Derechos Humanos media para recuperar la paz social en Pozo Azul

Uno de los puntos del acta firmado entre los ocupantes de tierras en Pozo Azul y la mesa de enlace del Gobierno, intendentes y policía, fue que el ministro de Derechos Humanos, Edmundo Soria Vieta, actúe como garante de los acuerdos alcanzados para levantar el piquete en la ruta 17, en protesta por el desalojo de una propiedad privada.

 

El ministro, junto a la directora de Asuntos Jurídicos y Relaciones Institucionales, Alicia Dechat, viajó hasta San Vicente, donde se entrevistó con Demetrio Antonio Cuenca, del juzgado de Instrucción Nº 3 de San Vicente, que entiende en la causa y entabló un diálogo exitoso para recuperar la paz social en la zona.

El magistrado le mostró el expediente iniciado en 2010 por el propietario de La Colonizadora Misionera, que desde entonces buscaba recuperar la posesión plena de sus tierras. La causa, de dos cuerpos, tiene un detallado trabajo judicial, que incluyó un censo a los ocupantes, realizado por el fiscal, y varias medidas de advertencia de la necesidad de desocupar las tierras.

Cuenca coincidió en la necesidad de calmar las aguas en la zona y acordó con Soria Vieta un esquema mediante el cuál, los ocupantes de las tierras desalojadas, podrán recuperar sus pertenencias, animales e incluso cosechar su producción agraria si se está en tiempo. Se sabe que hay herramientas, ganado vacuno, porcino y gallinas, galpones con tabaco y plantaciones de maíz o mandioca. En los próximos días se dará a conocer un cronograma para que cada familia, en forma individual, pueda ir a recuperar sus pertenencias, en compañía de una comisión judicial, la Policía y la mesa de enlace.

Mediante el acuerdo entre los ocupantes y la mesa de enlace encabezada por el subsecretario de Tierras, Jaime Ledesma,  26 familias serán relocalizadas en tierras que el Estado expropió para poner en marcha una reforma agraria, con la cesión de pequeñas parcelas a quienes demuestren una ocupación real y se dediquen a la producción primaria.

 “Con Cuenca tuvimos una excelente reunión y nos dio garantías de que se trabajará por la pacificación, con la que él está de acuerdo, ya que en todo momento buscó evitar la confrontación”, indicó Soria Vieta, quien pidió una mirada apaciguadora para evitar nuevos conflictos.  

“Con el juez logramos consensuar una medida para que ingresen a los predios en forma ordenada y el administrador de la propiedad estuvo de acuerdo”, explicó el ministro. Lo que está en condiciones de cosecharse, podrá cosecharse y la Municipalidad de San Pedro aportará camiones y personal para el traslado de las pertenencias.

 

“En el marco de la ley, buscamos un trabajo consensuado con la Justicia y las distintas áreas de Gobierno para recuperar la paz”, dijo Soria Vieta, quien destacó que el juez Cuenca demoró más de un año la orden de desalojo y en diversas oportunidades instó a los ocupantes a abandonar las tierras por la vía pacífica. “Vamos a recuperar el clima de paz social, que facilite las acciones hasta que se reubiquen las familias”, aseguró el titular de la cartera de Derechos Humanos.

Además, Soria Vieta mantuvo una reunión con el defensor de los Niños, Miguel Molina, con quien analizaron la situación de los más pequeños, afectados también por el desalojo. Por un lado, los hijos de los ocupantes y por otro, chicos que fueron impedidos de llegar a la escuela por el bloqueo de la ruta 17. Ante esta situación, Soria Vieta planteará a su par del ministerio de Educación, reforzar toda la asistencia necesaria a las escuelas de la zona, como útiles escolares o vestimenta para los alumnos, además de módulos especiales para recuperar los días de clases perdidos. 

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