En el marco del 4to Congreso Forestal Argentino y Latinoamericano se realizó un panel especial para analizar la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y representantes del sector público y privado debatieron sobre la necesidad de “derribar falsos dilemas relacionados a la conservación versus la producción” en Argentina. El panel estuvo integrado por Inés Gómez , directora de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; Julio Araujo, director de Bosques y Fauna de Santiago del Estero; Sergio Sánchez en representación de la Unión de Sindicatos de la Madera de la Republica Argentina, Nicolás Laharrague, presidente de Afoa NEA, Christian Lamiaux, secretario de la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Sergio Cardozo, presidente de REDAF Chaco
Con la premisa de “derribar falsos dilemas relacionados a la conservación versus la producción” en Argentina , se abordó el impacto de la Ley de Bosques desde diversas miradas, con una clara puesta en valor de la legislación en rasgos generales, pero también criticas y demandas. El panel estuvo integrado por Inés Gómez , directora de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación(SAyDS); Julio Araujo, director de Bosques y Fauna de Santiago del Estero; Sergio Sánchez en representación de la Unión de Sindicatos de la Madera de la Republica Argentina (USIMRA), Nicolás Laharrague, presidente de la Regional NEA de la Asociación Forestal Argentina, Christian Lamiaux, secretario de la Federación Argentina de la Industria de la Madera (Faima) y Sergio Cardozo, presidente de REDAF Chaco.
Luego de que cada uno de los integrantes del panel compartieran con los presentes su punto de vista sobre la temática y se generara un intenso debate, arribaron como principal conclusión que se debe “destacar que el trato de la Ley 26.331 así como la conciencia de preservación de los bosques en equilibrio con el medio ambiente se constituyen como puntos de importancia para la sociedad. Tratar y aplicar la ley requiere del uso, del manejo y el esfuerzo conjunto de cada uno de los que las compone, el Estado y los propietarios como así los trabajadores involucrados”, señalaron.
Por otra parte, destacaron la necesidad de seguir trabajando sobre la difusión, la capacitación de los trabajadores, las competencias laborales y los roles; trabajar en forma conjunta con la autoridad de aplicación provincial y privados en los planes de la ley 26,331; valorar y participar del debate a los sectores involucrados y sociedad en preservar la Selva Misionera; y garantizar el trabajo de las personas involucradas al sector.
Criterio nacional
La primera oradora fue la directora de Bosques de Nación, Inés Gómez, quien en principió desmitificó la idea del ambientalista que se interpone con el progreso, en ese sentido expresó la diferencia fundamentalista de la década del 80 donde el concepto era que “no se podía tocar nada”. En este sentido, indicó que aún se manejan algunos preconceptos de que la Ley de Bosques existe para “conservar y no tocar”, cuando no es así. “Esta ley está para hacer manejo adecuado del recurso, interviniendo positivamente en una serie de actividades vinculadas a los bosques nativos”, aclaró la funcionaria nacional, según se establece incluso en el Art. I de la Ley 23.331 donde establece “presupuestos mínimos de protección ambiental, aprovechamiento y manejo sostenible de los mismos”, remarcó.
Otro dato que llamó la atención en el panel fue que la directora de Bosques aseveró que existen en el país 50 millones de hectáreas que están actualmente bajo dicha ley, cuando el dato del censo nacional que se manejaba era de 33 millones. Gómez dijo que “solo existe en el país en la Categoría Roja, de máxima protección, con 10 millones de hectáreas comprendidas por 17 provincias, un 20% de las 50 millones de hectáreas que actualmente está bajo dicha ley”. Agregó que otras 10 millones estarían bajo la Categoría Verde, de baja conservación donde se pueden aprobar proyectos para realizar actividades como plantaciones forestales, ganadería y agricultura entre otras, concluyendo con 30 millones de hectáreas como el área más significativa en Categoría Amarilla : “en esta área es donde se materializa lo que nosotros estamos planteando respecto de un manejo del bosque que permita obtener un recurso financiero a todos los actores sociales pero que abogue por la perpetuidad del bosque nativo” dijo, agregando que “justamente el área Amarilla es donde se presenta el desafío de equilibrar producción y conservación”.
La funcionaria afirmó que aún no hay un desarrollo importante en la protección de bosques nativos indicando que entre 2010 y 2012 se han transferido 630 millones de pesos a las provincias, destinados en un 70% a propietarios de predios que cuenten con Plan de Manejo y Conservación, en tanto el 30% restante se destinó a las autoridades de aplicación para monitoreo de bosques y el apoyo a comunidades de pequeños propietarios o pueblos originarios sin capacidad para acceder a planes. Por último, Gómez enumeró los trabajos de capacitación y financiamiento destinados a las autoridades de aplicación, así como los programas destinados al Cambio Climático, entre otros, y cerró pidiendo el compromiso de todos los actores sociales y en particular al sector forestal.
