Hasta última hora de ayer se mantenía el paro a pesar que la nación decretó un incremento de 23% para los trabajadores. Desde el sector empresario reiteraron que resultaría imposible incrementar los salarios de los trabajadores del volante. El Gobierno amenazó con duras sanciones para las transportistas y el sindicato si la medida de fuerza no se levanta.
Las terminales de ómnibus de Posadas e Iguazú se convirtieron este fin de semana en una gran sala de espera, en la que cientos de personas aguardaron infructuosamente para abordar un servicio de larga distancia por el que ya habían pagado.
El paro nacional de choferes dispuesto por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) impidió la salida de Posadas de las más de 200 frecuencias interjuridisccionales previstas.
A pesar de la intervención del gobierno nacional, hasta última hora de ayer no se había resuelto el conflicto y las empresas no sabían cuándo volverían a salir colectivos.
Incertidumbre y fastidio fueron dos sensaciones que imperaron en la terminal de Posadas desde el jueves. Varios cientos de personas esperaron por un ómnibus que nunca salió, algunos se quedaron algunas horas y otros llegaron a pasar la noche. Los pasajeros se quejaron por la falta de respuestas concretas desde las empresas.
Los trabajadores del volante iniciaron la huelga el jueves último, luego de que su reclamo por un incremento salarial de 23 por ciento fuera negado por los empresarios del sector en el marco de paritarias. Luego de dos días de paralización total de los servicios de larga distancia en todo el país, el gobierno nacional impuso un aumento salarial del 23 por ciento, tal como exigía el sindicato.
Pero la medida dispuesta no alcanzó para terminar con la protesta, ya que desde el sector empresario no garantizaron el pago del aumento concedido por el gobierno y pidieron que vuelvan los subsidios al gasoil.
La respuesta oficial no tardó en llegar, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, amenazó con aplicar sanciones contra las empresas y el sindicato si no se recomponen los servicios; por su parte el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, ratificó que “el fin de los subsidios en el transporte de larga distancia es una política de no retorno”.
El titular de UTA, Roberto Fernández, declaró a medios nacionales que el sindicato no fue notificado de la resolución de la Nación y anticipó que el paro no se terminaría hasta que no se garantice que las empresas pagarán el aumento.
Desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI) rechazaron por “inviable” el aumento decretado y anticiparon que recurrirán la decisión.
Consideran que la resolución del Gobierno no resuelve el conflicto de fondo ya que, según afirman, el sector no estará en condiciones de afrontar los costos que implicaría el aumento salarial, valor que estimaron en 70 millones de pesos mensuales.
Los empresarios afirman que atenta contra su rentabilidad la quita de los subsidios al gasoil y la escasa diferencia entre las tarifas de los servicios terrestres y las de Aerolíneas Argentinas, empresa beneficiada con millonarios subsidios estatales.
