El Inadi repudió el fallo judicial del caso Marita Verón

En referencia al enjuiciamiento por el caso Marita Verón, el Inadi manifiesta su absoluto repudio al fallo judicial emanado de la Sala 2 de la Cámara Penal de la Provincia de Tucumán conformada por los Jueces Emilio Herrera Molina, Alberto Piedrabuena y Eduardo Romero Lascano.

 

 

El interventor del INADI, Pedro Mouratian, manifestó “Fallos como estos confirman la necesaria reflexión acerca del compromiso de todos y todas para luchar por los derechos de las mujeres y erradicar, de una vez y para siempre, la trata de personas. La sociedad argentina no puede ni debe permitirse un retroceso de estas características y mucho menos mostrarse indiferencia frente a un grave delito como la trata de personas, a que no haya castigo para los culpables, y justicia para Marita Verón y tantas otras víctimas”.

 

Durante todo este proceso, que duró casi nueve meses, declararon 110 testigos algunas de ellas mujeres víctimas de trata. Pareciera innecesario referir al dolor y el padecimiento al que debe enfrentarse una víctima al momento de declarar y revivir las tremendas situaciones a las que han sido sometidas.

 

“La revictimización que supone desatender y no dar crédito a quienes demandan legítima protección de la Justicia, requiere volver a hacer hincapié en la importancia del reconocimiento real y efectivo de los derechos de las mujeres. La violencia hacia las mujeres en todas sus manifestaciones es la forma más extrema de discriminación, que vulnera el derecho a vivir una vida segura, protegida y libre de violencia. El Gobierno nacional tiene en esta tarea un gran compromiso y es así como, a través del trabajo mancomunado entre diferentes carteras estatales, se han generado instancias de protección, promoción y asistencia a mujeres y a la sociedad en su conjunto” finalizó Mouratian.

 

Mariano Antón, delegado del INADI en Misiones, expresó al respecto “la cultura machista nos atraviesa de tal manera que ni siquiera los que toman decisiones tan importantes se dan cuenta de que están ejerciendo violencia contra las mujeres, las cosifican, practican la violencia institucional y revictimizan una y otra vez a quienes esperan y merecen justicia”.

 

La batalla debe darse desde los tres poderes del Estado, en todas sus instancias territoriales. Los avances alcanzados desde el año 2003 en materia de reconocimiento de derechos y de ampliación del criterio de ciudadanía deben ser acompañados por fallos judiciales comprometidos por los derechos humanos, y concientes de que el camino hacia una igualdad real y efectiva requiere de una justicia independiente y eficaz

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