Anacronismos corporativos

Escribe Juan Carlos Argüello, jefe de Redacción de Misiones On Line 

Fue una semana cargada de tensiones. La inminencia del 7D  tuvo nerviosos al Gobierno, la Justicia y los principales medios del país. Se esperaba una definición y la definición no llegó. O sí.  La Justicia volvió a favorecer a uno de los grupos monopólicos de la información en uno de los debates clave de los últimos años. Los abogados, como siempre, tienen una biblioteca a favor y la otra en contra sobre la decisión de la Cámara, integrada por jueces denunciados por haber recibido dádivas del único grupo que confronta con la ley. Pero lo cierto es que postergar hasta la cautelar que se resuelva la cuestión de fondo, no hace más que estirar la definición de una norma sancionada por amplia mayoría hace ya tres años. Demasiado tiempo para una ley que apunta a diversificar las voces, a democratizar la palabra mucho más allá del grupo Clarín.

 

 

Y es central la demora, ya que si no se resuelve la constitucionalidad del artículo que hace a la desinversión, en la práctica, la ley no sirve para nada. Hay otros 20 grupos que deben desprenderse de licencias, la mayoría de los cuáles ya presentó su plan de adecuación, pero ahora nada se podrá avanzar hasta la decisión final, porque no se puede aplicar la ley para unos sí y para otros no.

 

 

Incluso, un socio minoritario de Clarín en Cablevisión, advirtió que el grupo debe someterse  a la ley, algo que parece no convencer demasiado a los magistrados ni a los socios principales.

 

 

La corporación judicial se atajó horas antes de conocerse la resolución de la Cámara y advirtió que la “independencia” de ese poder es vital para la democracia. Cierto. Pero la democracia es una construcción y la ley de Medios surge después de muchos años de debate, impulsada por un Gobierno respaldado socialmente. En este caso, parecen atenderse únicamente los intereses del grupo empresario y no los del Estado, que no es el Gobierno, sino esa construcción socio-temporal que genera los consensos para que las leyes sean aprobadas y aplicadas.

 

 

Pero esa mirada no es casual. La Justicia no deja de ser parte de un Estado que se crió a los golpes y que era mejor cuando casi no existía, según los patrones de moda de la política neoliberal.

 

 

Entonces, la irrupción del Estado, con fuerza, con presencia y haciéndose cargo, como sucede desde los últimos nueve años, desconcierta y molesta. Por eso, un Estado que pretende desestructurar un monopolio, no es más que una llaga para la hegemonía que no es solo cultural, sino económica y que se expresa incluso más allá de Clarín, abarcando a partidos políticos, otras empresas y poderes fácticos del país. 

 

 

Es tan grande el abrigo de esos poderes que incluso quienes votaron a favor de la ley y aspiran a gobernar alguna vez el país, se subordinan hasta con placer y actúan contradiciendo lo mismo que votaron.

 

Por ejemplo, el Socialismo votó la ley de Medios, pero esta semana Norma Morandini, que fue candidata a vice de Hermes Binner, recibió a los miembros de la SIP que vinieron a “evaluar” la calidad de la libertad de prensa en la Argentina. Evalúa un ente superior.

 

 

Pero la SIP no es un abstracto inmaculado.  Es un conglomorado de dueños de medios de comunicación del continente que basó su existencia en la defensa de intereses oligopólicos. Mantuvo convenientes silencios ante las peores dictaduras y generalmente levanta su voz contra gobiernos que se vuelcan a atender reclamos sociales.

Obviamente, sus intereses están en la defensa de las empresas, no de la libertad de expresión.

 

 

La ley de Medios fue debatida, discutida, reanalizada y vuelta a discutir. La Justicia no puede asumir el rol del legislador y parar tal o cuál ley. Porque en la práctica, esto es lo que ocurre. La ley está paralizada.

 

 

Proteger a Clarín es también dilatar que otros medios se adecuen y eso permita la aparición de nuevas voces en la Argentina.

 

 

De todos modos, la situación ha cambiado en materia jurídica. La exhortación de la Corte a acabar con las cautelares eternas, pone al juez Horacio Alfonso en la obligación de dictar una rápida sentencia (la Corte fijó habilitación de días y horas de manera que el reloj procesal del juzgado corre las 24 horas y los 365 días del año). Si considera que la ley es válida, la posición del grupo dominante se modificará radicalmente, porque aunque puede apelar a la Corte, ésta ya consideró que no hay violación alguna a la libertad de expresión, principal caballo de batalla.

