Tierras de Alto Paraná serán expropiadas por el Estado

De vuelta al trabajo. La Legislatura inició anoche sus sesiones ordinarias.

De vuelta al trabajo. La Legislatura inició anoche sus sesiones ordinarias.

Se trata de 300 hectáreas que serán repartidas entre colonos que viven en Puerto Piray. El proyecto tomó estado parlamentario y se aprobaría en las próximas sesiones. 

La Cámara de Diputados retomó el trabajo parlamentario después del receso de verano y entre los proyectos que ingresaron, se destacan las reformas de los Códigos de Procedimiento Penal, Laboral y de Familia, elaboradas por legisladores, jueces y abogados, y la expropiación de tierras de Alto Paraná para ser repartidas entre sus ocupantes reales.

 

Después de la apertura de las sesiones, realizada el miércoles por el gobernador Maurice Closs, quien anunció una reforma agraria con la cesión de pequeñas parcelas a quienes demuestren ser ocupantes reales que se dediquen a la producción primaria, otro proyecto que va en el mismo sentido, pero presentado por el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, en conjunto con el vice, Alberto Álvarez, fue el más relevante en la noche de ayer.  Se trata de un proyecto de declaración de utilidad pública y sujeto a compraventa o expropiación de tierras de Puerto Piray, que pertenecen a la cuestionada pastera y que serán distribuidas entre los viejos ocupantes, que fueron asfixiados por el avance de los pinos.

 

Se trata de 300 hectáreas que serán cedidas a la Asociación de Productores Independientes de Puerto Piray, que previamente deberá constituirse como cooperativa. Los futuros propietarios no podrán subdividir ni reducir en su unidad de parcelamiento original sin previa autorización del Instituto de Fomento             Agropecuario e Industrial ni podrán transferir la propiedad por ningún título. Ante el incumplimiento de cualquiera de los cargos impuestos, la propiedad será revocada a favor del Estado Provincial.

 

“Es una historia que resume las deudas sociales en la Provincia, consecuencia de las políticas de los años 90, la que vive la comunidad misionera autodenominada “Productores Independientes Piray” (PIP), compuesta por los barrios Santa Teresa, Unión y Cruces del kilómetro 18 de Puerto Piray. Esas praxis políticas, generaban concentración de tierras, exclusión de trabajadores rurales por medio de la tecnificación de sus procesos, extracción excesiva de los recursos naturales, desprecio por el medio ambiente, conductas violatorias de normas como la de Bosques Protectores y Fajas Ecológicas y la Ley de Bosques.

 

Rovira recordó que el desarrollo económico-social de Puerto Piray se da a partir de la llegada de Celulosa Argentina S.A., empresa que realizó forestaciones desde 1940, luego con la puesta en marcha de la fábrica celulósica en el año 1974, se generaron puestos de trabajo para cientos de habitantes, convirtiéndola en una región forestal  muy pujante de la economía misionera. Pero fue duro con Alto Paraná, que entre 1997 y 1998 “favorecido por políticas liberales en desmedro del agro misionero, inicia el proceso de concentración de tierras”.

 

“Se pierden innumerables puestos de trabajo que llevaron consigo el éxodo rural, reduciendo la comunidad del kilómetro 18 de Puerto Piray a tan solo 240 familias, con más de cuarenta años en la zona, con un altísimo respeto por la propiedad privada, sin intrusión alguna de predios de la empresa, excluidas social y productivamente, presionadas y marginadas por el avance de extensas plantaciones forestales”, indica en los argumentos del proyecto.

 

Comparando los censos nacionales agropecuarios de 1988 y 2002, aparece como dato relevante la pérdida de cerca del treinta por ciento de chacras propiedad de campesinos en los departamentos de Iguazú, Eldorado y Montecarlo.  Eldorado pasó de tener 1.137 a 816 chacras, es decir 28 por ciento menos, Iguazú pasó de tener 568 a 390 chacras, es decir 31 por ciento menos y Montecarlo pasó de tener 762 a 585 chacras, es decir un 23 por ciento menos.

 

“La tierra debe cumplir una función social, tal como garantiza nuestra Constitución Provincial en su Artículo 51”, explicó Rovira. “Al brindar respuestas de profunda justicia social se va definiendo un estado ideológicamente inclusivo de raíz misionerista, abierto al pensamiento y necesidades de los que menos tienen. El Estado actualmente asume la función de interlocutor en el diálogo con la sociedad, en un marco político, técnico, económico, jurídico e institucional, que posibilita lograr soluciones socialmente inclusivas y ambientalmente sostenibles”.

 

Como ejemplo de las políticas asumidas conjuntamente entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, entre 2008 y 2011, se otorgaron más de 1500 títulos de propiedad, regularizando dominialmente 21.805 hectáreas rurales.

 

Durante 2012 se otorgaron más de 400 títulos de propiedad, titularizando unas 4.700 hectáreas de tierras fiscales. Entre 2007 y 2011 se adquirieron más de 22.000 hectáreas, beneficiando a 1627 familias de pequeños agricultores con una inversión de más de 16.000.000 de pesos.



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