El amo y sus alianzas

Escribe Juan Carlos Argüello, jefe de Redacción de Misiones On Line 

La muerte encontró a Jorge Rafael Videla donde debía estar. En la cárcel. En una celda común. Fue condenado a cadena perpetua por las atrocidades de la dictadura que encabezó con la peor de las sañas. Treinta mil desaparecidos y otros tantos muertos pesarán sobre su alma oscura, que nunca esbozó un arrepentimiento por la feroz represión desencadenada sobre jóvenes, trabajadores, intelectuales, estudiantes, obreros, y tantos otros que por aquellos años se animaban a soñar con un futuro un poco mejor. Solo él sabrá si en el último hálito de vida tuvo algún remordimiento. Pero su tumba guardará el secreto sobre el destino de miles de víctimas del terrorismo de Estado que todavía siguen siendo buscados por sus familiares.

 

 

No hay que pensar a Videla solo desde el adjetivo calificativo más repulsivo. Aunque dueño de la crueldad y decisor sobre la vida y la muerte, no estuvo solo. No fue amo, sino aliado. Videla, Massera y Agosti encabezaron aquella nefasta Junta Militar que se alzó con el poder el 24 de marzo de 1976. Pero no llegaron solos ni hicieron solos. Ejecutaron un perfecto plan cuyo objetivo central era aniquilar toda posibilidad de una sociedad más equilibrada.

 

 

La militancia social, la rebeldía juvenil, la sindicalización de los trabajadores eran los síntomas de una enfermedad que la Junta se propuso borrar para alivio de los sectores más concentrados de la economía que se veían amenazados. Todo ante la mirada de soslayo de una sociedad que se amoldó al no te metás, tuvo miedo o fue cómplice.

 

 

Fue Videla quien designó como ministro de Economía a José Alfredo Martínez de Hoz, el primer ejecutor de un plan de concentración de la riqueza en pocas manos, la desindustrialización del país, la importación del deme dos, el masivo endeudamiento y una no menor inflación. De la mano del socio honorario de la Sociedad Rural, la deuda externa  trepó hasta los 45.000 millones de dólares, un 364 por encima de la recibida. 

 

Durante los años 1977 a 1982 se registraron -según información del Banco Central- salidas de divisas por 35.102 millones de dólares. La deuda externa de las empresas privadas fue asumida por el Estado mediante el régimen de los “seguros de cambio” refinanciando y pagando (dicha deuda privada) entregando títulos públicos.

 

 

También por aquellos años, en 1982, apareció un tal Domingo Cavallo, quien fue puesto al frente del Banco Central. Émulo de Martínez de Hoz, fue más allá. Le dio vida a una de las mayores tragedias económicas de la historia nacional: la estatización de la deuda externa privada. Muchos economistas lo definieron, con ironía, como “el mayor acto de socialización” que haya ocurrido en la Argentina. A fines del ’83, el perjuicio para el Estado se estimó en 23 mil millones de dólares: más de la mitad de la deuda externa de esos años, que alcanzaba los 45.100 millones de dólares.

 

 

Lo que se conoció como “seguro de cambio” puesto en marcha durante la gestión de Cavallo al frente del Banco Central fue una garantía por la cual, en medio de un proceso de devaluación continuo, el Estado garantizaba a las empresas que en el momento en que tuvieran que pagar deudas les otorgaría dólares al mismo valor del momento en que el crédito había sido contraído.

 

 

Fueron beneficiados principalmente  514 deudores, con deudas entre 4 y 1000 millones de dólares de deuda. Por citar algunos, aparecen Cogasco, Autopistas Urbanas, Celulosa Argentina, Acindar, Banco Río, Alto Paraná, Banco de Italia y Río de la Plata, Galicia, Bridas, Alpargatas, Pérez Companc, Citibank, Dálmine Siderca, Banco Francés, Aluar, Celulosa Puerto Piray, Banco de Londres, Mercedes Benz, Ford, Loma Negra, Sideco, Chase Manhattan Bank, Bank of America, Astra y varios más. Muchos empresarios fueron después, protagonistas de las privatizaciones de Carlos Menem.

 

 

Fue durante esa etapa de desindustrialización cuando apareció la soja, cultivo que creció notablemente. A partir de este momento el cultivo de soja fue aumentando hasta ser un factor fundamental en la industria argentina, siendo además uno de los elementos de mayor producción de divisas.

 

 

Esa estructura económica fue posible gracias a la feroz represión que acallaba cualquier voz disidente. Videla no estuvo solo y no fue solo. Mucho de lo que hoy se debate tiene reminiscencias de aquello. Y las presiones sobre un modelo que ha logrado mejorar todos los indicadores sociales, se emparentan con los lamentos de los privilegiados de entonces. Especulación financiera y fuga de capitales son conceptos claves de aquella etapa que hoy se repiten, pero el Estado es el que busca evitarlas. Antes se devaluó, hoy se lo exige.   Antes fueron a los cuarteles para “salvar” al país, ahora “le toca a la Corte salvar a la República”, como dice el radical Facundo Suárez Lastra y piensan muchos más.

