Escribe Juan Carlos Argüello, jefe de Redacción de Misiones On Line
Hace unos días en esta misma columna se afirmaba que los peligrosos no son los fondos buitres, sino las hienas que se alimentan de los restos. La frase recobra valor en una semana en la que los fondos buitres, favorecidos por un fallo del juez Thomas Griesa, ocuparon buena parte de las noticias en Argentina y el mundo. En el país, los economistas del establishment, incluso aquellos que fueron responsables por acción u omisión en el endeudamiento argentino, casi festejaron la decisión del magistrado de Nueva York. Y los medios dominantes hicieron foco en los problemas que tendrá Argentina de no pagar a los holdouts, como ordena, prácticamente echándole la culpa al Gobierno por no negociar con tenedores de bonos que no entraron al canje de la deuda en default.
El foco está puesto en la reestructuración de la deuda y la responsabilidad del Estado argentino en cumplir con todos los acreedores. Casi nadie, sin embargo, pone la lupa en cómo se llegó al punto en que los fondos argentinos pueden ser embargados por un simple juez neoyorquino.
La raíz de la deuda argentina se puede hallar en los primeros años de la Patria, con Bernardino Rivadavia como presidente, que prácticamente hipotecó Buenos Aires para garantizar un préstamo de Londres al “tipo 70” -se recibían 70 pesos fuertes por cada cien tomados- con una tasa del 6 por ciento anual. El préstamo se terminó de pagar 120 años después, durante la presidencia de Juan Domingo Perón.
El mismo general declaró en ese entonces la “independencia económica”. Después, el proceso de endeudamiento se retomó, aunque con montos mínimos. Así se llegó a 1976, cuando la desaparición de miles de argentinos se conjugó con un brutal endeudamiento. Se pasó de ocho mil millones de dólares a 45 mil millones de dólares cuando se abrieron las urnas.
A partir de 1983, el ininterrumpido aumento de la deuda externa Argentina se explica por la continua refinanciación de la deuda contraída por los gobiernos militares y por la absorción de parte del Estado de la deuda privada.
Alfonsín primero aceptó asumir la deuda sin siquiera tener datos oficiales, aceptando la “buena fe” de supuestos acreedores y documentos firmados por militares.
Con Menem, además de la buena letra con los mercados y organismos financieros internacionales, la deuda se acrecentó por las privatizaciones: no sólo se regaló el patrimonio nacional como YPF o Aerolíneas, sino que se regaló sin deudas, muchas de ellas tomadas forzosamente, con créditos que no llegaban nunca a la inversión prometida. En 1993 la deuda ya era de 74.500 millones dólares y al fin del menemato, en el epílogo de la peor de las crisis por las que pasó el país, ascendía a 150.000 millones de dólares. (En Misiones, se pasó de nada a mil millones de dólares, superior a un presupuesto del año 2000).
En el ínterin, Argentina había pagado entre amortización e intereses desde 1976, nada menos que 212.280 millones de dólares.
Blindaje, megacanje y otras buenas noticias anunciaba De la Rúa antes de irse en medio del estallido.
En la semana de los cinco presidentes llegó el default, aplaudido por casi toda la dirigencia política.
Recién en 2005, Néstor Kirchner decidió comenzar a pagar si se acordaba una quita, que fue aceptada por el 93 por ciento de los tenedores de bonos, a los que se les viene cumpliendo regularmente. Solo un siete por ciento se negó a entrar al canje. Lo conforman los denominados fondos buitres, que se especializan en comprar bonos basura, a bajo valor de países o empresas en quiebra y litigar para cobrarlos a su valor nominal. No son inversores comunes, sino emporios globales de las finanzas cuyos dueños no figuran a la cabeza del directorio. A esos benefició Griesa y aplauden aquí quienes se regodean con los tropiezos que pueda dar el Gobierno, con una mirada cortoplacista que no va más allá de 2013, cuando se ponen en juego las mayorías legislativas, pensando en un 2015 que se acerca en el horizonte sin ningún candidato opositor definido.
Domingo Cavallo, responsable en tres etapas del endeudamiento da consejos sobre cómo acatar el fallo y negociar con los bonistas. Pero también en el otro extremo político, Hermes Binner que alguna vez pretende gobernar el país, dice que “luego de la posición firme de Griesa, nosotros debemos realizar otra propuesta de pago”. Lo dice el socialista Hermes Binner y no el vocero del FMI. “Si no se paga, no avanzaremos a integrarnos al mundo”, insistió el santafesino, con la misma firmeza de economistas que piden “volver a los mercados”, como si esa fuera la tabla de salvación de la Argentina.
