Los familiares y amigos de Pablo Plaul, junto a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza (APDH-LM), reclaman a la Justicia la reactivación de la causa que investigó la muerte por electrocución del joven, quien –en 2006– integraba un contingente de alumnos del colegio parroquial San Justo, que realizaba un viaje de estudios en Puerto Iguazú, Misiones.
Los magistrados intervinientes adoptaron resoluciones que «extendieron un manto de impunidad sobre los responsables del homicidio», dijeron en un comunicado, por lo tanto, » es urgente que el Juzgado de Instrucción nº3 de Iguazú –a cargo del juez Juan Pablo Fernández Rizzi, reabra el expediente; que declare la nulidad del indebido sobreseimiento al empresario Ricardo Omar Ayala y que acepte a Héctor Plaul –padre de Pablo– como ‘particular damnificado'» y así pueda actuar como querellante. Estas medidas fueron solicitadas pero los funcionarios judiciales incurrieron en demoras injustificadas.
El derecho de la víctima a participar del proceso es un derecho humano básico, de jerarquía constitucional, según lo dispuesto en el Art. 8º, inc. 1ro y 30 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, respaldado por una doctrina y jurisprudencia nacional a internacional. Sin embargo, la figura del “particular damnificado” está ausente en el Código Procesal Penal de Misiones; este tema no debe resolverse con la normativa local sino también con tratados refrendados por la Argentina. El caso fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya que cuando se cerró, no se respetaron los derechos de la víctima, indicaron.
En septiembre de 2012 una comitiva integrada por Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; Pablo Pimentel, presidente de la APDH-LM y el abogado Alejandro Bois se entrevistaron con Fernández Rissi y solicitaron la apertura de la causa archivada en agosto de 2011, sin culpables y con el sobreseimiento de los responsables del Hotel Raíces.
Es indispensable que el Poder Judicial de la provincia de Misiones garantice que se escuche a las víctimas y llegar a un juicio oral con las garantías que consagra la Constitución Nacional y los tratados sobre Derechos Humanos firmados por el país.
El 19 de octubre de 2006 Pablo Plaul, de 17 años, jugaba al vóley en el predio del Hotel Raíces, de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, cuando fue en busca de una pelota, se resbaló y al sujetarse instintivamente de una farola, ésta se desprendió y recibió una descarga eléctrica mortal. Estaba en viaje de estudios y solidario junto a sus compañeros del segundo año del Polimodal del Colegio Parroquial San Justo.
En la causa se determinó que las instalaciones del lugar que albergó a la delegación estaban sin terminar y habilitadas parcialmente, en tanto que la empresa Proterra, organizadora del viaje, incurrió en serias irregularidades. El fiscal misionero Alejandro Néstor Monzón procesó a Ricardo Omar Ayala, empresario del complejo hotelero, por “homicidio culposo” y luego, con la misma prueba, lo desprocesó. En primer lugar intervino el juez José Pablo Rivero –actual camarista penal en Oberá-, luego el juez subrogante Ricardo Rubén Gerometta, ambos del Juzgado de Instrucción nº 3 de Iguazú, IIIº Circunscripción Judicial de Misiones, que en la actualidad está a cargo del doctor Juan Pablo Fernández Rizzi.
En 2012 una delegación integrada por Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza y el doctor Alejandro Bois, viajó a Misiones. Hubo una entrevista con Fernández Rizzi en la cual reclamaron que la Justicia investigue y condene a los culpables.
Cabe destacar que se efectuaron varios reclamos judiciales a personas físicas y jurídicas. También se pidió la intervención de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires por la contratación irregular de la empresa de viajes Proterra, que investigó y sancionó al colegio Parroquial San Justo con una quita durante dos meses del subsidio estatal, por incumplimiento de la Resolución 426/06, que implica el reconocimiento de una responsabilidad concreta en la elección de la firma organizadora.
Además, hay de por medio una cuestión de ética y honestidad porque existe una demanda por calumnias e injurias contra el obispo de San Justo, monseñor Baldomero Carlos Martini, quien trató a Héctor Plaul –padre del Pablo– como “vengador y estafador”, trámite que lleva adelante el Juzgado Correccional nº 4 del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo del Juez doctor Hugo Martínez.
Familiares y amigos de Pablo Plaul realizaron marchas y diversas actividades para pedir justicia por la muerte del joven, vecino de Ciudad Evita. Incluso Héctor Plaul hizo una huelga de hambre ante la Catedral de San Justo. En 2007 se concretó una campaña solidaria denominada “Por vos, por Pablo, por todos” que destinó diez toneladas de productos para la Aldea Mbororé de Puerto Iguazú, la comunidad que iba a ser visitada por Pablo y sus 38 compañeros del segundo año del Polimodal. En el cierre de la colecta, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, expresó que “esta lucha no terminó porque la búsqueda de la Verdad y la Justicia nunca termina.”
