El proyecto presentado por el presidente de la Legislatura Carlos Eduardo Rovira, acompañado por el diputado Alberto Álvarez, tomará estado parlamentario el próximo jueves en la primera sesión del año. Propone declarar de utilidad pública y sujeto a compraventa y/o expropiación, trescientas hectáreas de las más de 20 mil hectáreas que posee la firma en esa zona, pero con el requerimiento indispensable de conformarse, previamente a la transmisión de dominio, como cooperativa.
La iniciativa surgió como resultado de la visita de legisladores provinciales, a fines del año pasado, a esa localidad, para interiorizarse de la situación planteada por más de 260 familias, integrantes de la Asociación de Productores Independientes de Puerto Piray (PIP), quienes solicitan la expropiación de tierras de la Empresa Alto Paraná, para fines agrarios. Residen en los parajes Unión, Kilómetro 18, Santa Teresa y el Cruce de la ex ruta 12.
La propuesta presentada desde el Poder Legislativo propone declarar de utilidad pública y sujeto a compraventa y/o expropiación, trescientas hectáreas de las más de 20 mil hectáreas que posee la firma en esa zona, pero con el requerimiento indispensable de conformarse, previamente a la transmisión de dominio, como cooperativa.
Dicha cooperativa garantizará el trabajo en conjunto, mediante una unidad productiva, y evitará cualquier posible transferencia de titularidad, ya que de producirse esta situación, las tierras pasarán a ser propiedad del Estado.
Asimismo se prevé la asistencia a las familias, mediante los programas productivos ya existentes, con el propósito de fortalecer, a través del trabajo mancomunado, las tareas agrarias que se llevarán adelante.
En este sentido se establecerá como Autoridad de Aplicación de la Ley al Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial y se lo facultará para que en forma conjunta con un representante del Ministerio del Agro y la Producción, un representante del Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración, dos diputados de la Cámara de Representantes de la Provincia y un representante de la Municipalidad de Puerto Piray, asesoren la coordinación de las tareas para llevar adelante la administración y explotación de las tierras a favor de los actuales ocupantes.
En sus fundamentos Carlos Rovira sostiene que «esta iniciativa legislativa viene a realizar un reconocimiento a los productores misioneros en aras de la inclusión social, dotándolo de herramientas e instrumentos para el mejor ejercicio de sus derechos».
Agregó que «la situación que vive la comunidad misionera, autodenominada Productores Independientes Piray, es la historia que resume las deudas sociales en la Provincia, consecuencia de las políticas públicas de los años 90. Esas praxis políticas, generaban concentración de tierras, exclusión de trabajadores rurales por medio de la tecnificación de sus procesos, extracción excesiva de los recursos naturales, desprecio por el medio ambiente, conductas violatorias de normas jurídicas como las Leyes de Bosques Protectores y Fajas Ecológicas o la Ley de Bosques».
«Los Productores Independientes de Piray necesitan de tierras que le permitan llevar adelante procesos productivos sostenibles, que les aseguren un presente y futuro más digno y salvaguardar los vínculos ancestrales con la tierra que los vio nacer», destacó el autor de la iniciativa.
Señaló que «al brindar respuestas de profunda justicia social se va definiendo un estado ideológicamente inclusivo de raíz misionerista, abierto al pensamiento y necesidades de los que menos tienen. La tierra debe cumplir una función social, tal como garantiza nuestra Constitución Provincial en su Artículo 51 y el Estado actualmente asume la función de interlocutor en el diálogo con la sociedad, en un marco político, técnico, económico, jurídico e institucional, que posibilita lograr soluciones socialmente inclusivas y ambientalmente sostenibles».
Destacó además que «para dar una real respuesta efectiva, y a la vez un obrar ordenado, se fomenta al cooperativismo de los afectados productores, ya que bajo la organización democrática, expresada en la administración y gestión llevada a cabo a través del acuerdo de sus socios, quienes comparten las mismas necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales, se trae como consecuencia la complementación y desarrollo sustentable de los mismos».
