La decisión de recurrir a la oficina de los derechos del Mar de Hamburgo fue tomada por Cristina de Kirchner el martes pasado, luego de recibir datos desde la ONU sobre la imposibilidad de avanzar en una solución del conflicto vía conversaciones directas entre el secretario general del organismos, Ban KI-moon, y el presidente ghanés John DramaniMahama. El jefe de Estado ghanés habría dicho que su intención es terminar el proceso judicial interno en Ghana y que sea luego de este paso en que podría determinar algún tipo de gestión personal. Argentina se niega a este paso ya que no está dispuesta a negociar en un tribunal, menos en el del juez ghanés Richard AdjeiFrimpong (sospechado de aceitados vínculos con NML Elliot), a negociar en la misma mesa con el fondo buitre propiedad de Paul Singer.
Escribe Carlos Burgueño
Argentina dará en las próximas horas el paso más importante para llevar el caso de la Fragata Libertad ante las cortes internacionales. Por recomendación de las estructuras diplomáticas internas argentinas y los funcionarios de las Naciones Unidas, ONU, se intentará que la retención del buque sea tratada por el Tribunal de los Derechos del Mar de Hamburgo. Será en este ámbito donde finalmente Argentina llevará a Ghana para que libere la Fragata. Para esto, en horas llegará a este puerto Alemán, sede de esta Corte, Susana Ruiz Cerruti, la Consejera Legal del ministerio de Relaciones Exteriores, quién además, de aceptar el tribunal el caso (todo parece indicar que así será), será nuevamente la representante argentina en un caso clave en un ámbito legal internacional. Ruiz Cerruti fue la encargada, entre 2006 y 2010, de litigar contra Uruguay en la Corte Internacional de La Haya en el caso Botnia.
La decisión de recurrir a la oficina de los derechos del Mar de Hamburgo fue tomada por Cristina de Kirchner el martes pasado, luego de recibir datos desde la ONU sobre la imposibilidad de avanzar en una solución del conflicto vía conversaciones directas entre el secretario general del organismos, Ban KI-moon, y el presidente ghanés John DramaniMahama. El jefe de Estado ghanés habría dicho que su intención es terminar el proceso judicial interno en Ghana y que sea luego de este paso en que podría determinar algún tipo de gestión personal. Argentina se niega a este paso ya que no está dispuesta a negociar en un tribunal, menos en el del juez ghanés Richard AdjeiFrimpong (sospechado de aceitados vínculos con NML Elliot), a negociar en la misma mesa con el fondo buitre propiedad de Paul Singer.
En este marco, Argentina puede recurrir al tribunal de Hamburgo, y obligar a Ghana a acelerar los plazos internos y sentarse a negociar como estado en esa Corte. Luego, una vez aceptado el ámbito de discusión, los dos países se comprometen a aceptar el resultado de la mediación. Si Ghana no aceptara sentarse a negociar, desde Argentina no se descarta ninguna opción, incluyendo romper relaciones. La contra que tiene igualmente recurrir al tribunal de Hamburgo, es que se tratará de un proceso de largo plazo, que hasta puede demandar más de un año; plazo en que la Fragata Libertad permanecería en el puerto de Tema, Ghana.
La alternativa que ya quedó cerrada, es la alternativa que sea el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas donde se pueda denunciará a Ghana por violaciones reiteradas a los derechos humanos, tratados financieros internacionales y delitos financieros internacionales. Desde la propia oficina de Ki-moon se afirmó que esta posibilidad está cerrada, ya que el caso de la Libertad no altera la paz mundial.
Lo que se aplicaría en Hamburgo sería la eventual violación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CDM), considerada como la Constitución de los océanos. Este tratado fue aprobado el 30 de abril de 1982 en Nueva York y abierto a su firma por parte de los Estados en diciembre de ese año en Bahía Montego (Jamaica), en la 182ª sesión plenaria de la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Entró en vigor el 16 de noviembre de 1994, después de la 60ª ratificación (realizada por Guyana).
El tratado fue certificado inmediatamente tanto por la Argentina como por Ghana. El órgano de aplicación es el Tribunal Internacional de Hamburgo, Alemania, donde la Argentina podría apelar a dos tribunales particulares: la Sala de Controversias o la Sala de Procedimientos Sumarios. En el primero, operan los votos de los 21 miembros, y la intención argentina es que falle la liberación de la nave, aplicando el artículo 292 de la Convención, donde se habla de la «liberación de buques y sus tripulaciones (artículo 292 de la Convención)».
