El intendente Jorge Lezcano aseguró que la compañía chilena paga solo el 7% de lo que abonaba en 2012. Se mostró conforme con la expropiación de 600 hectáreas de la empresa para destinarlas a producciones familiares.
La empresa forestal chilena Alto Paraná sigue ahogando financieramente al municipio de Puerto Piray, donde es la principal tenedora de tierras y además tiene un aserradero y una fábrica de tableros de partículas de madera. Así lo consignó el jefe de dicha comuna, Jorge Lezcano, quien aseguró que Alto Paraná está pagando este año sólo el 7 por ciento de lo que venía abonando en años anteriores en concepto de tasas. Planteó que la situación perjudica seriamente las finanzas del municipio, dado que la compañía es la principal contribuyente.
“Hace más de 8 meses tenemos un problema tributario, el contador y funcionarios de la empresa están tratando de cerrar un trato. Nos deben tasas desde enero a la fecha, pagan el 7 por ciento de lo que venían pagando, porque el convenio que habíamos firmado en 2008 venció en diciembre de 2012. Seguimos discutiendo, avanzamos lentamente, llegamos a algunos preacuerdos pero muy lentamente”.
La empresa se escuda en la ley 25.080, de promoción a las forestaciones, para pagar los mismos montos que hace más de diez años en concepto de tasas. Ocurre que dicha norma, además de entregar subsidios para los forestadores, también les garantiza estabilidad fiscal. Desde la comuna consideran que los efectos de esta ley no deberían aplicarse a las tasas porque la comuna nunca adhirió a dicha norma.
El beneficio fiscal de la 25.080 fue pensado para cargas con alícuotas porcentuales, como todos los impuestos nacionales y provinciales, pero tiene efectos poco menos que insólitos cuando se lo aplica sobre cargas definidas por montos fijos, como es el caso de las tasas municipales, en este caso de Puerto Piray.
Alto Paraná invoca la estabilidad fiscal incluida en la ley de promoción, para pagarle a ese municipio, el mismo monto que hace 12 años, valor que quedó notoriamente desfasado por efecto de la inflación acumulada.
Recurrir a ese vericueto legal es una política novedosa para la empresa, que en los últimos diez años siempre negoció con los municipios y llegó a acuerdos que permitieron actualizar las tasas. En diciembre pasado venció el último de estos acuerdos firmado con Puerto Piray, la empresa podría haber continuado pagando las mismas tasas que el año pasado mientras negociaba un nuevo acuerdo, en cambio prefirió retrotraer la situación a 2001, lo que le permite un ahorro de más de 90 por ciento y, por añadidura, pone contra las cuerdas a la comuna debilitando su posición en la negociación.
