Celulares: hablar con tarjeta cuesta hasta 6 veces más que el abono fijo

El minuto de conversación ya sale 3 pesos. En los SMS la tarifa prepaga suele valer el doble. Y hay pocos días para usar el saldo. La Auditoría General de la Nación denuncia “discriminación” hacia los sectores más pobres.

Tener un plan pospago, con Internet ilimitada y minutos libres de sobra, es un lujo que muy pocos pueden darse. Lejos de eso, según datos de las empresas, cerca del 65% de los usuarios tiene planes prepagos con tarjeta. Y así, pese al bombardeo de promociones, pagan tarifas hasta 6 veces más caras por servicios que, una vez comprados, vencen en 5 a 30 días. Por eso, desde varios sectores se describe al sistema como “perjudicial” para los clientes y “discriminatorio” hacia los más pobres.

Hoy entran en vigencia las nuevas tarifas prepagas de Claro. Las de Movistar ya rigen desde el 4 de diciembre, y las de Personal se aplicarán desde el 21 de enero. Con los nuevos valores, cada minuto de voz a otras redes ya cuesta cerca de $ 3. Es decir, entre 4 y 6 veces la tarifa que pagan clientes con planes pospagos mayores a $ 229 al mes.

Mientras, en mensajes de texto, la tarifa con tarjeta o carga virtual suele duplicar a la pospaga: cada SMS sale de 70 a 85 centavos. ¿Qué se puede hacer hoy con una tarjeta de $ 20? Poco: hablar 6 minutos a un móvil de otra firma o charlar 4 minutos y mandar 11 SMS. Con la misma plata, un usuario “premium” habla más de media hora.

Sobre esto, en un informe aprobado en octubre, la Auditoría General de la Nación (AGN) consideró que valores tan altos –calificados como “injustificados” y “discriminatorios”– dejan “desvirtuada” la finalidad del servicio prepago, que es dar acceso a los más pobres a la telefonía celular. “La relación costo-beneficio no parece adecuada ni proporcional a la de las otras modalidades”, sentenció la AGN.

Pero el organismo fue más allá y afirmó que esta modalidad resulta “perjudicial” para el usuario: “Puede entenderse desde la perspectiva de las empresas que buscan maximizar sus beneficios, pero no desde la posición de los usuarios”.

Además de las tarifas, la AGN basó esa conclusión en otros motivos. Entre ellos que, según los auditores, las compañías ocultan información a sus clientes, sin que el Gobierno actúe. “Se inunda el mercado de ofertas promocionales de bonificaciones de saldo sobre las recargas, pero no se informa su tiempo de vigencia, los servicios que operan ni el mecanismo de implementación del consumo”, opinó la AGN. Y explicó que, en varias tarjetas, “no resulta clara la descripción de los servicios”, exponen “plazos y montos diferentes al crédito que se adquiere” y no informan el plazo de uso del crédito.

Además, el organismo describe formas de computar el consumo contrarias al usuario, donde no se prioriza el saldo que vence antes. Y da a entender que los plazos de uso de las recargas son tan “exiguos” que presionan al cliente a consumir “con el fin de no desaprovechar lo legítimamente adquirido”. En este sentido, en noviembre Diputados aprobó un proyecto para que las cargas no venzan.

En una empresa, quien compra $ 10 tiene sólo 5 días para usarlos, y los créditos “de regalo” vencen en 5 a 15 días. Además, hoy la máxima duración de un saldo es de 30 días, mientras que en 2007 las tarjetas más caras vencían en tres meses.

“Al cargar la SUBE, el saldo no caduca. ¿Por qué en la telefonía móvil nuestro dinero tiene vencimiento?”, cuestionó Susana Andrada, titular del Centro de Educación al Consumidor. Y dijo que, así, un jubilado que sólo usa el celular para recibir llamados y hablar en emergencias debe cargar saldo cada mes, aunque nunca llame.

“Los más perjudicados son los más pobres, que en muchos casos no tienen acceso a una línea fija y sólo pueden recurrir al celular prepago”, añadió Héctor Polino, fundador de Consumidores Libres. En su opinión, los vencimientos de los saldos operan como “mecanismos de presión” que dan lugar a “ventas compulsivas violatorias del principio de lealtad comercial”.

Sobre algunos puntos cuestionados, la AGN le reclamó al Gobierno un control más estricto en defensa a los consumidores. Pero en otros, como en materia de tarifas, no es mucho lo que el Ejecutivo puede hacer, porque las normas vigentes dan libertad a las empresas para fijar sus precios sin control oficial.

“Por eso –contó Andrada–, esperamos que en 2013 el Congreso declare de una vez a la telefonía celular como servicio público, como lo es la telefonía fija. O que al menos haya un marco regulatorio que permita controlar los aumentos y proteger a los usuarios”.

 

(Clarín.com)

 

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