Fue una de las conclusiones a la que se llegó tras un debate entre periodistas y magistrados. El desafío de hacer realidad el derecho a la información para no caer en especulaciones que terminen dañando nuevamente a las víctimas. En la jornada de clausura de las V jornadas nacionales de asistencia a la víctima que se desarrollaron en Posadas.
Dos jornadas de intenso debate plantearon nuevas aristas en el marco del V encuentro Nacional de Asistencia a la Víctima organizado por el Consejo Federal de Oficinas de Asistencia a la Víctima del Delito. La necesidad de un sistema judicial abierto a la prensa con un intercambio fluido que despeje la difusión de información viciada de especulaciones y las estrategias reales de reparación que se destinan a las víctimas de diferentes delitos en las distintas jurisdicciones, fueron las temáticas que coparon la parada en la jornada de clausura del encuentro donde también se analizó el alcance real de las políticas públicas que abordan esta temática.
Los primeros oradores de la jornada de ayer fueron el ministro de Derechos Humanos de Misiones, Edmundo Soria Vieta quien brindó un detalle pormenorizado de las distintas estrategias de recuperación y contención a las víctimas de trata de personas que se da en la tierra colorada. Contó la experiencia que recopiló el equipo de trabajo con las 204 mujeres recuperadas donde hasta se logró que una psicóloga participe de los allanamientos con el fin de resguardar desde el inicio a las víctimas. También cómo trabajan en las casas refugio y el abordaje integral que se realiza con todo el grupo familiar en el caso de que las mujeres puedan volver a su hogar primigenio. Detalló las consecuencias de un sistema judicial lento que no da respuestas inmediatas lo que implica una logística que muchas veces carece del presupuesto necesario. Si bien destacó el esfuerzo del Estado por articular todos los programas en las distintas áreas, las becas de 1.500 pesos por seis meses a la que acceden las víctimas de trata y la merma en la cantidad de casos gracias al aumento de los controles en colaboración de las fuerzas de seguridad, advirtió que aún resta trabajo por hacer en cuanto a desnaturalizar el delito. No solamente referido a la trata sino también al abuso sexual de mujeres y niños, la violencia familiar e incluso la explotación laboral.
Reparación real
Mariana Becerra de la Defensoría del Pueblo de la Nación puso en el tapete la realidad en cifras cuanto se habla de víctimas y en el caso del delito de trata de personas donde se registran 5434 casos, menos de 100 tienen sentencia. Reflexionó sobre los procesos de reparación que deben suministrar justicia en el ejercicio efectivo de los derechos para devolverles la dignidad a las víctimas. En esa misma línea Fabiana Tuñez, Directora Ejecutiva de Casa del Encuentro planteó que para que haya una recuperación real de las víctimas el Estado debe asistirlas al menos por 5 años. Pidió un presupuesto específico que debería plantearse desde el Consejo Federal de Lucha contra la Trata y habló del proyecto que impulsan para que a los familiares de mujeres desaparecidas presuntamente por delitos de trata de personas se les extraiga una muestra de ADN a los efectos de poder cotejarlos cuando se encuentre una víctima con o sin vida, sin necesidad de trasladarlos, crear expectativas que muchas veces quedan truncas y someterlos a procesos dolorosos, «los mismos que hoy padece Susana Trimarco cuando analizan un cadáver y ella viaja a verificar si no es su hija».
En cuanto al trabajo realizado por Casa del Encuentro Tuñez contó cómo el convenio vigente con la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires (UTN) para víctimas que realizanrán un curso introductorio a la computación y a partir de abril del año próximo «esperamos llegar a casi 250 mujeres que podrán optar por distintas capacitaciones».
La Casa realiza prevención en violencia, asiste a mujeres que atraviesan situaciones de maltrato y a sus familiares, y ahora, suma «la autonomía, porque esta posibilidad de cursar un oficio a nivel universitario, con salida laboral,les permitirá generar recursos propios», destacó la dirigente femenista.
Soldadura, herrería, manufactura en cuero, electricidad y plomería serán algunos de los oficios que podrán incorporar mujeres sobrevivientes de situaciones de violencia de género, trata y explotación sexual.
«El único requisito es que sean mayores de 18 años y que sepan leer y escribir», explicó la representante de la ONG.
Diálogo con los Medios de Comunicación
Incidencia de los Medios de Comunicación en la Justicia fue el panel que tuvo como protagonistas al periodista misionero Gabriel Fusté, Liliana Hendel de FOPEA y la Red PAR, y Mariana Iglesias de Clarín. Más allá de plantear las responsabilidades de los medios en cuanto a la publicación de noticias y el cuidado que debe tenerse a la hora de velar por los derechos de las víctimas, se planteó la necesidad de entablar un diálogo entre la Justicia y la Prensa. El debate entre el derecho a la información y la libertad de expresión se reduce a cero cuando los jueces se niegan a hablar con la prensa o hay sentencias poco entendibles para el ciudadano común. La necesidad de entablar nexos y capacitar a los trabajadores de los medios surgió como ideas fuerza, además de experiencias compartidas que buscan desmitificar prácticas o creencias que lejos están del hacer cotidiano. La disyuntiva entre la búsqueda de información y hechos noticiables ante el hermetismo de la magistratura que en muchos casos es una constante. Además de la necesidad de las víctimas a que la sociedad en su conjunto repudie el hecho que la afectó como una forma más de alivio.
Misión y trabajo del Consejo Federal
Desde el año 1999, el Consejo Federal de Oficinas de Asistencia a la Víctima del Delito de la República Argentina se propone como un espacio para la reflexión y el intercambio de experiencias entre centros de todo el país, a los fines de propiciar el federalismo y elaborar políticas de acción en conjunto.
El Consejo Federal de Oficinas de Asistencia a la Víctima también contempla la elaboración de políticas que buscan fortalecer el rol de la víctima dentro del proceso penal, robusteciendo su inserción como un actor principal del proceso en el marco del sistema acusatorio, procurando evitar su “revictimización” y atendiendo de manera integral y global las problemáticas de los asistidos.
Este año se trabaja en un proyecto de Ley Nacional de los Derechos de las Víctimas, iniciativa que busca proteger a la víctima fortaleciendo y empoderando su rol como actor en el proceso judicial.
