Expropiaron 600 hectáreas de Alto Paraná para ponerlas a producir

Celebración. Los productores festejaron en pleno recinto la expropiación.

Celebración. Los productores festejaron en pleno recinto la expropiación.

La Cámara de Diputados sancionó por unanimidad la ley. Las tierras serán cedidas a a una asociación de productores de Puerto Piray que deberá explotarlas en forma comunitaria y las ganancias serán repartidas en partes iguales. Se usó como argumento la constitución provincial que establece el uso social de la tierra

La Cámara de Diputados aprobó anoche la expropiación de 600 hectáreas propiedad de Alto Paraná, del grupo chileno Arauco, que serán cedidas a la Asociación de Productores Independientes de Puerto Piray. Se trata de una inédita medida que le quita tierras a una de las mayores empresas forestales del mundo para entregárselas, también en una inédita decisión, a productores para que puedan trabajar la tierra de manera asociativa y no individual.

 

 

Es la primera vez que una expropiación se realiza en Misiones sin un proceso previo de ocupación. Actualmente las tierras están repletas de pinos y algunos pequeños espacios de arboleda natural y arroyos. En lugar de ceder parcelas particulares, las 250 familias deberán trabajar en forma mancomunada la tierra y repartirse después los beneficios.

 

 

La ley fue aprobada por unanimidad y declara de interés público, y sujetas a compraventa o expropiación, 600 hectáreas pertenecientes a Alto Paraná, ubicadas en los barrios Santa Teresa, Unión y Cruces de Puerto Piray. La iniciativa, presentada por Carlos Rovira y otros legisladores, además de la petición efectuada por los mismos interesados, fue convertida en ley en la sesión ordinaria de este jueves de la Cámara de Representantes. Inicialmente los productores habían pedido tres mil hectáreas con la idea de conseguir espacios propios, pero el proyecto original sólo contemplaba 300 hectáreas, mientras que el definitivo duplicó la extensión.

 

 

La ley declara de utilidad pública las 600 hectáreas y autoriza al Poder Ejecutivo a actuar en calidad de sujeto expropiante, para luego donarlas a la Asociación de Productores Independientes de Puerto Piray, quienes tendrán que constituirse en cooperativa para acceder a este beneficio, y no podrán subdividir el predio ni transferir su propiedad.

 

La autoridad de aplicación será el Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial, que tendrá la facultad de establecer la ubicación y la distribución de la superficie; además de asesorar en la coordinación de las tareas para llevar adelante la administración y explotación de las tierras; y establecer un registro de beneficiarios.

 

En los fundamentos, los autores afirman que “la iniciativa legislativa es un reconocimiento a los productores misioneros en aras de la inclusión social, dotándolos de herramientas e instrumentos para el mejor ejercicio de sus derechos”.

 

“Los Productores Independientes de Piray necesitan de tierras que les permitan llevar adelante procesos productivos sostenibles que les aseguren un presente y un futuro más digno, y salvaguardar los vínculos ancestrales con la tierra que los vio nacer”, expresan.

 

La norma aprobada unifica proyectos presentados por los diputados Carlos Rovira y Alberto Alvarez, Héctor Bárbaro, Pablo Tschirsch, Luis Pastori, Ernesto Spallanzani y Walter Molina, Marta Ferreira, Blanca Acosta, y una petición particular de los productores rurales de la localidad de Puerto Piray. 

 

“La ley reafirma el derecho de sostener a la familia con dignidad”, definía Rovira y encuentra fundamento en el texto de la Constitución provincial, que en su capítulo Tercero promueve “la colonización en tierras fiscales o los latifundios que no cumplan la función  social de la propiedad”.

 

La norma fue resistida hasta último momento por Alto Paraná, que se negaba a ceder las tierras y había rechazado varias veces un acuerdo con los productores. Hasta último momento, sus directivos se quejaron de la “base legal” del proyecto que fue sancionado por unanimidad.

 

Ahora el Estado deberá tasar las propiedades para definir la indemnización y se hará un censo definitivo de las familias que viven en el lugar.

 

 

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