Los obispos José María Arancedo y Jorge Lozano presentaron ayer el documento «El drama de la droga y el narcotráfico», en el que la Conferencia Episcopal advierte «con dolor y preocupación el crecimiento del narcotráfico en nuestro país». Además, lamentaron que el Gobierno no designe un responsable en el Sedronar, la falta de radarización y la desprotección de las fronteras.
El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y arzobispo de la Arquidiócesis de Santa Fe José María Arancedo y el obispo de Gualeguaychú y titular de la Pastoral Social de la CEA Jorge Lozano recibieron a la prensa en El Cenáculo, el recinto ubicado en Pilar donde se llevó a cabo la 106ª Asamblea Plenaria de la CEA que dio lugar a la declaración sobre «El drama de la droga y el narcotráfico«.
El documento de 13 puntos hace un preciso diagnóstico sobre el avance del narcotráfico y los delitos a él asociados, las responsabilidades, sus causas y consecuencias, e incluso ensaya una autocrítica: «como obispos somos conscientes de que no hemos sido suficientemente eficaces en promover una pastoral que convoque y contenga a adolescentes y jóvenes«. Pero también reconoce la labor de quienes «buscan una respuesta sin bajar los brazos». Al respecto, Lozano explicó: «No quisimos darle un tono quejoso al texto y decir ‘todo está mal’; hay mucha gente buena también, en los distintos niveles del Estado, dentro de las fuerzas de seguridad, de los municipios, que realmente se juegan la vida».
Para ellos, el documento también trae lo que Arancedo definió como «una palabra de apoyo a quienes sabemos que están trabajando». Sin embargo, también advirtió que el tema «no puede quedar en manos de grupos meritorios, acá hace falta del Estado… No alcanza con esa buena voluntad de que si hay problemas se encargue Cáritas de ayudarnos. Estamos hablando de un delito».
Según Lozano, los obispos quisieron centrarse «sobre todo en lo que es la expansión del narcotráfico y el delito», porque, como señala el documento, «Argentina está corriendo riesgo de pasar a una situación de difícil retorno. Si la dirigencia política y social no toma medidas urgentes, costará mucho tiempo y mucha sangre erradicar estas mafias que han ido ganando cada vez más espacio». «No es un tema localizado en una región. La preocupación proviene porque la droga se ha instalado y el narcotráfico está presente», agregó Arancedo.
El titular de la CEA fue cauto, sin embargo, al referirse a las comparaciones con países de la región: «Evidentemente que no estamos fuera del mundo. Estamos en este mundo y estamos en América. Mucha gente de México y Colombia nos dicen ‘tengan cuidado. No han llegado a estar como nosotros, pero tengan cuidado'». En el mismo sentido, el obispo de Gualeguaychú fue contundente al decir que «tenemos el riesgo de ser una Argentina peor«, «el riesgo de instalar un sistema de organización social en el cual el narcotráfico tiene una incidencia muy grande y de la cual otros países que han entrado en situaciones semejantes les ha costado muchos años y mucha sangre poder salir». «Nuestro punto de comparación debe ser lo que Argentina puede ser», sostuvo.
«Una tarea exclusiva e irrenunciable del Estado»
Si bien los obispos evitaron puntualizar críticas en el Gobierno, fueron precisos en señalar que «perseguir el delito es tarea exclusiva e irrenunciable del Estado«, algo en lo que Arancedo insistió en varias oportunidades durante la conferencia de prensa: «Lo que decimos es que estamos ante un delito y un delito lo debe combatir el Estado. La sociedad organizada a través del Estado tiene una responsabilidad primaria».
La corrupción y la complicidad son muchas veces causas de la inacción estatal, afirmaron, pero también en muchos casos dicha inacción se debe «al descuido y al mirar para otro lado». «La droga avanza con la complicidad de muchos, pero también con el silencio de muchos. Romper ese silencio nos va a ayudar», afirmó Arancedo.
Consultados por Infobae respecto de si existía un retroceso del Estado en esta materia, los obispos evitaron pronunciarse, pero sí señalaron las cuentas pendientes, que en el documento están incluidas en el apartado «Necesidad de medidas urgentes«: «la desprotección de nuestras fronteras«, «la demora en dotar de adecuados sistemas de radar a las zonas más vulnerables» y «que el organismo del Estado dedicado a coordinar las políticas públicas en esta materia (Sedronar) lleve tantos meses sin tener su responsable designado«.
Lozano explicó que, aunque sin titular, «el Sedronar sigue funcionando, pero no hay un responsable que garantice continuidad en los programas que se siguen desarrollando. Faltan tomar medidas y proyecciones de largo alcance propias de un organismo del Estado».
El titular de la Pastoral Social también reclamó por la falta de implementación efectiva de la ley 26.586, que creó, en 2009, el Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas en el ámbito del Ministerio de Educación. Según Lozano, «no se está aplicando la ley», porque «la implementación depende de un acuerdo de los ministros en el marco del Consejo Federal de Educación«, donde existen demoras en su tratamiento.
Drogas e inseguridad
Consultados sobre la relación entre drogas y delincuencia, los prelados se mostraron cautos. «Nosotros no queremos hacer una vinculación directa entre droga e inseguridad, como si los drogadictos fueran delincuentes o los delincuentes son tales porque son drogadictos. Nos parece que eso nos lleva a una identificación que es riesgosa en cuanto a una estigmatización social. Sí notamos que hay delitos que son vinculados directamente al narcotráfico, porque son peleas entre bandas para copar un territorio. Ahí hay un hecho de violencia que se genera por peleas entre grupos», explicó Lozano, al tiempo que Arancedo agregó que «la droga potencia la inseguridad, el delito, la violencia. No como única causa, pero evidentemente, la búsqueda de muchas cosas lleva a eso». (Infobae)
