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Denuncian trabajo esclavo en conocidas empresas misioneras

Los delegados regional y provincial del Renatea Matias Sanchez y Ramón Enríquez, confirmaron que presentarán una demanda  ante la justicia por las condiciones de “explotación laboral extrema” en campos de Misiones y Corrientes. El jefe de gabinete, Ricardo Escobar, criticó que los responsables sean políticos que pretenden conducir la provincia. 

El ex gobernador Ramón Puerta deberá enfrentar una denuncia penal, se lo acusará de ser responsable de trata laboral. La demanda será presentada por el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) como resultado de una inspección realizada en un establecimiento propiedad del apostoleño, ubicado en Santa Inés, Garupá. Desde el Renatea calificaron como «de explotación laboral extrema» a las condiciones laborales encontradas en ese lugar.

 

 

«Estos casos siguen mostrando una realidad patética: persisten condiciones laborales infrahumanas, incluso en producciones que son propiedad de grandes empresas. En el campo de Puerta nos encontramos con trabajadores que no tenían las condiciones mínimas de seguridad e higiene, viviendo en condiciones muy precarias, durmiendo en carpas de plástico con colchones en el suelo, sin posibilidades de almacenar refrigerados sus alimentos que estaban en mal estado y sin agua potable. Se lo podría caracterizar de trata laboral, nuestra tarea como organismo es establecer sanciones a través un proceso administrativo por incumplimiento en la registración, pero también dejamos constancias de las condiciones de trabajo y de vida en los campamentos», señaló el delegado provincial del Renatea, Ramón Enríquez.

 

 

Detalló que por la constatación de trabajadores no registrados corresponde aplicar una multa. «Pero como también constatamos explotación y trabajo infantil, estamos realizando las denuncias a la justicia. La trata laboral es un delito de jurisdicción federal», indicó.

 

 

Tanto Enríquez como Sánchez recalcaron que aunque los operarios no trabajaran en relación directa con el propietario de establecimiento, sino que pertenecían a una contratista, igualmente la responsabilidad final recae sobre el titular del campo, en este caso el ex gobernador Puerta.

 

 

El delegado del Renatre en Misiones se ocupó además de desmentir al contratista Luis Díaz, quien en declaraciones a Radio Libertad había asegurado que el menor que fuera encontrado en el yerbal de Puerta no estaba trabajando sino que «hacía un mandado para su padre». Enríquez expresó en cambio que el menor de 14 años en cuestión fue hallado trabajando a la par de los mayores y estimó que habría más menores en el lugar por la cantidad de carpas que se encontraron. «Había más trabajadores de los que pudimos relevar, pero muchos escaparon ante la llegada de los inspectores», dijo Enríquez.

 

 

El jefe de Gabinete del Gobierno provincial, Ricardo Escobar,  dijo haber recibido con sorpresa la noticia. “Pensamos que estas cosas se iban erradicando definitivamente, pero hay empresarios que realmente les importa muy poco y llevan a estas situaciones infrahumanas la explotación de los trabajadores, incluso menores de edad.  Esto ha sido claramente establecido por el Renatea en Corrientes en un obraje de Wiplinger, y en el yerbal de I`Porá de Ramón Puerta, y lo que más nos preocupa en lo político es que estos dos dirigentes aspiran o  pretenden ser la salvación de la provincia, ser los puros y salvadores de la patria, pero sin embargo sus prácticas empresariales dejan mucho que desear”.

 

 

 

FJW en Corrientes

 

 

Otra empresa de una familia relacionada a la política también será denunciada  bajo la misma figura. Se trata de la firma FJW, que corresponde a las siglas José Francisco Wipplinger, padre del diputado Claudio Wipplinger. En una estancia de 17.000 hectáreas propiedad de la firma en Ituzaingó, Corrientes, el Renatea encontró a 15 trabajadores en situación de informalidad y dos menores de edad.

 

 

En este caso, los trabajadores vivían sin agua potable, ni energía eléctrica y desempeñaban sus tareas sin los elementos de trabajo que la ley exige para la forestación.

 

 

Tampoco había baños ni lugar de aseo. Dormían sobre los colchones en el piso. Y la comida, que era descontada del sueldo que recibían los peones, había que ir a buscarla a 4 kilómetros del casco de la estancia.

 

 

Asimismo, en la finca contigua, “Estancia Las Palmas”, de Pablo Enrique y Nadin Tayar, se relevó la situación de 15 trabajadores dedicados a la actividad forestal y ganadera, encontrándose en iguales condiciones de precarización laboral.

 

 

Las condiciones  que soportaban los trabajadores en la estancia de Puerta no eran más favorables: en I Porá el Renatea encontró a 32 peones rurales en viviendo en situación infrahumana. Se detectaron más de 20 carpas  que servían de refugio a los trabajadores, colchones sobre el piso en los cuales dormían, comida en descomposición, sin acceso a agua ni electricidad. Además, ningún trabajador poseía ropa de trabajo y en el lugar no existía ni baño ni cocina. Tampoco, se cumplía con las condiciones mínimas necesarias, establecidas por la Nueva Ley de Trabajo Agrario Nº 26.727.

 

 

 Según declaraciones de los trabajadores debían pagar 40 pesos por la lona para armar la carpa y 110 pesos por un kilo de carne, entre otros gastos que luego eran descontados de su sueldo. También, manifestaron que su sueldo rondaba entre los 250 a 400 pesos por tonelada de hoja verde cosechada.

 

 

 A su vez, un tarefero se encontraba en grave estado de salud con la pierna totalmente inflamada, por lo que se le dificultaba caminar con normalidad y salir del predio que quedaba a unos 11 kilómetros de la ruta más cercana. Junto a este trabajador fueron trasladados otros tres más hacia sus hogares por pedido expreso de los trabajadores.

 

Uatre, ausente

Las inspecciones del Renatre se llevaron adelante en forma conjunta con el Sindicato de Tareferos de Misiones (Sitaja) y a raíz de denuncias que fueron acercadas al organismo nacional por ese sindicato. Desde el Renatre destacaron la constante colaboración del Sitaja y de otras organizaciones que nuclean a tareferos en las tareas de control, sin embargo dejaron en claro que desde la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores, es nula la colaboración.

Sánchez explicó que la falta de comunicación con la UATRE es un problema que enfrentan todas las reparticiones estatales relacionadas con la actividad agraria del país. Lo atribuyó a la línea política que sigue el titular del sindicato, Gerónimo «Momo» Venegas quien es opositor al gobierno nacional, incluso tiene partido político propio (FE) por el cual fue candidato a diputado nacional por Buenos Aires en las últimas elecciones. 

 

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