Escribe Carlos Burgueño. El fondo buitre NML Elliot ofreció a la Corte Suprema de los Estados Unidos el viernes pasado negociar una quita de los intereses que le reclama a la Argentina en el juicio contra el país por la deuda aun en default desde 2001. Sin embargo no se trató de un cambio de una posición radicalizada contra el país a una actitud conciliadora para llegar a un acuerdo, sino de presentar ante ese tribunal una actitud más flexible similar a la que Argentina está planteando al reabrir indefinidamente y por tercera vez el canje de deuda, con las mismas condiciones que el llamado a reestructurar deuda impaga del 2010. Se trataría, en definitiva, no de una actitud de buena fe de parte de los acreedores que litigan contra el país, sino de un gesto hacia la Corte para mostrarse con una posición constructiva y amigable en medio de un juicio que lleva más de 10 años sin resolución final; y que el máximo tribunal debe resolver si lo acepta o no.
La estrategia del fondos buitres es demostrar que hay una posición de dialogo, con lo que no sería necesario una resolución de la Corte sino que un ámbito preparado por la Cámara de Apelaciones de Nueva York bastaría para llegar a un acuerdo definitivo. Luego, y como la segunda instancia judicial ratificó que el 100% de la razón para los demandantes contra el país, un fallo definitivo de la Cámara por orden de la Corte determinaría que los bonistas tienen la razón en reclamar el total de la deuda más intereses, con lo que cualquier reducción en sus pretensiones debe ser tomado como una actitud positiva que desde la Argentina se debería considerar.
La oferta concreta que hizo el fondo de Singer a la Corte, fue mantener los reclamos del pago del 100% del capital de los bonos impagos, y discutir una reducción del reclamo de la tasa de rendimiento impaga. Esto implica que Argentina debería pagarle al fondo que maneja Paul Singer el total de los bonos, unos U$S 900 millones, de los U$s 1.330 millones que ese fondo y otros buitres y algunos particulares le reclaman en los tribunales de los Estados Unidos a la Argentina. Si se trasladara el reclamo a la totalidad de la deuda que Argentina mantiene en default, y que casi 2/3 están en poder de fondos buitres o tenedores de bonos con posiciones radicalizadas, de los 11.000 millones de dólares en default se bajaría a aproximadamente unos U$S 8.000 millones totales; dependiendo del total del recorte del reclamo de intereses que estarían dispuestos a aceptar los fondos buitres.
Para Argentina es igualmente una posición inaceptable, ya que el reclamo se mantendría en una posición muy superior a la oferta de reestructuración de deuda 2010, donde la quita llegó al 65% del reclamo. Según la posición que el ministerio de Economía de Hernán Lorenzino le dejó en claro a los abogados Carmine Bocuzzi y Jonathan Blanckman (los profesionales del estudio Cleary, Steen, Gotlieb & Hamilton que representan al país en el juicio), es imposible aceptar una oferta menor a la del 2010; ya que de otra manera los bonistas que ingresaron al llamado de ese año y el del 2005 reclamarían el mismo dinero que se le pagaría a los fondos buitres que aún litigan, lo que elevaría el reclamo global a unos U$S 23.000 millones, sin contar los intereses adeudados. Por esto, la única posibilidad de negociar, según dejó en claro Lorenzino, es la quita del 2010 con los mismos bonos que se ofrecieron en aquel llamado. Como, de aceptarse la propuesta, no habría peligro de nuevo default técnico, los bonos podrían ser emitidos bajo jurisdicción de Wall Street. En otras palabras, la propuesta de Singer fue rechazada de plano, y tomada como algo poco serio desde Buenos Aires.
El Fondo buitre hizo la presentación a los abogados argentinos el viernes pasado, luego de pedir la suspensión de la audiencia que para ese día habían solicitado ellos mismos ante Thomas Griesa, para que el juez evaluara si el cambio de legislación para los bonos que emitirá en el nuevo canje propuesto violaban el fallo de segunda instancia.
