Evaluadoras en riesgo

Escribe Juan Carlos Argüello, jefe de Redacción de Misiones On Line 

El fiscal federal de Nueva York, Eric Schneiderman, comenzó a investigar las tres grandes agencias de calificación, Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch para determinar su actuación durante los años previos al estallido de la crisis en Estados Unidos. Esta misma semana el Departamento de Justicia de Estados Unidos interpuso una demanda civil contra Standard & Poor’s por “inflar deliberadamente calificaciones de crédito” en lo que tildó como un “fraude” que causó unos 5.000 millones de dólares en pérdidas.

 

 

La Fiscalía federal del estado de Nueva York busca con su investigación examinar las notas que otorgaron las tres grandes calificadoras a nivel mundial a los productos financieros respaldados por hipotecas antes del estallido de la burbuja inmobiliaria.

 

 

Ambos procesos podrían comenzar a revelar detalles de cómo se manejan estas “consultoras” que influyen directamente en la economía y en las decisiones políticas que se toman sobre ella. Son las que califican la deuda de países y en casos como Argentina, las que promovieron el endeudamiento que se convirtió en una gigantesca bola de nieve a mediados de los 90 y los primeros años de este siglo. Sus buenas notas impulsaron la toma de deuda de parte de la Argentina, aunque a todas luces se estaba entrando a un proceso inviable para la economía del país.

 

 

Fitch fue una de las calificadoras del endeudamiento de Misiones durante el gobierno de Ramón Puerta. Aunque la deuda crecía en forma descontrolada durante la década del 90, recién hubo una calificación negativa en 2002, después de la devaluación de la moneda, lo que hacía incobrable los abultados vencimientos en dólares de los bonos Senior y Juniors, emitidos por cien millones de dólares. Los fondos netos provenientes de la colocación de los Títulos se utilizaron para cancelar pasivos provinciales.

 

 

Los títulos de deuda Senior y Juniors fueron emitidos por un monto de U$S 80.000.000 y U$S 20.000.000 respectivamente, por un plazo de 10 años. Pagaban una tasa de interés nominal anual del 15,75 por ciento y 17,73 por ciento respectivamente, con una cesión de la Provincia del 9 por ciento de la coparticipación federal para cubrir los vencimientos.

 

 

Con la bendición de Fitch, la deuda de Misiones superó el presupuesto de un año y comprometió las finanzas hasta por lo menos el 2030. Nada dijo la consultora sobre el proceso de autorización de la toma de créditos, a espaldas de la Legislatura y superando claramente el límite constitucional de 25 por ciento del presupuesto.

 

 

Recién ahora, varios años después y tras arduas negociaciones, la deuda es un complejo manejable dentro de las variables del presupuesto.

 

 

Pero por aquellos años, tener una buena nota de Fitch, Standard & Poor’s o Moody’s era estar en el primer mundo. En el mundo financiero, que cobraba jugosas comisiones por gestionar, administrar y calificar los empréstitos, además de comisiones para entregar los créditos.

 

 

Por eso es relevante lo que suceda con los procesos de Estados Unidos y la ciudad de Nueva York. Saber con transparencia como operan las calificadoras de riesgo, permitirá entender un poco más el proceso de la deuda en Argentina y cómo se cuestionan algunos indicadores clave en el país. 

 

 

Fitch advirtió hace poco que Argentina se encaminaba a otro default y desató una ola de especulaciones. Uno de los indicadores más cuestionados tiene que ver con los datos del Indec, que definen el crecimiento de la economía y el valor de los bonos de deuda.  Lo mismo hizo Moody’s que se negó a elevar su nota sobre Argentina cuestionando la calidad de las estadísticas oficiales, su relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y su deuda en default.

 

 

Está claro que a estas calificadores de “riesgo”, les conviene mucho más que “se arregle” la deuda con los fondos buitres y que la Argentina regrese al mercado de capitales. Sus ganancias y comisiones se engrosarían. Está claro que la credibilidad del Indec se ha puesto en jaque por errores propios del Gobierno, pero mucho también tiene que ver con la presión por mostrar datos que cambian cualquier ecuación financiera.

 

 

Llamativamente, las malas notas llegaron cuando el país está en pleno proceso de desendeudamiento y pagando religiosamente los vencimientos de la deuda heredada. El mismo proceso que la Argentina padecen hoy países como España o Grecia y el mismo Estados Unidos, con deudas muy superiores a su capacidad de pago y que, sin embargo, no sufrieron advertencias sobre un estallido.