Según ese artículo, los buques de guerra y otros buques de Estado destinados a fines no comerciales están protegidos por inmunidad soberana y, en consecuencia, son libres de requisas y embargos. La Argentina también evalúa llegar a la Sala de Procedimientos Sumarios. En este caso, se buscará que esta Corte determine que la retención de la fragata viola derechos humanos y de navegación de manera visible, con lo cual merecería un tratamiento sumario (de rapidez extrema) para su liberación. Antes de cualquier presentación ante la Corte de Hamburgo, el Gobierno deberá hacer su planteo ante las Naciones Unidas, el procedimiento que hoy hará Timerman en la sede del organismo en Nueva York.
Desde la Argentina se acumulan datos para apoyar eventuales presentaciones judiciales contra Ghana para fundamentar el pedido de liberación de la nave. Ayer se pidieron al Ministerio de Economía de Hernán Lorenzino, algunos fallos del juez norteamericano Thomas Griessa sobre embestidas del fondo Elliot de Peter Singer. Se consideraba que podrían ser de utilidad dos decisiones del neoyorquino de los últimos tiempos, donde rechazaba pedidos del fondo buitre para embargar activos de la Argentina. El primero es de julio de 2010, donde Griessa descartó la posibilidad de tomar pagos en los préstamos garantizados del Gobierno argentino en una cuenta en EE.UU. en la Caja de Valores SA. Griessa afirmó que estos pagos son inembargables, argumentando que sería una situación similar a la de «cualquier activo» que tenga que ver con el funcionamiento del Gobierno argentino según la aplicación de la Ley de Inmunidades Soberanas.
Más cerca en el tiempo, en febrero de 2011, el propio Griessa falló a favor de la Argentina protegiendo una demanda que buscaba embargar fondos de Enarsa. En este caso, el rechazo hablaba sobre la imposibilidad de probar que esos fondos correspondían a dinero del Estado argentino. En la letra del fallo se aseguraba además que los activos particulares son inembargables, según la Ley de Inmunidades Soberanas. Son los mismos argumentos que en fallos originarios de Griessa (entre 2006 y 2009), protegieron las embajadas argentinas, sus pertenencias y activos, y cualquier bien mueble o inmueble por los cuales el país ejerza su rol de representación en el extranjero.
También la Argentina tiene en carpeta un último fallo de la Justicia Suiza, donde se consideraron inembargables los fondos del Banco Central depositados en el banco de Basilea, destinados a pagar dividendos y gastos corrientes argentinos.
LA recomendación de recurrir a los tribunales internacionales se basa en la interpretación de Convención de los Derechos del Mar de 1970. Tanto la Argentina como Ghana son parte de esta Convención, con lo que pueden recurrir al organismo. Cuenta con 21 miembros, comenzó a operar en 1994 y tiene experiencia en casos como la Libertad, ya que la mayoría de las solicitudes de intervención responde a reclamos de «liberación de buques y sus tripulaciones (artículo 292 de la Convención)». Según ese artículo, los buques de guerra y otros buques de Estado destinados a fines no comerciales están protegidos por inmunidad soberana y en consecuencia libres de requisas y embargos. Esta salida legalista tendría dos problemas para ser aplicada. La primera es temporal, ya que un caso ante este Tribunal podría demandar hasta un año de trámites, antes de una resolución final con el voto de los 21 integrantes. Sería difícil que el Tribunal acepte además un juicio sumario para este caso. La otra contraindicación es que ante el estrado el acusado sería el Gobierno ghanés, con el que la Argentina está en buenas relaciones y negociando una salida dentro del sistema judicial del país africano.
La Libertad está varada en el puerto desde el 2 de octubre, luego de haber decidido Frimpong hacer valer derechos del fondo Elliot de Singer por un reclamo de cobro de unos u$s 370 millones. De acuerdo con la posición argentina, la retención de la fragata constituye una violación a la Convención de Viena, ya que los navíos militares están protegidos por inmunidad diplomática; lo que no habría sido tenido en cuenta, obviamente, por Frimpong.
