El abogado Roberto Bondar, de Oberá indicó que lleva adelante una causa por extorsión contra una inspectora municipal que en los últimos días habría solicitado “una colaboración para el finde” a un joven que trabajaba en una empresa de motomandados y que, ante su negativa, ordenó el secuestro del vehículo aunque tuviera toda la documentación en regla.
Al respecto Bondar relató “en cumplimiento de su trabajo, mi cliente, un joven de 18 años, fue parado por una inspectora municipal que le pidió “colaboración para el finde”. Como es una empresa de motomandados que tiene los papeles al día, él presentó todo lo que le pidieron y no obstante, a título de venganza le quisieron secuestrar la moto. Él se negó a darle la plata porque tenía todos los papeles en regla pero le fabricaron una multa a pesar de que había entregado los papeles y le quisieron secuestrar el vehículo. También se negó a eso, entonces llamaron a la policía de Misiones, se hizo presente un móvil de la Seccional Primera y lo amenazaron con meterlo preso y propinarle una paliza en la seccional si no llevaba la moto a la Cantera por voluntad propia”.
Respecto a esto último, el abogado explicó que el procedimiento de secuestro de vehículo está prohibido en Oberá luego de que por problemas reiterativos de ese tipo de medidas se presentaran recursos a la fiscalía y se modificara el procedimiento, por lo cual ahora la persona tiene que entregar el vehículo voluntariamente con acompañamiento de la policía. “Entonces por temor no le quedó alternativa que llevarlo y como el dueño de la empresa le había dicho que no tenía que entregar el vehículo si tenía todos los papeles en regla, el joven se quedó sin trabajo”, refirió.
Asimismo, señaló que por el hecho presentaron la denuncia correspondiente y se encuentran a la espera de una respuesta de la Justicia. “Nos presentamos ante el Tribunal de Faltas para recuperar el vehículo pero no hubo respuesta hasta el momento”, agregó.
Por último indicó que en Oberá ese tipo de casos es muy habitual y que la inspectora denunciada ya habría recibido varias denuncias de ese tipo. “Es un delito grave calificado en el Código Penal como extorsión agravada porque los vehículos solo se pueden secuestrar en casos muy específicos. Creo que el Tribunal de Faltas de Oberá es una caja recaudatoria para la Municipalidad”.
(Radio Libertad 93.7 – LT4 – Red Ciudadana)
