familias que se encuentran atravesando estas situaciones, teniendo en cuenta la importancia del vínculo filiar, como base fundamental para el éxito del tratamiento”
La flamante ley contempla un Plan Integral Nacional para el Abordaje de los Consumos Problemáticos que apunta a la prevención mediante la acción directa del Estado; a asegurar la asistencia integral y gratuita, y a disponer herramientas laborales y educativas adecuadas para la contención social de los afectados.