No fue el único -aunque quizas sea el más sorprendente- representante de la oposición que aconsejó al Gobierno “negociar” o acatar el fallo y hasta culpó al kirchnerismo por llegar a esta instancia. Pero no se llega a este punto por la negativa del Gobierno de ceder ante los fondos buitres. Hay detrás toda una historia de la deuda, con pérdida de soberanía política y económica especialmente en los últimos 30 años. ¿Puede ser responsable un Gobierno que no se ha endeudado más con la banca internacional y que paga con regularidad lo que acordó pagar?
Acatar el fallo de Griesa, como sugieren Binner y otros políticos y economistas, sería admitir que cualquier juez extranjero tenga más valor que una decisión soberana. “Estaríamos presenciando un caso de una especie de colonialismo judicial”, definió el ministro de Economía, Hernán Lorenzino. Por el contrario, Argentina no debe consentir que un poder extranjero ignore una resolución legalmente adoptada y consentida por la mayoría de los acreedores
Las implicancias del fallo de Griesa serían globales. Ningún país podría realizar un canje de deuda -Grecia, España y otros países de Europa lo analizan- porque en cualquier estrado se ordenaría pagar el cien por ciento a los acreedores. ¿Para qué negociar condiciones entonces?
Como contraste, la renegociación de la deuda permitió a la Argentina recuperar independencia y decidir una fuerte política económica basada en el consumo y desarrollo interno. Así, en diez años, es el país que logró la mayor mejora en la distribución del ingreso en la última década, mientras que Estados Unidos, la Unión Europea y Japón empeoraron sus indicadores de justicia social. Latinoamérica fue la región que consiguió los mejores resultados en distribución de ingresos, liderada por la Argentina.
En la misma línea, un trabajo del Centro de Estudios de la Nueva Economía a cargo del economista Víctor Beker, dependiente de la Universidad de Belgrano, señala que a 2011, la remuneración básica nacional pasó de 2300 a 2875 pesos. Con esos datos, el mínimo el país se posicionó al tope de los pagos básicos de las economías sudamericanas, tanto en términos absolutos como en relación con la capacidad de compra en los mercados. Además, Argentina se ubicó como el país de América Latina con el mínimo no imponible de Ganancias más alto de la región, y también con el mayor nivel de progresividad en la aplicación de este tributo. Apenas uno de cada diez trabajadores es alcanzado por este impuesto, mientras que el salario promedio es de 5.448 pesos, cifra que no se encuentra gravada por este tributo.
Sin embargo, hubo un paro promovido, entre otras cosas, para elevar el mínimo no imponible de Ganancias. Es decir, por mejorar la situación de quienes más ganan en el país. En la actualidad pagan impuestos a las Ganancias el 12 por ciento de los trabajadores que más ganan en el mercado laboral. Son 1,5 millones contra otros 13 millones de trabajadores que no están alcanzados por el impuesto.
¿En qué coinciden los economistas que aplauden a Griesa y Hugo Moyano y sus nuevos socios político-sindicales? Quieren cambiar el rumbo. No quieren un Estado presente y firme que marque el rumbo. Quieren recuperar privilegios. Los primeros, con la especulación financiera, los últimos, prebendas que le dieron otros Gobiernos e incluso este, cuando la alianza era firme.
Después del 20-N y a poco de conocerse el fallo de Griesa, la presidenta Cristina Fernández lanzó un mensaje contundente: “Si no aflojan ustedes, yo tampoco voy a aflojar”. No estaba sola. La mayoría de los gobernadores, entre los que se encontraba el misionero Maurice Closs, la acompañaron en Mar del Plata, en un gesto político necesario en momentos de tanta tensión. “La Presidenta es quien más cuida a los trabajadores argentinos”, aseguró Closs tras el paro de los sindicatos opositores.
Por si fueran pocos los problemas de la Presidenta, el partido Justicialista misionero, que quiere ponerse bajo el paraguas kirchnerista, suma un nuevo escándalo a su larga lista. Después de la caída de la candidatura de la diputada nacional Julia Perié a presidir el partido, se oficializaron las listas de Marcos Rodríguez y Juan Manuel Irrazábal -el nuevo aliado del actual presidente, Luis Viana-. Pero a las pocas horas, desapareció toda la documentación de la lista de Rodríguez de la junta electoral, en una oficina que no fue forzada. También fueron destituidos dos integrantes de la Junta Electoral y se nombraron a dos reemplazantes que responden a Viana. El objetivo final sería oficializar solo a la lista de Irrazábal. Pero Rodríguez no se quedará sin hacer nada y Perié pidió una nueva intervención del PJ nacional, por lo que seguro, la interna será judicializada. O no habrá internas. Como sea, otro papelón.
