Un grupo de familias, alentado por un diputado opositor, exige expropiar 1.400 hectáreas. El Gobierno realiza un relevamiento para determinar la real ocupación.
Un grupo de productores rompió unilateralmente el diálogo con el Gobierno y realizó un piquete en el cruce de las rutas 17 y 20 en San Pedro en reclamo de una ley de expropiación de 1.400 hectáreas, que es impulsada por el diputado opositor Héctor Bárbaro. Lo llamativo es que para ayer estaba prevista una reunión con los funcionarios de la subsecretaría de Tierras y el intendente de San Pedro que no se pudo realizar por el bloqueo a la ruta.
Se trata de un grupo de unas 70 familias, que, alentados por Héctor Bárbaro, pretenden una nueva ley de expropiación de unas 1.400 hectáreas que están en manos de dos empresas. Sin embargo, la ocupación efectiva no justifica tamaña densidad y el Gobierno pretende realizar un relevamiento para ver la ocupación real de las tierras antes de avanzar en cualquier decisión.
“En San Pedro solamente este año la Provincia invirtió más de 16.000.000 de pesos para adquirir 20.000 hectáreas. Hoy con un trabaja articulado entre la subsecretaria de Tierras, el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional y municipio se está trabajando para avanzar en los procesos de regularización dominial”, explicó Jaime Ledesma, subsecretario de Tierras.
El funcionario viajó ayer a San Pero reunirse junto al intendente Miguel Dos Santos con las familias, pero no pudo concretarse el encuentro porque todos se quedaron en el piquete.
Los ocupantes piden hacerse del dominio de tierras que ocupan de la empresa Ricceri SA en el lote Q, registrado a nombre de la empresa Ricceri SA, entre los parajes Piray Guazú y Pozo Azul, ubicados sobre la Ruta Provincial Nº 20, a 35 Km del Municipio de San Pedro.
En esa localidad, la subsecretaría de Tierras viene realizando un intenso trabajo de regularización. En total, en San Pedro hay 19 mil hectáreas expropiables, a ambos márgenes de la ruta provincial 17 y una extensión similar en el departamento de Bernardo de Irigoyen, con lo que se espera resolver la situación de entre 800 y mil familias.
Ya se realizó la relocalización de unas catorce familias que recibieron un promedio de 25 hectáreas repartidas en tierras que pertenecían a la firma forestal Colonizadora, por la que el Gobierno pagó 23 millones de pesos.
