Escribe Juan Carlos Argüello, jefe de Redacción de Misiones On Line
El revés que sufrieron el juez Thomas Griesa y los fondos buitres por parte de la Cámara de Apelaciones de Nueva York tuvo su impacto en la Argentina. Pero no hubo demasiados festejos. Apenas el Gobierno respiró aliviado por el mayor plazo otorgado para negociar con bonistas que con la posible reapertura del canje inicialmente rechazado. En la oposición y sobre todo, en buena parte de los medios, se mostró fastidio porque sus catastróficas proyecciones habían caído en saco roto. No fueron pocos quienes vaticinaban un nuevo default (técnico) y que nuevamente el país se quedaba “afuera del mundo”. También fueron innumerables los consejos de cómo encarar el mal momento y seducir a los fondos buitres.
El fallo de la Cámara dejó en ridículo los pronósticos de economistas y opinólogos que insisten en cambiar el rumbo de las decisiones políticas tomadas por el kirchnerismo en los últimos años. Lo que no advierten es que muchas de esas decisiones están orientadas a poner a la política por encima de las corporaciones, que miran más allá de la ortodoxia económica y que hasta ahora, los resultados indican que no hay necesidad de cambiar. En definitiva, la pulseada con los fondos buitres establece la calidad de la democracia. Se define si las corporaciones financieras -el mismo concepto se puede aplicar para otras peleas del Gobierno, como la ley de Medios- están por encima de las decisiones tomadas por las instituciones en la Argentina.
Hay una ley votada por el Congreso que reguló las negociaciones con los bonistas y permitió el canje de la deuda a la que adhirieron el 93 por ciento de los tenedores de deuda argentina. Los buitres representan al restante siete por ciento. Es ese minúsculo porcentaje el que quiere pasar por encima de las leyes votadas democráticamente y cobrar a valor nominal títulos comprados como baratijas.
Lo que no advierten los opositores al Gobierno es que un triunfo de los buitres significará una derrota para las instituciones democráticas en la Argentina y no únicamente para la administración actual. El Gobierno no es el Estado, aunque éste sea moldeado por la mirada de quienes toman las decisiones.
La Cámara neoyorkina, en cambio, le puso un freno a la ansiedad de Griesa para satisfacer la voracidad de los carroñeros. No es que sientan un especial cariño por el kirchnerismo, sino simplemente porque el fallo aplaudido aquí era casi un absurdo. Si se aplicara, automáticamente se anularía en el mundo la posibilidad de negociar deudas públicas con los acreedores. Ningún país en quiebra -y hay varios al borde- podría acordar quitas o renegociar vencimientos, ya que bastaría un Griesa suelto que ordenara pagar la totalidad de la deuda.
El recientemente designado presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), Jorge Brito, lo expresa con exactitud: “Honestamente, me parece que la posición de Griesa, desde el punto de vista jurídico, no tiene mucho asidero. Los países no pueden convocarse o quebrar, pero si lo asimilamos como una convocatoria y quiebra, el 93 por ciento de los acreedores aceptaron esto”, expresó Brito.
El titular de Adeba también señaló que “lo que tendría que haber dicho este juez es que, a los que quedaron afuera, Argentina les reabra el canje, para que cobren igual que los otros, pero nunca pueden cobrar mejor. La verdad es que es una locura”, afirmó.
La posición de Argentina es seguida con atención por otros países y recibió un contundente respaldo de la Unasur, que acordó avanzar con la imposición de límites contra los denominados buitres, que son capitales volátiles que invierten o se van, de acuerdo nada más que a sus ganancias especulativas. La propuesta argentina en Lima, donde se reunieron los presidentes de la Unasur, apunta a a la necesidad de “tener mecanismos para la reestructuración de deudas soberanas” y “la necesidad urgente de rever las calificadoras de riesgo”, que generalmente ganan con la timba financiera.
La decisión de los países latinoamericanos de apoyar la postura argentina es coherente. En los últimos años, Latinoamérica viene marcando el rumbo en cambios sociales sustanciales y a contramano de Europa o Estados Unidos que sostienen recetas económicas recomendadas por los manuales de Wall Street, baja la pobreza, la desigualdad y el desempleo.
Las estadísticas y no las del Indec, coinciden en que Latinoamérica es de las pocas regiones en el mundo que lograron mejorar la distribución de la riqueza y la situación de pobreza en la que quedaron inmersos millones durante la época dura del neoliberalismo. Los resultados de los estudios coinciden temporalmente con la crisis que padece España o Grecia, con desempleos récord que superan el 25 por ciento de la población y millones de personas en la más triste realidad: la calle.