 

 

Queda también la opción de que sea la Corte la que se aboque a un fallo definitivo, por el recurso de per saltum que plantea el Gobierno. Esa línea fue reclamada por varios juristas y también coincidió con el planteo el gobernador Maurice Closs, quien, desde Brasilia a donde acompañó a la presidenta Cristina Fernández en la cumbre del Mercosur, opinó que «si la Corte no toma el caso de Ley de Medios y da sentencia definitiva, su accionar es claro en favor de la estrategia dilatoria del medio», cuestionó. «La Corte debe abocarse al caso, dictar sentencia y ésta ser cumplida. La vigencia eterna de cautelares es matar la ley», aseveró.

 

 

Closs padeció esta semana el efecto del monopolio de la información. En un reportaje colectivo en Misiones había dicho que para él estaban bien ocho años y que personalmente sus aspiraciones no estaban en la línea de una re-reelección. Pero los medios porteños tomaron sus palabras como una embestida contra Cristina en el debate por la reforma constitucional y, aunque el mandatario misionero lo aclaró en varias oportunidades, no hubo corrección en Buenos Aires.

 

 

Contrariamente a lo publicado, Closs dijo que “si la Presidenta busca otro período, esta zona sabe que se lo merece”.

 

 

“Si la Presidenta busca otro período, esta zona sabe que se lo merece. No importa lo que digan los medios o instalen. Se lo que quiero para mi Provincia y mi país y uno de los valores más preciados son la verdad y la paz. Dos valores que los artífices de la vieja política quieren echar por tierra”, abundó.

 

 

Aunque ese escenario todavía no está planteado, el Gobernador expresa un respaldo que se mantuvo a lo largo del tiempo y se tradujo en votos en cada elección. Es que el modelo nacional es el que mejor le sienta a Misiones, que en paralelo toma decisiones que hacen a la autonomía provincial.

 

 

Falta mucho para llegar al 2015, pero el Gobierno sostiene el apoyo al kirchnerismo siempre y cuando se sostenga el rumbo. Y hasta ahora el rumbo es claro: en medio de la crisis global, el desempleo cayó y se mantuvo en torno al 7,5 por ciento durante todo el año, la pobreza impacta cayó al 13 por ciento de la población y el consumo interno se mantiene en alza. La economía, pese a todos los pronósticos en contra, cerrará el año con un crecimiento moderado y se espera que en 2013 vuelva a tener una fuerte reactivación.

 

 

Las elecciones legislativas de 2013 serán una prueba a superar y el panorama nacional no está todavía demasiado claro. En Misiones, en cambio, la Renovación se mantiene cohesionada y con el rumbo bien marcado.

 

 

Mañana, en la sesión de elección de autoridades de la Cámara de Diputados, su presidente, Carlos Rovira, será ratificado con contundencia. Se esperan 37 votos a favor y apenas dos o tres en contra, del radicalismo y alguno más. Pero incluso el radicalismo analizó hasta último momento votar la continuidad de Rovira al frente del parlamento.

 

 

El escenario político parece no haber variado demasiado desde la reelección del Gobernador el año pasado. Closs sacó un histórico porcentaje de votos y la oposición se repartió apenas el quince por ciento de los votos.

 

 

Hasta ahora, no aparecen señales de que algo vaya a cambiar, lo que incluso, preocupa al mismo mandatario. “Es muy peligroso por el fenómeno de la tortilla y porque no hay una contracara para el debate. No hay inteligencia enfrente”, dijo sobre la oposición.

 

 

Es que los partidos opositores no dan demasiadas muestras de un cambio seductor. El Justicialismo hizo un papelón con sus internas, que incluyó robo de documentaciones y la postergación hasta marzo del año que viene. Pero su presidente, Luis Viana, advirtió que podría no haber selección interna si “se adelantan las elecciones”. Así, continuará en el poder y podrá digitar el armado de las listas de candidatos a cargos legislativos con sus aliados, entre los que se encuentra el senador K Juan Manuel Irrazábal.

 

 

De darse esa situación, el PJ sería el mismo que en 2011 sacó el peor porcentaje de votos de la historia en Misiones.

 

 

El radicalismo tiene un proceso interno más saludable, pero poco queda de la vitalidad que supo tener en la época del bipartidismo. El PRO buscará hacerse fuerte de la mano del misionero Humberto Schiavonni, presidente del partido y mano derecha de Mauricio Macri, pero su principal aspiración para 2013 es retener la banca en el Concejo posadeño y llegar a pelear para recuperar el espacio en la Legislatura. Así como Trabajo y Progreso, el partido que conduce el ex Pro Claudio Wipplinger, el anclaje en el interior es lo más complicado, ya que carecen de despliegue territorial para disputar un número importante de votos.

 

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