 

 

A esta altura, nadie cree en los números del Indec y sus mediciones sobre la inflación. Pero la forma en que se encare el problema también varía entre oficialismo y oposición. El Gobierno acordó con supermercados congelar los precios por dos meses. La oposición ya espera el día 61 para decir que nada cambió, o, peor aún, tira recetas de cómo evadir los precios fijos: “Conozco bien el mostrador, mañana el kilo de azúcar viene de 800 gramos”, dijo Francisco De Narváez, ex dueño de Casa Tía. La duda no aclarada por el colombiano es si aplicó el método cuando gerenciaba el supermercados y estafó así a clientes confiados.

 

 

Las críticas por los acuerdos con supermercados golpearon al Gobierno con la misma intensidad que cuando no había medidas visibles para frenar las subas. “Es reconocer que la inflación se dispara”, señalaron desde la oposición. Nadie advierte, sin embargo, que la culpa de la inflación no es únicamente del Estado. Nadie se pregunta por la imposición de precios de grandes grupos económicos, monopolios u oligopolios que afectan a toda la cadena, especialmente en el rubro alimentos. Así, obligan a toda la competencia a aumentar precios, aunque no haya demasiados indicadores lógicos que lo avalen.

 

 

Un ejemplo es la yerba mate. Los precios que reciben los productores o tareferos se mantienen congelados por varios meses e incluso, depende de qué zona, no llegan a cumplirse. Los industriales también se quejan por no poder trasladar sus mayores costos al precio ofrecido a los supermercados. Pero en las góndolas, los precios varían sin descanso, dejando pingües beneficios a los dueños de las cadenas.  Idéntica situación padecen productores de todo el país.

 

 

Un acuerdo de precios no resuelve de fondo el problema de la inflación pero moderará su impacto en el trabajador y también en las expectativas en momentos en que se negocian paritarias. Los gremios -de distintas ramas- están pidiendo incrementos de entre el 25 y 30 por ciento, pero el Gobierno y empresarios advierten que es difícil alcanzar esa suma sin poner en riesgo las propias fuentes de trabajo.

 

 

En Misiones, por ejemplo, la coparticipación en 2012 creció 23 por ciento. Pero los salarios aumentaron 38 por ciento promedio. Y sobre esa nómina salarial, se plantean ahora los incrementos. Serían necesarios más de cien millones de pesos al año para satisfacer a los sindicalistas, suma demasiado elevada para las expectativas económicas del país y las proyecciones de recaudación. La única forma sería ajustando planes de obra pública o inversiones, lo que afecta directamente a la cantidad de empleo.

 

 

Pero esa variable no está en los planes del Gobierno. La inversión pública y la recuperación del Estado han sido motores del crecimiento en los últimos años y la apuesta es ir por más.  “Recuperar los fondos de las AFJP, YPF, convenciones colectivas, 5,5 millones de puestos de trabajo, 2,5 millones de jubilados. Darle dignidad al pobrerío que teníamos antes. Esa es la propuesta: trabajar por la dignidad de los trabajadores”, anticipó en Misiones el senador Aníbal Fernández, quien incluso, jugó a la incógnita: “Nadie puede saber si no va a haber un Kirchner en la boleta. Pero la propuesta sigue siendo la misma porque esto no es por y hasta que existió Néstor Kirchner”.

 

 

Por lo pronto, esta idea de más modelo, se repetirá en 2013. Tras la reunión en enero del gobernador Maurice Closs con los 75 intendentes y el ministro de Planificación, Julio De Vido, comenzaron a definirse los planes de obras para los municipios misioneros. El viernes se cerró el financiamiento para obras por cerca de 1.200 millones de pesos, repartidos de acuerdo a los índices de coparticipación -con un extra de 30 millones para compensar a los municipios más atrasados-, que se destinarán a la construcción de viviendas, empedrado, obras de agua potable, canalización de arroyos y plazas. Se estima sostener de esta manera más de tres mil empleos directos, además de un efecto derrame en el consumo local.

 

 

En aquella reunión con De Vido, los alcaldes misioneros -incluso algunos que no están enrolados en la Renovación- se mostraron dispuestos a defender el “modelo”.

 

 

Por lo pronto no hay definiciones de cuándo se harán las elecciones para confirmar esa defensa. El Gobierno provincial mantiene la idea de desdoblar los comicios, pero dependerá en última instancia de la estrategia que defina el kirchnerismo con el objetivo de ampliar el número de legisladores.

 

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