El último estudio de la Cepal o el similar del Banco Mundial, no solo son alentadores sobre el rumbo de los países del sur americano, que en su mayoría están gobernados por presidentes que han decidido dejar de lado, en mayor o menor medida, las recetas del FMI y similares, sino que ponen a la Argentina a la cabeza de la mayoría de los indicadores.
Los niveles de pobreza en América latina mostraron en el 2011 un nuevo descenso interanual en promedio, de acuerdo con un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La Argentina, con una pobreza situada en 5,7 por ciento y una indigencia de 1,9 puntos, se posiciona como el país con los niveles más bajos de toda la región. Mientras que en términos de indigencia, sólo Uruguay muestra valores menores, según detalla este organismo dependiente de las Naciones Unidas.
Es aquí donde más se redujo la pobreza en los últimos años, donde más creció la clase media -medida a través del poder adquisitivo de los distintos salarios- y donde hubo un salto cualitativo en la distribución de la riqueza. Los resultados no son casuales, sino producto de una política construida ladrillo a ladrillo en la última década.
Por eso el fallo de Griesa era ejemplar. Era un ejemplo de “castigo” para un país que se animó a desobedecer a las reglas impuestos por el mundo financiero y por eso lo festejó tanto el establishment local, acostumbrado a quedar bien con “el mundo” (y obedecer) en lugar de atender los reclamos sociales internos.
El proceso de la deuda argentina es escandaloso, pero todavía quienes comprometieron el patrimonio del país -desde la dictadura para acá, casi todos- dan consejos sobre cómo negociar con los buitres o cómo refinanciar la deuda. Lo mismo pasa con columnistas y economistas que critican al Gobierno por no aceptar pagar la deuda sucia, mientras que cuando se generaba, miraban para otro lado.
En Misiones, la deuda pública tuvo un camino similar al del país, solo que durante los dos primeros gobiernos de la democracia, se incrementó poco y nada. Fue durante los 90 que creció casi cinco mil por ciento, al mismo tiempo que se achicaba el Estado con las privatizaciones y crecía la pobreza y el desempleo. A fines de 2002, cuando ya la Convertibilidad era historia y De la Rúa se había ido en helicóptero, la pobreza llegó a alcanzar al 70 por ciento de la población.
Los generadores de esa deuda, que se seguirá pagando por varias generaciones, se mantienen en política, ambos muy cercanos al intendente porteño, Mauricio Macri, uno como conductor de su partido, otro como aliado estratégico.
En la provincia se adoptó un modelo diametralmente opuesto al del endeudamiento crónico. Se refinanciaron esos pasivos y se apostó a una fuerte política fiscal. La premisa de vivir con lo propio de a poco va calando en la sociedad y hasta muestra sus primeros resultados. La carne es el mejor ejemplo. En lugar de importar cien kilos, ahora se traen solo 40, graficó el gobernador Maurice Closs durante la apertura de la Fiesta Provincial de la Citricultura, donde lanzó un nuevo desafío: comenzar a producir pomelos para captar mercados internacionales que están ávidos de la fruta. Para iniciar la apuesta, el Gobierno entregó créditos para plantar 800 hectáreas y recuperar otras 400.
Los resultados de la gestión en los últimos años fueron respaldados en las urnas con amplitud. Y, paradoja, mientras la Renovación crece, los demás partidos aparecen más disminuidos. “Así como está el PJ no es una opción de poder”, definió Marcos Rodríguez cuando todavía era candidato a presidir ese partido.
Pero el escándalo nuevamente paralizó la renovación interna del Justicialismo. Robo de documentos, denuncias cruzadas y una postergación de los comicios decidida in limine, dejaron a los afiliados sin poder decidir el destino partidario. La estrategia parece ser clara para la conducción actual ejercida por Luis Viana, en alianza con Juan Manuel Irrazábal. Extender los plazos hasta el límite les permitiría conservar el poder y repartir candidaturas en un grupo cercano.
La búsqueda parece ser una banca nacional, que siempre queda reservada para la minoría. Haciendo una pobre elección, igual se asegurarían un lugar para permanecer. Pero está claro que así, difícilmente puedan conquistar nuevamente las voluntades misioneras, aquellas que les eran fieles en otros años.
