Consecuencias del daño ambiental por intrusión en San Pedro.
Desde el Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones (Coiform) marcaron posición sobre la problemática de ocupación irregular de tierras, o intrusión de propiedades, y exponen la necesidad de crear una Mesa de Diálogo Provincial. “Hay que identificar cuál es el modelo de provincia más justo que podamos lograr por medio del diálogo. Esto debe darse en una mesa con la mayor cantidad de actores posibles, con un análisis objetivo y acorde a las leyes vigentes. Este conflicto es una oportunidad de lograr políticas de desarrollo sectoriales, que proteja el ambiente, la propiedad privada y el derecho de los misioneros a una vida digna”, señalan desde la institución.
La problemática de ocupación irregular de tierras privadas en Misiones se plantea desde hace décadas, en diferentes circunstancias, distintas instituciones provinciales tanto oficiales como privadas plantearon ópticas diversas y con varias propuestas de soluciones. Pero la realidad es que el problema mantiene su vigencia y por hechos que toman trascendencias en los medios de prensa nuevamente toman relevancia pública. “Es necesario encontrar una solución definitiva a un problema que entendemos es complejo, ya que involucra a determinados actores sociales con necesidades básicas insatisfechas, que buscan a través de la intrusión, la solución a una cuestión tan básica como sobrevivir. Pero por el camino, se van mezclando las situaciones con especuladores que buscan nada más que negocios inmobiliarios, a partir de las ventas de mejoras. O en algunos casos algo tan absurdo como tal vez un rédito político a costa del sudor y la miseria de otros”, expusieron las autoridades del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones (Coiform), Hernán Patzer y Hugo Reis.
Por otra parte, coincidiendo en que la esencia mas pura de la intrusión tiene que ver con una clara y contundente necesidad de plantear una reforma agraria acorde con la provincia, los profesionales también se suman al debate para enfocar la problemática desde lo ambiental, además de la importancia social.
“¿Hasta dónde debe llegar la frontera agrícola? ¿Hasta dónde son importantes las altas cuencas hidrográficas? ¿Hasta cuándo podemos aceptar la violación de la propiedad privada? ¿Dónde termina el derecho de algunos y empieza el derecho de otros? ¿Cuándo o dónde empieza el bien común y el derecho a un ambiente sano?”, fueron algunos de los interrogantes que se plantearon.
En ese contexto, consideran que la problemática de tierras se presenta como una oportunidad para “empezar a discutir seriamente y con responsabilidad el modelo de Provincia que deseamos”, remarcaron los profesionales. Pero insistieron en que “solamente mediante el diálogo y el consenso, en torno a un diagnóstico serio y completo de la situación, podremos llegar a un viso de solución integral”.
Mesa provincial
La problemática de intrusión de tierras es compleja, multidisciplinaria, ya que demanda de un análisis integral (político, social, económico, ambiental). “Si miramos el conflicto solamente por el hecho de un desalojo de personas de alguna propiedad, mediremos solamente una parte del problema, el impacto social, y pensaremos que es injusto. Pero seguramente también cuando observemos con la mirada sobre los sistemas de producción reales en las áreas ocupadas nos asustará el uso de fitosanitarios, la degradación del suelo o del agua, la destrucción del bosques y las condiciones de vida de la gente, y nuevamente seguiremos sintiendo que es injusto. Y es claro que tampoco hay justicia cuando tenemos una parte de nuestra sociedad con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), obligada a vivir en condiciones precarias», analizaron los profesionales. Agregaron que, “toda la normativa ambiental vigente debería aplicarse también a estas tierras ocupadas. Los Derechos consagrados en la Constitución Provincial y Nacional deberían existir para todos, pero también los Deberes. Cuando podamos entender esta cuestión de aristas diferentes, de visiones distintas según lo que nos toque estar viviendo, estaremos preparados como sociedad para buscar una solución. Por lo tanto, primero empecemos por reconocernos en nuestros derechos y deberes, todos y cada uno de los misioneros”, remarcaron.
Por otra parte, sobre los problemas derivados de la ocupación, señalaron que “no hay dudas que una sociedad que no respeta la propiedad privada, y que no se preocupa por las necesidades básicas insatisfechas de sus conciudadanos, no es una sociedad justa. Pero tampoco hay justicia cuando la ley no es la misma para todos. Y mucho menos cuando nuestros recursos naturales se destruyen en un sistema que para colmo no le sirve a nadie, ni a los propios que lo están usando”, manifestaron los representantes del Coiform.
En ese marco, expusieron la necesidad de convocar a la creación de Mesa de Diálogo Provincial, que busque identificar el “modelo de Provincia” más justo que se pueda. “No debemos temer al debate serio y con fundamento. Hay que apuntar a lograr un modelo más justo para los misioneros pero también para el ambiente que nos soporta. El diálogo debe darse con la mayor cantidad de actores posibles, en un marco de análisis objetivo y acorde a la ley vigente. Su producto puede plasmarse en políticas de desarrollo sectorial y conservación de escala provincial, que proteja el ambiente, la propiedad privada y el derecho de los misioneros a una vida digna”, concluyeron.
