Luego de cinco días, los once agricultores detenidos tras el violento desalojo policial de más de 30 familias en Puente Alto (San Pedro), recuperaron anoche la libertad, tras la intervención de entidades defensoras de los derechos humanos y del partido Agrario y Social.
El diputado Héctor Bárbaro, quien acompañó a las familias afectadas por el desalojo compulsivo del pasado lunes 8 de abril ordenado por el Juez Subrogante del Juzgado de Instrucción N° 3 de San Vicente, Demetrio Antonio Cuenca, resaltó el compromiso de entidades defensoras de derechos humanos, de la subsecretaría de economía familiar de la Nación y de los periodistas y medios que estuvieron en la cobertura de los hechos desde el primer momento y lograron “que de alguna manera se vea lo que realmente pasó, porque las versiones oficiales tergiversaron y pretendieron tapar el tremendo atropello que sufrió la gente, con violencia y con un total desprecio por la dignidad de las personas”.
Bárbaro refirió que lejos de solucionarse el drama social generado, las condiciones de las familias desalojadas son cada vez peores, ya que se encuentran a la intemperie al costado de la ruta 17 bajo precarias carpas, con niños expuestos a todo tipo de inclemencias y con las pocas pertenencias húmedas. “Están a la buena de Dios, no hubo hasta el momento un intento de solución concreto que les pueda devolver un pedazo de tierra para trabajar. Lo que quieren es que se cansen y terminen viviendo en algún asentamiento en una ciudad, pero los productores no aceptan ese destino, quieren plantar para comer, recuperar los animales que la policía soltó, sus galpones y herramientas”, refirió el dirigente del PAyS.
Durante los cinco días que los colonos permanecieron presos en la comisaría de San Pedro y San Vicente “recibieron apremios de todo tipo, maltrato, violencia física y moral. Esto lo denunciamos ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que ya está interiorizada del caso y analizamos la posibilidad de un juicio político al juez”, agregó el legislador.
Finalmente Bárbaro recordó que existe una propuesta concreta de solución del conflicto destinando 600 hectáreas de Puente Alto para la reubicación, con el compromiso de los productores de liberar las restantes 10.500 que reclama la empresa Colonizadora Misionera. “Proponemos una solución similar a la que logró en el predio de Premidia, en El Soberbio, donde se adquirieron tierras con fondos del FET para solucionar el drama de las familias”.
