Un proyecto de ordenanza presentado en el Concejo Deliberante pretende establecer un reglamento de Ética en el Ejercicio Público municipal, es decir “normativizar un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que ejercen la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en el ámbito de la Municipalidad de la Ciudad de Posadas”.
El concejal de la Unión Cívica Radical (UCR) Pablito Velázquez, presentó esta semana esa iniciativa ante el Concejo Deliberante Capitalino. Dentro de los argumentos que esgrimió el concejal Velázquez consideró que “es necesario que la administración pública y el Estado recuperen la confianza que una gran parte de la ciudadanía dejo de tener en las instituciones públicos y sus funcionarios. Consideramos necesario que los funcionarios públicos deben dar el ejemplo a la ciudadanía, y ejercer de una manera honorable sus cargos, anteponiendo el bien común ante sus intereses particulares”.
Deberes y prohibiciones: parientes sin idoneidad y proselitismo político
Del proyecto se extrae algunos de los elementos más importantes que se pretende hacer cumplir a los funcionarios públicos, como el “abstenerse de designar parientes para que presten servicios en los ámbitos del Municipio, prescindiendo del requisito de idoneidad”. Así también el proyecto estipula que el funcionario debe “evitar valerse de recursos, medios, facultades o prerrogativas inherentes a su función para realizar proselitismo o respaldar actividades partidarias.
Con respecto a las vinculaciones con el sector privado el proyecto estipula que un funcionario público no puede estar vinculado a personas físicas o jurídicas que gestionen o exploten concesiones o que sean proveedores del Estado Municipal; tampoco puede ser proveedor por sí o por terceros del Estado Municipal; y así mismo, la norma les prohíbe recibir directa o indirectamente privilegios originados en contratos y concesiones que celebre u otorgue la administración Nacional, Provincial o Municipal, durante su gestión”.
Sanción y organismo de Control
Otro de los aspectos a tener en cuenta del proyecto, hace referencia a las sanciones civiles y penales que deben tener los funcionarios que no se ajusten a la misma. En ese sentido el proyecto propone la creación de un órgano contralor “el que recomendará a quien corresponda por dependencia funcional la aplicación de las sanciones pertinentes”.
