Señalizarán la Unidad Penal 7 de Resistencia por su funcionamiento en la dictadura

Hoy a las 15, en avenida Las Heras 1555, Resistencia, Chaco, se llevará a cabo un acto de señalización de la Unidad Penal N° 7 (U7), dependiente del Servicio Penitenciario Federal , como uno de los lugares de encarcelamiento de detenidos políticos durante la Dictadura Militar y donde sufrieran todo tipo de tormentos.

Esta señalización se dará,en el marco del avance producido durante este año en la investigación de crímenes de lesa humanidad , a partir del Requerimiento de Instrucción promovido por la Fiscalía Federal donde se detallan los tormentos y vejámenes y por lo que fuera detenido e indagado el Oficial Pablo Cesar Casco del Servicio Penitenciario Federal y Jefe de Guardia durante los años 1976 y 1977.

En el acceso a la cárcel se inaugurará un cartel de grandes dimensiones que describe el funcionamiento de esta unidad como prisión política durante los años previos a la última dictadura y como uno de los lugares donde permanecieron detenidos a disposición del P.E.N. siete de los militantes asesinados el 13 de diciembre de 1976 en Margarita Belén.

La actividad está organizada por esta Secretaría de Derechos Humanos, la Comisión Provincial por la Memoria de Chaco y la Secretaría de Derechos Humanos provincial, y contará con la participación de autoridades nacionales y provinciales, junto con familiares de detenidos-desaparecidos, ex presos políticos, sobrevivientes y organismos de derechos humanos, entre otras agrupaciones políticas y sociales.

Los avances en la Investigación de los Crímenes de Lesa Humanidad en U7.

Durante los primeros días del mes de Junio del corriente año , fue detenidoPablo César Casco, oficial a cargo de la Guardia del Servicio Penitenciario Federal durante la última dictadura , acusado por torturas y de participar de una asociación ilícita dedicada a cometer crímenes, bajo el amparo estatal.

La detención de Casco se logró tras un requerimiento de instrucción emitido por los fiscales, Patricio Sabadini y su par ad hoc en Derechos Humanos, Diego Vigay , dirigida contra Casco y una persona de apellido Brocas, ambos oficiales a cargo de la Guardia del Servicio Penitenciario Federal que tenían a su cargo a detenidos por razones políticas entre los años 1975 y 1980 y toda otra persona que haya actuado como co-autor, cómplice o encubridor en los hechos.

Según la presentación de la Fiscalía el Oficial Pablo César Casco, fue reconocido por un numero importante de testigos, como el jefe de la denominada “guardia dura” en la Unidad Penitenciaria Nº7 durante la última dictadura,

En la presentación se enmarcó la forma en que la dictadura operaba en el Chaco. El mecanismo consistía en la detención de personas, por parte de personal del Ejército, de la Policía del Chaco y otras fuerzas, quienes luego eran alojadas en dependencias policiales como la Brigada de Investigaciones o la Alcaidía donde sufrían todo tipo de tormentos, para ser luego trasladados a la Unidad Penitenciaria Nº7 de Resistencia.

En la U7, señalan los fiscales Sabadini y Vigay , los detenidos eran recluidos en un área restringida, destinada especialmente a presos políticos a los que llamaban ‘subversivos’ o ‘detenidos por infracción a la ley 20.840’ (ley antisubversiva) y quienes se encontraban a disposición del Juzgado Federal y/o del Área 233, que era la denominación del ámbito geográfico que comprendía a la Provincia del Chaco.

En Pabellones acondicionados específicamente para detenidos por razones políticas, separados del resto de los detenidos denominados “comunes”, donde estos padecían todo tipo de vejámenes y severidades por parte del Personal Penitenciario, en especial la denominada “Guardia dura o la Guardia de Casco”, la que se movía bajo las órdenes del Oficial Pablo César Casco, acusó la fiscalía.

Los detenidos en la unidad carcelaria sufrieron así golpizas tanto a su ingreso como así también durante su alojamiento. Castigos de manera sistemática y sin motivos, racionamiento de la comida, falta de ropa y abrigo, quita y prohibición de ingreso de cuestiones elementales como libros, radio y diarios para provocar aislamiento. También sufrieron restricciones extremas al régimen de visitas de familiares, en determinados casos fue éste el lugar donde detenidos políticos fueron vistos por última vez, para luego “desaparecer”.

Distintas víctimas que testimoniaron, tanto en la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados de la provincia, entre 1983 y 1985, como en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal de Resistencia en los juicios por la Causa Caballero 1 y la Masacre de Margarita Belén, ubicaron a Casco en la U7, como el promotor de los castigos, vejámenes, severidades que de manera exclusiva se impusieran como regla a todos los detenidos por razones políticas que pasaron por ese centro de detención.

“Entendemosquela asociación ilícita (incluye a) personal policial, médico policial, militares, funcionarios judiciales y también personal del Servicio Penitenciario Nacional” “Principalmente el oficial Casco y también en alguna medida el denominado ‘Brocas’ se hallan claramente implicados en cuanto a su participación en la actuación sistemática del terrorismo de Estado”, señalaron los fiscales.

La política nacional de señalizaciones.

La señalización de los ex centros clandestinos de detención y otros espacios vinculados con la represión ilegal visibiliza la función que cumplieron durante el terrorismo estatal y expresa en el espacio público el compromiso del Estado democrático de dar a conocer y condenar estos hechos aberrantes (en el marco de los procesos de juzgamiento a los responsables) para que nunca más vuelvan a repetirse. Asimismo, constituyen un explícito reconocimiento a las víctimas y a sus familiares.

La Red Federal de Sitios de Memoria es un organismo interjurisdiccional que, con la coordinación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, articula la gestión de políticas públicas de memoria entre el Poder Ejecutivo Nacional y las áreas estatales de derechos humanos provinciales y municipales.

Con esta nueva señalización ya son 49 las instaladas en todo el país.



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