Candelaria y el Grupo Zbikoski acordaron y el boleto costará 6,15 pesos

La empresa se comprometió a poner en marcha un servicio directo a Posadas, instalar 25 refugios en paradas y mantener una oficina para tramitar la tarjeta SUBE.

La disputa por el precio del boleto a Candelaria terminó ayer, tras un acuerdo al que arribaron el intendente de dicha localidad, Carlos Flores y representantes del grupo empresario de la familia Zbikoski, a cargo de la prestación del servicio.

Finalmente Flores accedió que se aplique la tarifa surgida desde la Comisión Ejecutiva del Transporte Integrado, que a inicios de enero había determinado un valor de 6,15 pesos para el boleto correspondiente al tramo Posadas – Candelaria.

La puesta en vigencia de la nueva tarifa depende del visto bueno del Concejo Deliberante del mencionado municipio. A la hora de cierre de la presente edición se preveía que el tema fuera tratado en la sesión de anoche.

Como parte del acuerdo alcanzado ayer, la empresa se comprometió a poner en funcionamiento una línea directa entre la histórica y la actual capital, lo que debería reducir el tiempo de viaje entre ambas localidades, una de las más reiteradas quejas de los usuarios y un reclamo que viene siendo planteado por el intendente Carlos Flores desde hace varios años.

La compañía también accedió a instalar 25 nuevos refugios en paradas ubicadas a lo largo del municipio y a facilitar la llegada de una oficina en la que los usuarios puedan tramitar la tarjeta SUBE.

 

Verano de excesos

La negativa del intendente Flores a aceptar, en una primera instancia, la tarifa de 6,15 pesos dispuesta por la Comisión Ejecutiva del Transporte Integrado generó uno de los conflictos más calientes del enero misionero.

En uno de los episodios más polémicos, la empresa aumentó de manera unilateral e inconsulta a 9 pesos el precio del boleto a Candelaria, un valor muy superior al dispuesto por la Comisión.

El episodio fue interpretado por el intendente de Candelaria y por la opinión pública, como una burda “apretada” para que el ejecutivo de ese municipio diera el brazo a torcer y autorizara el aumento pretendido por la empresa.

En un intento por justificar lo injustificable, uno de los directores de la compañía propuso luego donar al Obispado la diferencia entre la tarifa vigente y el precio irracional con el que castigaron a sus usuarios. Como era previsible, el Obispado rechazó el dinero.

 

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