El convencional constituyente de Oberá y socio de la Cooperativa de Electricidad de Oberá Limitada (CELO) Rafael Pereyra Pigerl, solicitó al síndico de la entidad que informe a los socios si hubo avances en las recomendaciones que realizó la auditoría contable y financiera contratada el año pasado, con el fin de normalizar el estado actual de desmanejo de la prestataria del servicio de energía eléctrica y agua potable. Lo hizo mediante nota formal y en base a lo que prescribe la Ley de Acceso a la Información Pública vigente en Misiones.
Los usuarios se habían movilizado en forma organizada para conocer los resultados de la auditoría y exigir a la CELO medidas paliativas ante el reiterado corte del servicio de agua, e incluso recurrieron a la justicia para lograr ser escuchados. Finalmente las autoridades de la CELO tuvieron que ceder a los reclamos e informar todo lo requerido, además de asumir el compromiso exigido por los socios en el amparo judicial que firmaron más de 800 obereños. “Para nosotros como socios fue una primera victoria comunitaria, por lo que agradecemos al juez Erasmo Acosta su compromiso y su imparcialidad para avanzar en el amparo. Sin ese compromiso de la justicia tampoco hubiéramos tenido respuestas, así que nuestro reclamo judicial se declaró abstracto porque se cumplió lo que pedíamos”, señaló el abogado Pereyra Pigerl, impulsor de la medida. “Ahora que tenemos la información sobre cómo está nuestra cooperativa y tenemos el compromiso de la entidad, necesitamos saber si se están aplicando las recomendaciones que realizó la auditoría para salir del caos y de la crisis financiera en que cayó la CELO porque si no aplican estas medidas vamos a perder a nuestra cooperativa”, agregó.
En el pedido de informes se solicitó al síndico Guillermo Monge que informe si los directivos de la CELO iniciaron el proceso de transparencia, de determinación de responsabilidades administrativas, de pago de proveedores para saldar las deudas, de regularización de la falta de respaldo documental de importantes gastos, remitos ficticios, entre tantas otras irregularidades detectadas.
Además solicitó las copias de los sumarios peticionados por la Sindicatura y la información concreta de los avances de los mismos, ya que es “imprescindible que se determinen si existen responsabilidades civiles y penales en el actual estado de desastre financiero, porque si esto no se hace no vamos a poder confiar en la recuperación de la entidad con el esfuerzo de todos”.