Bosques, trabajo y cultura forestal
Seguido a la funcionaria, continuó Sergio Sánchez, representante de la USIMRA, quien expuso que “la demanda de la madera nativa está en crecimiento, es de vital importancia su preservación pero no hay que olvidar que hay una gran cantidad de personas que viven de ella”, dijo. En este sentido sostuvo que “preservando los bosques se están preservando no solo fuentes laborales sino también cuestiones que hacen a la cultura de esas familias”, explicó.
El sindicalista estimó que alrededor de 400 mil personas dependen del bosque en todo el país “pero lamentamos decir que aproximadamente un 50% de esta gente se encuentra registrada, por lo que se hace difícil saber en realidad cuanta gente vive realmente del bosque” dijo, agregando que muchos de esos trabajadores sufren explotación, por lo que aseguró que no solo hay que cuidar a los bosques sino también a su gente. Por último el sindicalista estimó que “la Ley puede ayudar a la conservación de los bosques y sus comunidades siempre y cuando el sector maderero y las autoridades de aplicación se comprometan en cumplir y hacer cumplir las leyes”, reflexionó.
Por su parte, el empresario Nicolás Laharrague valoró la vigencia de una Ley de Bosques a nivel nacional, pero advirtió sobre algunos aspectos de la legislación que “deben discutirse profundamente como la falta de la sanción de la Ley de Ordenamientos de Bosques Nativos en Entre Ríos y Buenos Aires. En ambas provincias han terminado sus proyectos de OTBN pero aún no fueron aprobadas por sus legislaturas, impidiendo que los productores que han forestado bajo la Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados, desde 2010 a la fecha puedan acceder al beneficio” dijo.
Revisión por compensación
Asimismo, Laharrague se refirió la importancia de considerar en la normativa la posibilidad de pagos de Servicios Ambientales reconociendo a los bosques los servicios que prestan a la sociedad y, además, como una manera de mejorar los incentivos para su protección.
El empresario además cuestionó el escenario actual en que “se han incorporado nuevas provincias aumentando la demanda de planes, pero el presupuesto anual fue reducido. Es necesario aumentarlo para el año 2014”, dijo.
Otro aspecto que sugirió necesario trabajar es sobre el diseño de un mecanismo liderado por Nación a través de las provincias para recabar las inquietudes y sugerencias del sector productivo respecto a la aplicación y ejecución de los planes.
Por último, el presidente de Afoa NEA se refirió a necesidad de considerar en el computo a la biodiversidad a la hora de la distribución de los fondos: “mucho se ha hablado en esta provincia sobre los beneficios que generaría esta Ley y que la misma vendría a reparar la desigualdad de una actividad productiva que ha realizado un cambio de uso de suelo por sobre aquella actividad que aún preserva y maneja los bosques de manera sustentable” explicó, agregando que “lamentablemente para el computo de los fondos de Misiones, una provincia que ha preservado más del 30% de su territorio, no se está considerando el valor de la biodiversidad ya que los fondos que llegan anualmente no alcanzan a cubrir la necesidad de todos los proyectos presentados” afirmó, reclamando que a futuro deberán reverse los montos por ser Misiones el último reducto del Bosque Atlántico Paranaense que le queda a la humanidad.
A su turno, el secretario de FAIMA, Christian Lamiaux, se refirió a la importancia de mantener no solo los bosques sino las fuentes laborales de manera sustentables, así como la cadena de valor agregado creciente cambiando el valor bruto para defender el recurso: “muchas veces la cuestión informal hace que estos productos tan valiosos sean regalados. Desde la Federación creemos que los beneficios que pueda tener hoy un empresario que compra madera barata, son poco o nada de madera para el futuro” dijo.
En tanto, en la misma línea que Laharrague, Lamiaux también criticó la asignación de fondos y solicitó un replanteo del reparto de la Ley de Bosques. “Creo que el temor que hasta el momento ha manejado el funcionario nacional en cuanto a qué hacer con el recurso por tener miedo de que realmente sea bien utilizado, lo que hace es quizás caminar para atrás, es decir, cada vez tener menos bosques”, cuestionó.
Por otra parte, admitió su sorpresa por los 50 millones de hectáreas de bosque nativos en el país que fueron mencionadas por la funcionaria de Nación. “Cuando recién empezábamos a hablar de esto eran 33 millones”, dijo. El directivo de Faima consideró que la ley esta generando desigualdades en relación a Misiones y remarcó su apoyo a la Afoa NEA en lo que respecta a que “una provincia como Misiones, que hizo tanto esfuerzo en conservación, no está recibiendo los recursos necesarios. No recibir recursos significa que propietarios que no atiendan sus propiedades termina siendo manejo espurio, intrusión y la pérdida del recurso y el bosque” expuso Lamiaux.
Conflictos sociales
Seguidamente Sergio Cardozo,presidente de REDAF, celebró la promulgación de la Ley de Bosques aunque detalló algunos puntos donde se generan dificultades como la lentitud en su proceso de aplicación, la falta de información para lograr la participación de la ciudadanía, la disparidad de criterios aplicadas por las provincias para su definición de sus ordenamientos territoriales de bosques y finalmente que el nivel de cumplimiento de la legislación a nivel provincial es relativamente bajo “ Es decir que luego de cinco años de su aplicación no se consigue ordenar la actividad de desmonte a las normas existentes”, expuso.
