El Senado aprobó con modificaciones, y envió en segunda revisión a la Cámara de Diputados, un proyecto de ley que prevé limitar los beneficios carcelarios para condenados por violaciones seguidas de muerte.
La Cámara alta avaló por unanimidad la iniciativa que crea un régimen complementario de la Ley de Ejecución Penal de la Nación para el tratamiento de los condenados por violación, pero modificó uno de sus artículos para excluir de los beneficios por salidas transitorias a los penados por violar y luego matar a su víctima.
El proyecto establece que antes de conceder salidas transitorias o libertad condicional a los reos que hayan cometido el delito de abuso sexual, se requerirá de un informe previo por parte de un equipo interdisciplinario que se creará mediante esta ley.
También determina que el juez deberá tener conocimiento directo del condenado antes de otorgarle el beneficio y que deberá escuchar a las víctimas antes de brindarle la posibilidad de salidas transitorias o libertad condicional.
También prevé que, en caso de ser concedido, con el beneficio se deberá disponer de un acompañante o algún tipo de dispositivo electrónico mientras el recluso esté en libertad.
Asimismo, se establece que el destino de detención del reo deberá contar con un equipo compuesto por profesionales especializados en la asistencia de internos condenados por los delitos de abuso sexual y de abuso sexual seguido de muerte.
El senador del oficialismo Pedro Guastavino explicó que no se podía aprobar en la sesión de hoy la totalidad del proyecto porque se «encontró un grave error cometido, seguramente de manera involuntaria, por la Cámara de Diputados».
El legislador hizo mención al artículo en el que se debe limitar de los beneficios a los condenados por violar y luego matar, por lo que el proyecto será girado a la Cámara baja en segunda revisión.
La senadora del peronismo federal Sonia Escudero señaló que «no puede haber ningún tipo de beneficio» para los casos de violadores que han asesinado a su víctima.
«No hay consenso en ninguna parte del mundo sobre el hecho de que existan tratamientos exitosos para la recuperación de este tipo de delincuentes por delitos sexuales», consideró la legisladora.
Por su parte, el senador kirchnerista Aníbal Fernández dijo que «cuando se habla de garantismo, parecería que todos están embuidos en defender al condenado, que en la enorme mayoría de los casos son reincidentes».
Fernández también dijo que «la cosa parecería ser así: las pibas se pueden morir pero no estigmaticemos a quienes las matan».
«No necesitamos de estadísticas para saber a dónde estamos yendo. Lo que vamos a votar es muy importante, pero no es suficiente. Aunque estamos en el camino correcto», señaló.
El titular de la bancada del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, sostuvo que ante los «sujetos que violan y matan debemos generar instrumentos para tratar de cerrar la puerta y que la pena sea efectiva y la perpetua sea perpetua».
«Hay que revisar la formación de la policía, de los abogados, de los elementos para la investigación y la prevención de estos delitos tan sensibles», manifestó Pichetto, luego de ironizar que en el caso del crimen de Sofía Viale «parece que eran más inteligentes los perros que la propia policía» ya que el violador y asesino vivía a una cuadra y media del domicilio de la víctima.
A su turno, el jefe del bloque radical, Luis Naidenoff, sostuvo: «Hay que asumir nuestras responsabilidades y que cada poder asuma las suyas propias».
«Nosotros debemos asumir que se necesitó de un nuevo hecho que conmovió al país para desempolvar un proyecto que fue aprobado el año pasado por Diputados», en relación con el crimen de la joven chaqueña Tatiana Kolodziez, asesinada por Juan Ernesto Cabeza, un violador condenado a 24 años de prisión con libertad condicional. (Telam)