 

 

Por eso, quienes con la ambición del rédito electoral dicen, en cualquier medio, sin censura y con libertad, vivir en una dictadura, deberían repensar sus palabras, sobre todo para claridad de las generaciones nacidas en la democracia.

 

 

Aquella dictadura llegó para cortar de cuajo la posibilidad de un ascendente reclamo social por mejores condiciones de vida y enfrentó con la brutalidad del aparato estatal a quienes tenían la utopía de lograrlo. Y a sus familiares, amigos, conocidos, padres o hijos. El resultado fue una profunda desigualdad social, unos pocos ricos y millones de excluidos. Lo que se inició entre 1976 y 1983 se consiguió en la década de los 90, cuando se profundizó ese modelo de pocos ricos y demasiados pobres, de desindustrialización, del deme dos importado, con la fantasía del uno a uno. Mucho más cercano en el tiempo, el recuerdo es fresco. Solo hay que pensar en el estallido del 2001, epílogo de una línea argumental que se inició en aquella dictadura cívico-militar, cuyos objetivos apenas retrocedieron durante el gobierno de Alfonsín.

 

 

“Para muchos es natural que pocos se queden con las riquezas. Pero ese no es el modelo que quiere Argentina”, dijo hace unos días el gobernador Maurice Closs. Se refería a la concentración de la riqueza que había visto en la reciente misión comercial que encabezó en Dubai. Pero bien puede aplicarse al caso. Lo dijo en el contexto de una crítica a los grupos económicos que especulan para maximizar su rentabilidad, con la variable de ajuste en el agricultor o el trabajador. Se refería a los industriales del té, que pagan un precio bajo por el producto a sus proveedores. Eso pese a que el año pasado las exportaciones del té crecieron 17 por ciento en volumen -mientras que las exportaciones misioneras cayeron 27 por ciento- y generaron una facturación de 100.189.000 dólares, en tanto que los brotes se pagan en pesos devaluados por el efecto de la inflación. No fue apenas un reclamo. Closs ordenó la reunión de la Mesa del Té para solucionar los problemas de rentabilidad de los pequeños productores y les dijo a los industriales que “se han quedado con la plata de los agricultores y eso no lo podemos permitir”. El modelo que impuso la Renovación en la última década se basa mucho en el respaldo al pequeño productor, que había quedado casi desahuciado durante los 90 y lentamente va recobrando bríos para pelear mercados y animarse a nuevos productos.

 

 

Esas dos visiones, la actual, que encuentra paralelismos con el que puso en práctica el Gobierno nacional, y la de la década del 90, que tiene sus raíces en aquel golpe militar, se pondrán nuevamente en disputa en estas elecciones. Con matices, todos los partidos de la oposición apuestan por destruir al Gobierno en lugar de proponer una alternativa superadora. Sus recetas se basan en el “respeto a las instituciones”, las relaciones carnales con los organismos financieros y el ajuste como variable para equilibrar las cuentas. Pero las instituciones no son más que entes abstractos que respiran el aire de sus conductores. Sostenerlas per se como intocables, no hace más que profundizar la brecha de desigualdad. El acceso a las “instituciones” no es el mismo para el rico que para el pobre, para el que tiene contactos que para el que no.

 

 

La Renovación se presentará mañana formalmente ante los electores. A las 18 dará a conocer la lista completa de candidatos a diputados y concejales, al mismo tiempo que probablemente también se conozca el de los aspirantes a diputados nacionales. No hay demasiados detalles, pero la nómina provincial estará conformada por al menos cinco alcaldes con varios años de trayectoria en sus municipios y probablemente, algún que otro ministro.

 

 

En cuanto a los concejales, con lista única en los siete municipios, se respetó la voluntad de cada intendente, aunque se completó con los representantes de los sublemas más votados. En Posadas la lista sería encabezada por el joven Julio Vivero,  quien en las pasadas elecciones tuvo un gran desempeño con su candidatura a intendente, en lo que marcó su debut en la política.

 

 

En la oposición, hay varias alternativas, mismas caras y ganas de reelección, como el caso de Pablo Tschirsch, Claudio Wipplinger, o Héctor Bárbaro,  que buscarán seguir en sus bancas, aunque solo éste último irá por el mismo frente que en las elecciones pasadas. Los otros dos son el fiel reflejo de la atomización opositora, que no encuentra espacio en el que consolidarse. Tschirsch llegó a la política de la mano de Ramón Puerta, pasó a la Renovación, la dejó, fue cristinista, volvió a ser puertista, renegó de él y ahora es aliado del Momo Venegas, que es antiK, pero amigo de Puerta. Wipplinger llegó con Macri, se hartó de la conducción del intendente porteño y armó su propio partido. Es antikirchnerista, pero acompaña a Daniel Scioli que todavía es K. Y los que son K, terminaron dinamitando las posibilidades del partido Justicialista con una fragmentación inédita. Es el partido que más votos licuará entre distintos espacios. En cambio, el radicalismo volvió a las fuentes e irá solo. El objetivo es recuperar la identidad, dicen en el partido que lleva a Ricardo Barrios Arrechea como candidato a concejal. 

 

@JuanCArguello

 

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