Los misioneros que regresaron de Buenos Aires, donde eran esclavizados en una plantación de arándanos, no pudieron cobrar lo poco que recibieron en cheques.
Prueba. El cheque que debía cobrar un trabajador estaba sin fondos.
El calvario de los 27 misioneros que fueron rescatados de una plantación de arándanos en Buenos Aires, donde eran prácticamente esclavos, no terminó cuando llegaron a Misiones: ayer varios fueron a cobrar los cheques que recibieron -por montos mucho menores a los prometidos- y se encontraron con que la cuenta de la firma Berries Argentinos SA, no tenía fondos.
Llamativamente, la empresa no registra deudas con la AFIP ni cheques rebotados en el registro del Banco Central. También estima una facturación anual cercana a los cinco millones de pesos. Sin embargo, en San Andrés de Giles, Berries Argentinos SA tenía a más de 120 personas esclavizadas, de los cuales cerca de 40 eran misioneros. Entre el domingo y ayer desembarcaron en Oberá los que regresaron a la provincia, entre ellos un menor. Dos eran de Campo Ramón, otros dos de Eldorado y el resto de Oberá.
“Nos contaron que vino una persona de Oberá que ellos conocen y con la promesa de que iban a ganar entre 3.500 y 4.000 pesos por mes en el tiempo de la cosecha, los reclutaron”, contó Norma Sawicz, subsecretaria de Igualdad de Oportunidades, una de las funcionarias del ministerio de Derechos Humanos que trabajó en el operativo retorno y contención social.
Los cheques rebotados eran por montos muy inferiores a los 3.500 prometidos. En la quincena les pagaron 830 pesos, descontando “alojamiento y comida” -una ironía, ya que dormían en carpas y comían en el suelo.
Las víctimas relataron que levantaban la cosecha de arándanos por una remuneración de 200 pesos diarios, pero eran obligadas a llenar 16 cajas, objetivo que resultaba imposible de alcanzar pues apenas llegaban a cumplir la mitad de esa meta trabajando a destajo. Al término de cada jornada, un capataz pesaba la fruta levantada y arbitrariamente, decidía cuánto les pagaba.
Las personas explotadas refirieron que algunas de ellas ya habían realizado esta tarea para los mismos patrones en temporadas anteriores, pero que las condiciones habían empeorado notoriamente porque antes dormían en trailers y ahora, en carpas; que pasaban hambre y que no les permitían salir del establecimiento ni siquiera cuando alguna de ellas necesitaba atención médica.
Las víctimas entrevistadas refirieron que nunca firmaron ninguna documentación ni contrato de trabajo, aunque les entregaron recibos de sueldo al liquidarles la primera quincena.
“En todos los relatos se verificaron indicadores de trata de personas, ya que hubo reclutamiento, traslado, transporte y explotación en el lugar de destino”, explicó el ministro de Justicia, Julio Alak, que agregó: “Ninguna de las víctimas contaba con dinero y todas describieron condiciones infrahumanas de trabajo y alojamiento”.
El Ministerio de Derechos Humanos elaboró un listado con todos los datos de los misioneros que fueron esclavizados para girarlos al juez federal de Mercedes, Buenos Aires, Héctor Echave, para que se profundice la investigación sobre la empresa, de la que hasta ahora se desconocen sus propietarios.
