Proponen sean públicas las declaraciones juradas de los funcionarios provinciales

Mediante un proyecto de Ley el Partido Agrario y Social pretende adecuar la normativa a los estándares de transparencia en la gestión y ética pública. Actualmente las declaraciones juradas son reservadas y no hay exigencias. 

 

 

Pese a que los funcionarios provinciales están obligados a presentar las declaraciones juradas sobre sus patrimonios cada año, estas declaraciones juradas tienen carácter de reservadas por lo que el ciudadano común no puede ejercer el control social sobre el crecimiento económico de estos funcionarios y realizar las eventuales denuncias sobre enriquecimiento ilícito.

Para suplir esta realidad contraria a todos los estándares de transparencia y ética pública, tanto nacionales como internacionales, el Partido Agrario y Social impulsa un proyecto de ley que modifica el artículo décimo quinto de la Ley IV-N° 21 (Antes Ley 2666), para que las declaraciones juradas pasen a ser gratuitas y de carácter público, y que toda persona física o jurídica pueda acceder a las copias impresas de las mismas, cuando las requiera ante la Fiscalía de Estado. La normativa incluye a todos los funcionarios de los tres poderes del estado provincial, tanto ejecutivo, como legislativo y judicial.

 

La norma propuesta también está acorde a la Ley de Acceso a la Información Pública, que se aprobó en la legislatura provincial el año pasado y que “resultó un avance institucional importante en Misiones en relación a la política de transparencia e información ciudadana, pero que dejó afuera a las declaraciones juradas porque era necesario primero cambiar esta ley que ahora proponemos”, señaló el autor de la iniciativa, el diputado Héctor Bárbaro.

El proyecto también dispone la creación de un sistema informático exclusivo que generará el formulario para ser completado y que además permitirá la publicación a través de una página web con acceso libre para la gente.            

“La normativa que existe a la fecha es contraria a la transparencia y para colmo, en la práctica su aplicación no ha sido efectiva porque pocos la cumplen” agregó Bárbaro. El legislador también recordó que la ley que se pretende modificar y actualizar tiene màs de 24 años de vigencia, por lo que que3dò notablemente retrasada en comparación con la legislación nacional en materia de ética pública, especialmente en relación a los principios reconocidos y sancionados a través de la Ley de Ética Pública N° 25.188 – del año 1.999-, que en su artículo 10º establece el carácter público de las declaraciones juradas patrimoniales.

“Nuestro proyecto promueve el ejercicio de un “control social” de los informes del estado patrimonial que los funcionarios públicos entre los que me incluyo, y que pasaremos a estar obligados a declarar todos nuestros bienes”, finalizó Bárbaro.

 

 

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