Cardozo también dijo que llegó a esa conclusión por el monitoreo de la superficie de los bosques nativos realizados por Nación “ y de este monitoreo también surge la fuerte concentración de los desmontes en la región chaqueña, ya que en ellos se observaron el 85% del total de área desforestada entre los años 2006 y 2011” afirmó.
Respecto a Salta mencionó que pese a la existencia de la ley entre 2008 y 2012 se desmontaron alrededor de 100 mil hectáreas, donde según el ordenamiento territorial provincial se prohíbe la actividad. En este sentido Cardozo indicó que esta tendencia solo ha sido limitada por el seguimiento permanente y la movilización de las comunidades locales recurriendo a distintas instancias exigiendo el respeto y cumplimiento de la ley. “Las comunidades locales tienen una intima relación con los bosques, esta relación viene siendo violentada fuertemente a partir del año 2000 con el avance de la deforestación, pero principalmente por la expansión de la frontera agropecuaria” explicó. En esa misma línea expuso una larga lista de conflictos por la tenencia de tierras, muchos relacionados con la vulneración de derechos al acceso de las propiedades históricas de las familias campesinas y comunidades originarias. “Estamos hablando de más de 130 mil personas y casi tres millones de hectáreas en disputa, donde la población indígena es la que tiene mayor cantidad de personas afectadas”, dijo.
A su vez, agregó que en un gran porcentaje la gente sufre amenazas o ya fue desalojada de sus tierras, finalizando su exposición aseguró que los conflictos son por el avance deforestación y que la presión sobre campesinos y comunidades aborígenes ha llegado a niveles de conflictividad tan altos que en la región chaqueña le han costado la vida a seis personas en cuatro años.
Por último afirmó que la actividad familiar genera un ingreso más regular y aún mayor que la producción en gran escala, mientras que la ganadería empresarial tiene poco potencial para reducir la pobreza, genera pocas fuentes de trabajo y compromete las futuras opciones de uso de tierra.
Institucionalidad forestal
Finalmente, el panel cerró con la exposición de Julio Araujo, director general de Bosques y Fauna de la provincia de Santiago del Estero, quien apoyándose con un sistema de diapositivas se refirió a la aplicación de la Ley 26.331. El funcionario consideró también que “hay muchas cosas que ocurren por primera vez en este país y es por eso que por primera vez nos pusimos a hablar de los presupuestos mínimos, cuestión que todavía especialistas que entienden del tema, aquellos que están en la parte jurídica, todavía no se ponen de acuerdo que es un presupuesto mínimo y cual no lo es”, indicó Araujo en el inicio de su alocución.
En rasgo generales el funcionario santiagueño destaco varios aspectos de la legislación considerando que el mayor impacto que ha generado el cambio en el uso del suelo fue el desorden con que se venían manejando los recursos “tal vez en nuestras provincias no nos hayamos detenido ley a pensar –antes de ésta ley- cómo íbamos a administrar los recursos naturales en cada una de las jurisdicciones y en buena hora que ha llegado la ley porque en forma obligatoria lo hemos tenido que hacer” sostuvo.
Araujo analizó los impactos positivos que fue generando la aplicación de la ley respecto a los ordenamientos territoriales, pero también consideró las variantes de cada territorio y las voluntades políticas para su aplicación total. En ese sentido afirmó que un gran requisito cumplido es tener instituciones fuertes acompañadas y fortalecidas desde un organismo nacional, que permitan llevar acciones al territorio, incentivos, compromisos con otras instituciones y por sobre todas las cosas la participación social ayudarán a llevar el control de los recursos.
Respecto a los conflictos por la tenencia de las tierras, el funcionario manifestó que están presentes sin necesidad de que el desmonte sea un factor determinante “que pasa con las tierras que no son ni de campesinos, ni de pueblos originarios” se preguntó Araujo y agregó “esas tierras fiscales que son ocupadas ilegalmente y cuando se recupera la tierra, también se recupera el monte”.
Por último, el funcionario santiagueño se manifestó dolido por los que sostienen que no se ha modificado nada a lo largo de cinco años de aplicación y enumeró algunos aspectos como el incremento en nuevos proyectos y superficies bajo manejo. También dijo que se generan beneficios sociales “nosotros tenemos cálculos de 3 mil empleos que se han generado en forma directa y otros tantos indirectos” afirmó calificando al dato como sostenibilidad social. Aseguró que hay un mayor control y fiscalización, finalizando su exposición con el deseo de que en un futuro aquellas faltas que tienen multas de hasta siete millones de pesos pero que terminan siendo incorporadas a los costos de producción divididas por hectáreas, pase a ser delitos ambientales, reclamando que: “alguna vez alguien tiene que ir preso por esto”, dijo en referencia a los incendios forestales entre otros actos destructivos.
